Desastre ecológico de Celco en el santuario Río Cruces

Claudia Sepúlveda L., Acción por los Cisnes, Valdivia.

Pablo Villarroel V., Universidad Austral de Chile, Valdivia.

El Santuario de la Naturaleza del Río Cruces se encuentra al noreste de la ciudad de Valdivia, en la Región de los Ríos, y corresponde a un humedal de 6 mil hectáreas en el estuario de dicho río. Es un área protegida desde 1981 por el Estado de Chile y por la Convención Ramsar, que protege a los humedales de importancia mundial, como hábitat para aves acuáticas y aves migratorias.

1. El desastre del Santuario del Río Cruces y sus efectos.

Las primeras señales ecológicas del desastre del Santuario de la Naturaleza del Río Cruces en Valdivia, sur de Chile, comenzaron a ser notorias en mayo de 2004, a cuatro meses de la entrada en operación de la Planta de Celulosa Valdivia de la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A. (CELCO-ARAUCO). El humedal, parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y del Convenio de Ramsar, mostró cambios notorios: los cisnes de cuello negro (Cygnus melanocoryphus), especie migratoria vulnerable, que tenía en el Santuario la colonia más productiva y estable de Sudamérica, disminuyó desde 8 mil individuos en enero de 2004 a menos de 400 en mayo del mismo año. Además, su reproducción se detuvo y abandonaron el humedal para instalarse en sus afluentes periféricos. Poco más tarde, en julio de 2004, los cisnes comenzaron a abandonar masivamente el humedal.

Estas agudas señales de cambio ecológico, observables a simple vista, fueron registradas en las bitácoras de los guardadefaunas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), entidad encargada de la protección y vigilancia del Santuario. Al examinar la información sobre mortalidad de cisnes registrada en esas bitácoras, se observa que el número de cisnes muertos por causas desconocidas creció desde 13 el año 2003 a 87 el año 2004, lo que representa un aumento del 69%, estadísticamente significativo. La mortalidad por causas desconocidas durante el año 2004 se concentró en los sectores norte y centro del humedal, que es el que recibe el aporte directo de los efluentes de la planta de CELCO-ARAUCO, y cuya calidad del agua se ha degradado drásticamente, indicando un cambio abrupto en la estructura y función del humedal.

Tendencias similares ocurrieron el año 2005. Los guardafaunas advirtieron que la disminución de cisnes se relacionaba con la desaparición del luchecillo (Egeria densa), la planta acuática base de su dieta, y que mostraba señales evidentes de daño, como coloración oscura -en contraste con su característico color verde- y áreas necrosadas. Además, los guardafaunas observaron una drástica disminución del luchecillo en el Santuario y sus ríos tributarios.

Las bitácoras de los guardadefaunas también registraron una severa disminución de la reproducción: en el 2004 sólo se observaron eventos reproductivos de la temporada anterior, mientras que en 2005 hubo ausencia total de reproducción. En la temporada 1998-1999 se había registrado el máximo histórico de 753 nidos de cisnes en el Santuario, los que fluctuaron entre 561 y 585 nidos para el período 2001-2003. Considerando que cada pareja entregaba una producción promedio de 1,8 a 4,2 polluelos, la falla reproductiva ocurrida a partir del año 2004 representa un dramático cambio en la estructura poblacional del cisne de cuello negro. A diciembre de 2003 esta especie estaba clasificada como vulnerable en Chile. Estudios realizados durante el 2004 y 2005 han reportado deficiencias nutricionales significativas en cisnes vivos y daño subletal del hígado en cisnes muertos provenientes del humedal, lo que estaría directamente asociado a la presencia de metales pesados en su alimento, el luchecillo.

En 2008, de acuerdo a los informes de CONAF, quedaban unos 250 cisnes en el Santuario del Río Cruces y no se ha reportado recuperación de su actividad reproductiva.

El desastre también afectó a otras especies como las taguas (Fulica armillata), que junto a los cisnes constituían el 90% de la avifauna del humedal y que declinaron desde más de 10 mil individuos a sólo 162 en abril de 2008. El efecto sobre mamíferos acuáticos como huillín (Lutra provocax) y coipo (Myocastor coypus) –ambos endémicos y amenazados– no ha sido estudiado. En relación a impactos en peces, publicaciones recientes indican probables efectos crónicos por contaminación industrial en el Río Cruces, aunque la magnitud y las causas precisas aún no han sido determinadas.

La contaminación causada por la planta de celulosa de CELCO-ARAUCO modificó la calidad de las aguas del Río Cruces y del Santuario, generando aumentos significativos en los niveles de compuestos como AOX (Compuestos Orgánicos Adsorbibles), sulfatos, cloruros, manganeso, ácidos resínicos y aluminio, entre otros. En el caso de sulfatos, por ejemplo, su valor histórico promedio en el Río Cruces -hasta diciembre de 2003- era de 0,8 miligramos por litro, con un máximo de 1 miligramo por litro. De acuerdo a los monitoreos realizados por CELCO-ARAUCO aguas abajo de la descarga de su planta de celulosa, los sulfatos alcanzaron un máximo de 15 miligramos por litro en el Río Cruces en diciembre de 2004 -casi 20 veces el promedio histórico- y un promedio de 8,83 miligramos por litro durante el 2004. Este valor es 10 veces superior al promedio histórico. Una tendencia similar ocurre con los cloratos, cuyo valor histórico promedio en el Río Cruces, antes del 2004, era de 0,08 miligramos por litro, y que alcanzaron 6 miligramos por litro en abril de 2004, aguas abajo de CELCO-ARAUCO. Es decir, 7,5 veces su promedio histórico.

Estos niveles de contaminación han afectado la coloración de las aguas del humedal, que en lugar de su característico aspecto transparente y azul marino lucen hoy turbias y marrones, como un pantano. Junto a la drástica disminución de la avifauna, ello ha redundado en la desaparición del turismo fluvial hacia el Santuario, el destino de naturaleza más importante de Valdivia y que aportaba 250 empleos permanentes hasta el verano del 2004. Impactos similares han afectado al ecoturismo desarrollado por familias rurales y operadores especializados en avistamiento de aves, actividades que han dejado de operar en el Santuario.

Las aguas del Río Cruces y del Santuario se emplean en actividades agropecuarias por predios ribereños y en muchas comunidades se usan pozos para abastecer a la población, los que se conectan subterráneamente con el humedal. Por ello, la contaminación del Santuario representa un potencial riesgo para la salud humana. Consultores internacionales han destacado la posible presencia de dioxinas y furanos en el Santuario debido a la existencia de factores de riesgo, tales como la fabricación de dióxido de cloro en la planta de CELCO-ARAUCO, sin ningún control externo. Aunque a la fecha estos compuestos no han sido detectados, tampoco se han realizado monitoreos continuos que permitan descartar su presencia. No obstante la ausencia de información confiable al respecto, tanto la empresa CELCO-ARAUCO como las autoridades han afirmado que la industria “virtualmente no produce dioxinas”.

2. La evaluación ambiental de la planta de celulosa de CELCO-ARAUCO.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la planta de celulosa de CELCO-ARAUCO fue el primero en ser ingresado -en octubre de 1995 – a la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Décima Región (CONAMA X). CELCO-ARAUCO daba así cumplimiento voluntario a lo establecido en la Ley de Bases del Medio Ambiente, promulgada en abril de 1994.

El EIA, preparado por la propia empresa, estaba referido a una industria de celulosa tipo kraft, blanqueada con dióxido de cloro y con capacidad para producir 550 mil toneladas anuales. Los residuos industriales líquidos (RILES) se descargarían directamente al Río Cruces, 30 kilómetros aguas arriba del Santuario y 50 kilómetros aguas arriba de Valdivia, previo tratamiento secundario -es decir, físico y biológico.

Tres meses después, en enero de 1996, el Comité Técnico de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región (COREMA X) -entidad política encargada de resolver la evaluación ambiental- informó que el EIA presentaba “falencias metodológicas (..) e insuficiencias en el contenido de la Línea Base”. El Comité Técnico cuestionó que los muestreos del caudal y la condición ecológica del Río Cruces fueran incompletos -CELCO- ARAUCO sólo realizó una campaña de medición en el invierno, cuando el caudal es 30 veces mayor que en el verano-, además de la falta de datos sobre metales pesados en los RILES, y la débil evaluación de los impactos sobre las especies biológicas, la calidad de las aguas y el turismo. Considerando estas debilidades el Comité Técnico decidió no aprobar el EIA debido a que los antecedentes aportados eran “insuficientes para justificar que los aportes (industriales) no son peligrosos para el Santuario”.

No obstante estos reparos, y estando aún pendiente la evaluación ambiental del proyecto, en marzo de 1996 el entonces Presidente Eduardo Frei viajó a Valdivia a inaugurar la obras de la futura planta de celulosa. Dos meses más tarde la COREMA X aprobó el EIA sujeto a dos opciones: incorporar una fase de tratamiento terciario -es decir, químico- de los RILES, previa descarga al Río Cruces, o trasladar los RILES al mar. CELCO-ARAUCO informó que el costo del tratamiento terciario hacía inviable el proyecto y optó por la descarga al mar, en la localidad de Mehuín, originando uno de los conflictos ambientales más intensos de las últimas décadas en Chile.

Los habitantes de Mehuín, en su mayoría pescadores artesanales, sostuvieron que el SEIA operaría como un “mero blanqueo” de una decisión ya tomada. Por ello, se marginaron de las instancias de participación ciudadana e impidieron que CELCO-ARAUCO realizara las mediciones para el EIA del ducto bloqueando los accesos por tierra y mar. Imposibilitada de realizar mediciones, la empresa optó por modelar los impactos ambientales y en agosto de 1997 presentó un nuevo EIA que incluía el ducto de descarga al mar. El Comité Técnico rechazó este EIA por considerarlo deficitario en su evaluación de los impactos. Un año más tarde, en agosto de 1998, CELCO-ARAUCO decidió incorporar el tratamiento terciario de RILES, y descargar en el Río Cruces. En menos de tres meses la COREMA X aprobó esta opción sin que los reparos del Comité Técnico a la línea base del Santuario fueran subsanados.

De esta forma, el tratamiento terciario de los RILES fue presentada como la principal medida preventiva de impactos en el Santuario, tanto por las autoridades ambientales como por la empresa.

3. La condiciones ambientales de aprobación de la planta de celulosa de CELCO-ARAUCO.

La resolución de aprobación de la planta de CELCO-ARAUCO, incluyó condiciones ambientales que buscaban subsanar los vacíos de la línea base ambiental del Santuario. Dado que los antecedentes aportados por la empresa en su EIA no daban garantías de que no ocurrirían impactos significativos en el humedal, se consideró que un sistema de monitoreo permitiría detectar a tiempo cualquier cambio ecológico significativo.

Por ello, las principal condición exigida a CELCO-ARAUCO fue la realización de mediciones diarias, semanales y mensuales de la calidad de los RILES, y mediciones mensuales de la calidad de las aguas del Río y del Santuario. Para ello COREMA X exigió tres estaciones de medición en el Río Cruces localizadas aguas arriba de la descarga de la planta, y tres estaciones localizadas aguas abajo de la descarga -una en el Río y dos en el Santuario. Además, CELCO-ARAUCO debía estudiar semestralmente el comportamiento y características de las principales comunidades biológicas del Santuario y monitorear la bioacumulación de metales pesados en el luchecillo -“por su importancia para la avifauna del Santuario”-, en el huillín (o nutria de río), y en choritos de agua dulce (Diplodon spp.), así como mediciones mensuales y trimestrales de tóxicos en sedimentos, y bioensayos de la toxicidad de los RILES.

La mayoría de estas mediciones debían ser realizadas por CELCO-ARAUCO antes y durante la construcción de su industria. Una vez que la planta estuviera en funcionamiento, los informes de monitoreo de los RILES debían ser “entregados mensualmente a la CONAMA” por parte de CELCO-ARAUCO a fin de “establecer condiciones o medidas adicionales para evitar impactos sobre el Río Cruces” en caso que ello fuera necesario.

Bajo el supuesto de que estas condiciones se cumplirían, la resolución aseguraba que “el efluente no generará efecto perceptible alguno sobre el Santuario de la Naturaleza”. Aún así, la resolución consideraba que, como medida de emergencia, en caso que se detectara una falla en el sistema de tratamiento terciario de los RILES -la principal medida preventiva de impactos-, la planta de CELCO-ARAUCO debía detener su operación.

CELCO-ARAUCO apeló a las condiciones impuestas y logró que el Consejo de Ministros de CONAMA eliminara varias de ellas, como por ejemplo el monitoreo del luchecillo, que luego resultó ser la principal especie indicadora de los cambios ecológicos que ocurrieron en el humedal. Además, fueron eliminadas dos estaciones de medición antes de la descarga de CELCO-ARAUCO, una estación de monitoreo de sedimentos dentro del Santuario y el seguimiento de las comunidades biológicas antes de la construcción de la planta de celulosa.

4. Los incumplimientos de CELCO-ARAUCO.

Confirmando las denuncias ciudadanas, en noviembre de 2004 se conocieron los resultados de una auditoría contratada por CONAMA. Esta concluía que CELCO-ARAUCO había construido una planta industrial de al menos 685 mil toneladas al año -capacidad de producción muy superior a la autorizada-, había construido una laguna de derrames con el doble del tamaño aprobado y un ducto no declarado con descarga directa al Río Cruces. Al modificar sustantivamente el tamaño y diseño del proyecto en aspectos críticos, sin informar a las autoridades, ni someter los cambios a la evaluación ambiental, CELCO- ARAUCO había violado flagrantemente la ley ambiental de Chile.

Paralelamente, a fines del 2004 se conocieron nuevos incumplimientos de CELCO-ARAUCO detectados por los fiscalizadores. La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), por ejemplo, inició dos procesos de sanción contra la empresa por incumplimiento de las condiciones ambientales y de la norma de descargas industriales para parámetros como manganeso, arsénico, níquel y hierro soluble.

Los representantes de la SISS, la CONAMA y la Dirección General de Aguas (DGA) también detectaron que la empresa estaba empleando 70 litros por segundo de agua, de pozos no autorizados, para diluir los RILES antes de su descarga al Río Cruces. Con ello CELCO- ARAUCO estaba “maquillando” las concentraciones de contaminantes de sus RILES, simulando cumplir los niveles exigidos. COREMA X también confirmó, en base a cifras de producción entregadas por la propia empresa, que la planta de CELCO-ARAUCO había estado utilizando la capacidad de producción no autorizada, contrariamente a lo señalado por la empresa.

Descubierta esta acumulación de incumplimientos, COREMA X endureció las medidas en contra de CELCO-ARAUCO y en enero de 2005 resolvió el cierre temporal de la industria, imponiéndole nuevas condiciones de monitoreo y fiscalización. En la misma fecha CONAMA conoció por primera vez el análisis de los informes de monitoreo de CELCO- ARAUCO que confirmaron la ocurrencia de “eventos” de descargas tóxicas al Río Cruces y graves fallas en el sistema de tratamiento de RILES. No obstante, un mes más tarde, la planta de celulosa fue autorizada a reanudar su funcionamiento sin que ninguna medida preventiva o cambio en el proceso industrial fuera implementada.

5. El informe científico contratado por CONAMA.

En respuesta a la presión ciudadana, la CONAMA contrató en noviembre de 2004, un estudio a la Universidad Austral de Chile (UACH) para determinar las causas del desastre. El estudio, realizado por un equipo de 20 científicos, incluyó 40 campañas de terreno y sometió a prueba 15 hipótesis. Para ello, se emplearon los datos del monitoreo ambiental realizados por CELCO-ARAUCO, mediciones directas y pruebas de laboratorio.

Los primeros resultados parciales de la UACH, en diciembre de 2004, concluían que los cisnes habían muerto de hambre y que sus órganos tenían altas concentraciones de hierro y manganeso36. El segundo informe parcial concluyó que el luchecillo -principal alimento de los cisnes- había muerto recubierto por una costra de metales pesados, incluyendo hierro y manganeso, y que los sedimentos del Santuario mostraban un patrón de acumulación aguda de esos mismos metales a contar de marzo-abril de 2004, coincidiendo con el inicio de operaciónes de CELCO-ARAUCO37.

Finalmente, el 18 de abril de 2004 la UACH entregó su informe final concluyendo que los contaminantes aportados por CELCO-ARAUCO “bastaban” para explicar el desastre.

Los principales hallazgos del estudio fueron que los cisnes y otras aves herbívoras murieron por inanición o migraron del humedal debido a la desaparición de 2 mil hectáreas de luchecillo. Una causa concurrente fue la intoxicación de la avifauna por altas concentraciones de hierro y manganeso en hígados y riñones, y destrucción de células cerebrales. El estudio establecía que la hidrodinámica del Santuario, por ser el humedal parte de un estuario sujeto a mareas, explicaba el patrón de acumulación de metales pesados en aguas y sedimentos. También determinó que las descargas de CELCO-ARAUCO representaban el 92% de todas las descargas industriales al Río Cruces. Finalmente, ratificó que la planta había descargado grandes cantidades de compuestos no autorizados en el permiso ambiental de CONAMA X, tales como aluminio, sulfatos, cloruros y manganeso. La “hipótesis industrial” de la UACH sostuvo que el origen de los sulfatos y el aluminio era la sobredosificación de sulfato de aluminio en el tratamiento terciario de los RILES.

CELCO-ARAUCO negó estar descargando ilegalmente al Río Cruces los compuestos detectados por la UACH. Sin embargo, a esa fecha tanto la empresa como la CONAMA X habían sido notificadas por la SISS sobre mediciones, que en diciembre de 2004 detectaron 470 kilos diarios de aluminio y 60 toneladas de sulfatos medidos directamente en los RILES de la planta. Estos datos son consistentes con las estimaciones del estudio de la UACH y dejaron al descubierto los intentos de desinformación realizados por la empresa.

A pesar del tiempo transcurrido, la CONAMA aún no se pronuncia sobre las conclusiones del estudio de la UACH y sus implicancias en el ambiente y la salud humana.

El mismo día que la UACH entregó su informe final la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió por unanimidad el Recurso de Protección presentado por los ciudadanos, y ordenó a CELCO-ARAUCO realizar un nuevo EIA para los cambios no autorizados ambientalmente, en particular para el aumento en la capacidad de producción de la celulosa.

6. Las críticas al estudio de la Universidad Austral de Chile.

Las principales críticas al estudio de la UACH han apuntado a poner en duda su capacidad de concluir, de modo irrefutable, la relación causal entre las descargas de CELCO-ARAUCO y el desastre del Santuario. Ello ha dado pie a que se levanten explicaciones alternativas de lo ocurrido en el humedal. Una de estas hipótesis fue aportada por Ramírez, quien responsabilizó a la radiación ultravioleta de la muerte del luchecillo. Pero la hipótesis de Ramírez se contradice con la presencia de luchecillo en zonas cercanas al humedal pero no expuestas a los RILES de CELCO. Además fue refutada experimentalmente por Palma etal. (2008:391-393) quienes expusieron al luchecillo a distintos niveles de radiación solar y a distintas concentraciones de RILES de CELCO. El experimento de Palma -conocido como “mesocosmos” y financiado por CELCO-ARAUCO- concluyó que no existía diferencia significativa entre las plantas de luchecillo expuestas y no expuestas a la radiación. A la vez, detectó que el luchecillo crecía a mayores tasas en concentraciones más altas de los RILES de CELCO-ARAUCO. Sin embargo, el estudio no aportó ninguna explicación sobre las causas de los cambios ecológicos ocurridos en el Santuario.

Otra hipótesis fue presentada por Marín et al. (2008: 58-78), quienes propusieron como causa de muerte del luchecillo la co-ocurrencia de eventos de bajas temperaturas y bajos caudales en el Río Cruces, durante el otoño de 2004. El análisis de registros climáticos históricos demuestran, sin embargo, que en tal año no ocurrió ningún evento extremo del tipo hipotetizado por Marín; y pruebas de laboratorio permitieron comprobar que el luchecillo resiste temperaturas más bajas que las registradas durante el 2004.

Ninguna de estas hipótesis ha tenido en cuenta los datos históricos de monitoreo ambiental aportados por CELCO-ARAUCO y por los organismos públicos responsables de su fiscalización.

7. La presión de CELCO-ARAUCO y la respuesta de las autoridades.

La primera reacción de las autoridades ante el desastre fue sostener que si la responsabilidad de CELCO-ARAUCO se confirmaba se “aplicaría el máximo rigor de la ley”, incluyendo la revocación del permiso ambiental. Sin embargo, esta postura se flexibilizó a medida que se fue conociendo la gravedad del desastre y los incumplimientos de CELCO; junto con ello aumentó también la presión política ejercida por la empresa para llegar a una solución “razonable”, que no significara el cierre de la planta. La principal medida preventiva implementada -el cierre preventivo de la planta de celulosa ordenado por COREMA X en enero de 2005- causó una profunda inquietud en la empresa, y dio paso a un fuerte movimiento de defensa corporativa protagonizado por los trabajadores directos y subcontratados de CELCO-ARAUCO, tanto de Valdivia como de otras regiones. Este movimiento de apoyo a la empresa fue liderado por los dueños de las empresas contratistas asociadas a CELCO-ARAUCO, principalmente del sector transporte.

Las movilizaciones a favor de la empresa alcanzaron su mayor intensidad en abril de 2005, luego de conocerse el informe final de la UACH que responsabilizaba a CELCO-ARAUCO del desastre. Las movilizaciones alcanzaron una intensidad tal que causaron temor en los valdivianos producto de la invasión de centenares de camiones de transporte transitando por el centro de la ciudad, junto a marchas de cientos de trabajadores haciendo funcionar sus motosierras. Fue en este clima que las autoridades resolvieron las medidas a tomar, a partir de las conclusiones del informe de la UACH.

La COREMA X tardó casi dos meses en resolver a partir del estudio científico contratado por la CONAMA. Fue así que en junio de 2005 la COREMA X optó por autorizar a CELCO- ARAUCO a que continuara vertiendo al Río Cruces cargas diarias de aluminio, sulfatos y cloruros -algunos de los compuestos vinculados directamente con el desastre por la UACH- equivalentes a las que la planta de celulosa había descargado durante los días peak de producción del año 2004, cuando los informes de monitoreo registraron graves fallas en el sistema de tratamiento de los RILES. Con ello la COREMA X modificó la resolución ambiental con que aprobó la planta de CELCO-ARAUCO en 1998, revocando su espíritu preventivo al autorizar la descarga de los mismos compuestos considerados por la UACH como la “llave” del desastre. Pero lo más grave, dado que se trataba de compuestos que CELCO no había declarado que vertería al Río Cruces en su EIA y que, por tanto, no habían sido evaluados ambientalmente, no contaban con el permiso legal requerido para su descarga al Río Cruces. Por ello, al autorizar su descarga por medio de una resolución administrativa, y sin exigir la evaluación de impacto ambiental que la ley estipula sin excepciones para la obtención de un permiso ambiental, la COREMA X vulneró gravemente las mismas leyes que estaba encargada de hacer cumplir.

Lo anterior adquiere mayor relevancia al considerar que los servicios públicos que integraban el Comité Operativo de Fiscalización (COF) de la Planta Valdivia habían recomendado en abril de 2005 -una vez que conocieron el informe final de la UACH- que CELCO-ARAUCO debía suspender la descarga de los compuestos no autorizados mientras sus efectos no fueran evaluados en un nuevo EIA. En la práctica ello significaba que la planta debía detener su operación mientras no se realizara una nueva evaluación ambiental. Esta recomendación era homóloga en sus efectos al fallo ordenado pocos días antes por la Corte de Justicia de Valdivia.

CELCO-ARAUCO apeló a la resolución de la COREMA X argumentando que los niveles de descarga autorizados administrativamente para los compuestos no evaluados eran demasiado exigentes. Junto a ello autoparalizó su industria, lo que detonó una fuerte crisis política al interior de la empresa, además de nuevas presiones del sector empresarial y de los trabajadores que vieron amenazadas sus fuentes de empleo. Finalmente, el 22 de julio de 2005 la COREMA X dictó una nueva resolución administrativa en que aumentaba las cargas diarias máximas que CELCO-ARAUCO podía descargar al Río Cruces para aluminio (de 60 a 120 kilos diarios), sulfatos (de 40 a 60 toneladas diarias) y cloruro (de 24 a 30 toneladas diarias). De forma coincidente, pocos días más tarde la Corte Suprema revocó el falló de la Corte de Valdivia dejando sin efecto la exigencia de una evaluación ambiental de los cambios significativos y no autorizados del proceso de producción.

Junto con el permiso ilegal para aumentar las descargas contaminantes de CELCO-ARAUCO, la COREMA X le exigió a la empresa presentar el EIA de una descarga alternativa al Río Cruces además de reducir su producción en un 20% en tanto tal descarga no se implementara. El plazo para la presentación de la descarga alternativa fue ampliado varias veces fijándose finalmente para abril de 2009, fecha en la que CELCO-ARAUCO presentó el EIA de un ducto que pretende instalar en la localidad costera de Mehuín, al norte de Valdivia. Se trata de la misma localización que en 1996 detonó uno de los conflictos ambientales más intensos de las últimas décadas en Chile, protagonizado por organizaciones de pescadores. Para quebrar esta oposición histórica la empresa ha implementado una cuestionable estrategia de intervención y cooptación, con enormes costos sociales, como se verá más adelante.

En relación a la reducción del 20% de la producción de CELCO-ARAUCO, dicha medida fue revocada en enero de 2008 a solicitud de la empresa, sin que se verificara ningún mejoramiento de las condiciones ecológicas del humedal. Más aún, la revocación debía tener en cuenta el cumplimiento de las demás medidas ordenadas por COREMA X, incluyendo la de determinar el origen de los sulfatos en el Río Cruces. El respectivo informe de auditoría, preparado por la consultora Knight Piesold, concluyó que el 93,3% de los sulfatos del Río Cruces provenían de la planta de CELCO-ARAUCO.

Además de las acciones administrativas de COREMA X en relación a la operación de la planta de celulosa, las autoridades han anunciado varias otras medidas tendientes a lograr la recuperación del Santuario. Entre ellas, la dictación de una norma de calidad secundaria para el Río Cruces, la incorporación del Santuario al Sistema Nacional de Áreas Protegidas bajo la categoría de Reserva Nacional y la implementación de un Programa de Gestión Integral (PIG) para la recuperación del humedal, a cargo de CONAF.

En relación a la norma secundaria, la CONAMA propuso a mediados del 2006 una norma secundaria que permitía aumentos de hasta 10 veces los niveles históricos de parámetros como sulfatos, aluminio y cloruros en el Río Cruces, además de excluir al Santuario del área normada. Aún se desconocen las respuestas de las autoridades a estas observaciones y la norma no registra ningún otro avance. Por su parte, CONAF publicó una propuesta de implementación del PIG para la recuperación del Santuario en agosto de 2006, donde reconoce expresamente que no podrá haber una mejoría del ecosistema en tanto la empresa continúe descargando sus RILES al Río Cruces. Salvo un estudio de percepción de los actores involucrados, ninguna de las medidas contempladas en el PIG han sido implementadas. Tampoco se registran avance en la declaración del Santuario como Reserva Nacional. Estos nulos avances contrastan dramáticamente con los compromisos que asumió el gobierno de Chile a mediados del 2006, cuando aceptó ingresar el Santuario al listado de humedales amenazados de la Convención Ramsar, como lo habían demandado los ciudadanos durante dos años.

8. La intervención de CELCO en Mehuín.

La desprotección y vulneración de derechos vividos por los ciudadanos afectados por el desastre del Santuario del Río Cruces, se ha visto gravemente exacerbada a consecuencia de la estrategia usada por CELCO-ARAUCO para romper con la resistencia histórica de los habitantes de Mehuín que se oponen a la instalación del ducto de descarga de RILES de la celulosa al mar. El origen más reciente del intento de CELCO-ARAUCO de llevar su descarga contaminante a Mehuín, se encuentra en las declaraciones realizadas por el entonces Presidente Ricardo Lagos, en agosto de 2005, cuando dijo que la alternativa al Río Cruces ordenada por la COREMA X no podía ser otra que una descarga al mar. Poco después, CELCO-ARAUCO confirmó que sus planes eran insistir en Mehuín para localizar su ducto al mar.

En respuesta a ello, los habitantes de la costa reactivaron su rechazo al ducto de CELCO- ARAUCO a través de la misma estrategia implementada entre 1996 y 1998 bajo la conducción del Comité de Defensa del Mar, cuando la empresa intentó por primera vez llevar su descarga de RILES a Mehuín: impedir la realización de estudios del ecosistema marino que la empresa debía obligatoriamente realizar para solicitar a COREMA la aprobación del respectivo EIA. El sistema de vigilancia implementado por los habitantes de Mehuín permitió detectar cada intento de CELCO y de sus empresas consultoras por realizar mediciones en la Bahía de Mehuín, activando la salida de embarcaciones para impedir las operaciones. Tan efectiva fue esta estrategia, que en agosto de 1998 la COREMA rechazó el EIA del ducto presentado por CELCO-ARAUCO debido a graves deficiencias en la línea base del ecosistema marino. Como consecuencia, la empresa debió retornar su punto de descarga original, en el Río Cruces.

En agosto de 2006, un año después del respaldo del Presidente Lagos a la descarga de CELCO-ARAUCO al mar, la empresa contrató tres busques de la Armada para custodiar a las embarcaciones a cargo de realizar las mediciones para el nuevo EIA del ducto. Los pescadores intentaron impedir la toma de muestras, pero fueron perseguidos por las naves militares. Un video confirmó disparos en contra de los pescadores por parte de los funcionarios de la Armada. Este episodio marcó de forma dramática el inicio de una agresiva estrategia de la empresa destinada a quebrar la oposición de las comunidades costeras.

El hito principal de esta nueva estrategia fue la inédita oferta de CELCO-ARAUCO a los pescadores que decidieran respaldar el ducto: la firma de millonarios contratos, denominados “Convenios de Colaboración Recíproca”, que obligan a facilitar las mediciones para el EIA del ducto y apoyar su posterior construcción. El primer pago bordeó los 4 millones y medio de pesos (US$ 8 mil 500). Los pagos subsiguientes quedaron supeditados a la aprobación del EIA y la construcción del ducto. Se trata de compensaciones monetarias que están al margen de los mecanismos legales contemplados en el SEIA. Pero lo más grave es que los contratos obligan a los afectados a renunciar a sus derechos básicos, en la medida que les prohíbe accionar frente a posibles riesgos ecológicos o sobre su salud que los pudieran perjudicar en el futuro.

A través de estos contratos la empresa ha ejercido una inusitada presión sobre las organizaciones que se opusieron históricamente al ducto, extorsionando y hostigando a los detractores y generando conflictos y divisiones muchas veces irreparables en la comunidad local. En octubre de 2007 CELCO-ARAUCO consiguió la firma del presidente del Sindicato Número 3 de Pescadores Independientes de Mehuín, Joaquín Vargas, un histórico opositor al ducto. Le siguieron varios cientos de contratos con pescadores del mismo y de otros sindicatos, y también de habitantes de Mehuín. Se estima que el costo total de estos pagos “compensatorios” hasta antes de la presentación del EIA del ducto bordeaba los 10 millones de dólares.

Estos mecanismos -inéditos en Chile- han operado con el respaldo explícito de las autoridades. El Intendente Iván Flores, de la nueva Región de los Ríos, declaró al respecto que “lo que una empresa privada acuerde con otros privados está en el ámbito de lo privado y el Gobierno y el Estado no pueden intervenir”. Producto de la tensión y divisiones resultantes de los pagos de CELCO-ARAUCO se han generado en las comunidades costeras, desde 2007, numerosos episodios de violencia en el sector, varios de los cuales han terminado en procesos judiciales. Las autoridades han respondido con una verdadera militarización de la zona, por medio de vigilancia permanente de fuerzas policiales especiales, parte de la cual ha sido instalada en la escuela de Mississippi, localidad huilliche emplazada inmediatamente al sur de Mehuín, y hacia la cual se ha desplazado el foco de la oposición al ducto. Esta suerte de estado de sitio policial, que se ha prolongado durante años, ha sido funcional a la estrategia de CELCO-ARAUCO en la medida que aumenta la vigilancia de quienes se oponen al ducto y se perpetúa un ambiente de hostilidad y represión en su contra.

9. La respuesta ciudadana al desastre.

Las señales ecológicas del desastre ambiental en el Santuario del Río Cruces no sólo fueron evidentes a simple vista a partir de mayo de 2004 -a sólo 4 meses del inicio de operaciones de la planta de CELCO-ARAUCO- sino también quedaron registradas en las bitácoras de los guardafaunas de CONAF, como ya se describió. Consistentemente, los primeros informes de monitoreo ambiental entregados por CELCO-ARAUCO a CONAMA X confirmaron graves incumplimientos de las condiciones ambientales de aprobación de la planta; en especial la descarga de residuos no tratados al Río Cruces. Sin embargo, ninguno de estos indicadores fueron suficientes para activar medidas preventivas o de mitigación por parte de los organismos encargados de proteger el Santuario y monitorear los impactos de CELCO- ARAUCO, según obligaba la resolución que aprobó el proyecto.

Quienes sí iniciaron acciones, alarmados por lo que ocurría, fueron los valdivianos. Varios científicos, veterinarios locales y dirigentes sociales organizaron a fines de octubre de 2004 una navegación al humedal con el propósito de denunciar públicamente el desastre. Para ello invitaron a autoridades, medios de prensa y canales de televisión. Producto de esta visita la muerte y migración masiva de cisnes ocupó los titulares de los principales diarios y noticiarios nacionales.

Las imágenes de los cisnes de cuello negro muertos, exhibidos por la televisión, conmovieron a los valdivianos. La primera respuesta provino de los niños, que marcharon convocados por los jardines infantiles y escuelas de la ciudad portando carteles y consignas para salvar a los cisnes. Simultáneamente, se constituyó la agrupación ciudadana Acción por los Cisnes, que en poco tiempo se convirtió en uno de los movimientos ciudadanos más vitales de los últimos años en Chile.

Acción por los Cisnes operó con varios liderazgos naturales y vocerías basadas en las capacidades técnicas y políticas de sus miembros, y en una orgánica de red que agrupó a otras organizaciones que respaldaron sus demandas. Así, ocuparon un papel activo en el movimiento actores como el gremio médico, organizaciones vecinales, asociaciones de empresarios fluviales, comunidades agrícolas e indígenas vecinas al Santuario y una amplia red de microempresarios y operadores de los sectores del turismo y la cultura. Sin embargo, el perfil predominante del movimiento fue el de simples ciudadanos sensibles al desastre, sin pertenencia organizacional, incluyendo trabajadores, empleados del sector público y privado, profesionales, académicos universitarios, miembros de comunidades religiosas, jubilados, estudiantes y dueñas de casa.

La estrategia de Acción por los Cisnes combinó la elaboración de informes técnicos destinados a autoridades, legisladores, organismos públicos, medios de comunicación y foros internacionales56, junto con el seguimiento directo de las condiciones de aprobación de la planta de CELCO-ARAUCO y de la aplicación del marco legal vigente. A ello se agregó la interlocución permanente con autoridades sectoriales y políticas, así como con los servicios públicos competentes, además de acciones legales y administrativas, articulación con otros actores locales y nacionales, edición de documentales de denuncia y difusión, educación a diversos estamentos de la comunidad local (estudiantes de colegios y liceos, profesores, médicos, organizaciones vecinales, ciudadanas y ambientales) y una campaña comunicacional permanente a través de un sitio web, declaraciones y conferencias de prensa, volantes, folletos y afiches.

Complementariamente, Acción por los Cisnes realizó una sostenida denuncia pública del desastre y de las responsabilidades atribuibles tanto a CELCO-ARAUCO como a las autoridades, a través de varias marchas ciudadanas que están entre las más masivas ocurridas en Valdivia y en Chile, así como a través de la organización de decenas de eventos, tales como cabildos, convenciones ciudadanas, caravanas fluviales al Santuario, exhibiciones de cine y recitales artísticos, entre otros.

Los ciudadanos así organizados pidieron la aplicación del “principio precautorio” -contemplado en varios acuerdos ambientales multilaterales de Naciones Unidas suscritos por Chile- al sostener que mientras no se descartara que la planta de celulosa estaba causalmente relacionada con el desastre, lo que científica y administrativamente correspondía era suspender la autorización ambiental para su operación. Basaron su demanda en la constatación de los numerosos incumplimientos de CELCO-ARAUCO de las condiciones ambientales para la operación de su planta, incluyendo la construcción de una unidad productiva distinta de la evaluada. A ello se agregaba que los informes de monitoreo elaborados por la propia empresa confirmaban eventos de descargas tóxicas al Río Cruces y la superación de los niveles máximos permitidos para varios parámetros en los RILES.

Acción por los Cisnes trabajó durante meses para demostrar la magnitud de la catástrofe y contribuir a establecer sus causas. Para ello, los ciudadanos llevaron a sobrevolar el Santuario a funcionarios públicos, consultores contratados por CONAMA y otros expertos, debiendo incluso realizar por su cuenta, en enero de 2005, un censo aerofotográfico que permitiera medir con precisión la disminución poblacional de los cisnes, hasta entonces negada por las autoridades. Los resultados de dicho censo fueron ratificados en febrero de 2005 cuando las cifras oficiales informaron la presencia de sólo 289 cisnes en el Santuario.

En definitiva, el movimiento ciudadano orientó sus esfuerzos a colaborar con las autoridades, buscando crear en ellas conciencia sobre la magnitud del desastre y sus riesgos, con el fin de que las leyes se aplicaran y las instituciones funcionaran correctamente.

10. Trizadura institucional y retroceso democrático.

El desastre del Santuario del Río Cruces marcó un hito en la historia ambiental de Chile obligando a un crudo balance de las instituciones ambientales que finalmente condujo al proyecto de reforma ambiental recién promulgada en enero de 2010. Actores de las más diversas posturas políticas apelaron a este caso para fundamentar la necesidad de tal reforma.

Diversos factores confluyeron para que el desastre del Río Cruces se convirtiera en este punto de quiebre histórico. Por un lado, una ley de medio ambiente que cumplía una década desde su promulgación, acumulando balances insatisfactorios y promesas de reforma incumplidas. Por otra parte, un área protegida y una especie emblemática conectadas de modo particular con la historia y la identidad de Valdivia, junto con una comunidad especialmente sensible hacia la calidad ambiental de su entorno. Pero el factor clave para comprender la magnitud del impacto social que logró el caso del Río Cruces es el grado de resonancia -política y cultural, pero especialmente mediática- alcanzado por el movimiento ciudadano local.

Los valdivianos representan hoy en Chile a un nuevo tipo de ciudadanos, que no están dispuestos a pagar los costos -ambientales, económicos y a la salud- de decisiones mal tomadas. Se trata de ciudadanos con un nivel de conciencia ambiental y competencias técnicas que muchas veces superan a las de los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir las leyes ambientales. Estos ciudadanos constituyen un segmento de la población que no se conforma con las metas de crecimiento económico y empleo establecidas como prioritarias por las autoridades, sino que anhelan un futuro sustentable y están dispuestos a accionar para corregir el deficiente desempeño de las leyes e instituciones. Si hubiese que resumir la posición de los ciudadanos de Valdivia en este caso, ella no ha sido otra que exigir una rigurosa aplicación de la ley ambiental a través de todas las instancias legales, administrativas y de presión social disponibles.

Pero con su accionar las autoridades demostraron no haber sido capaces de estar a la altura de lo que esta participación ciudadana implicaba, tanto en términos de fiscalización en la aplicación de las leyes, como en términos de control democrático de la toma de decisiones. Las autoridades locales actuaron de modo negligente al no cautelar el principio precautivo que es la base de la institucionalidad ambiental Chilena: los resultados de los informes trimestrales de monitoreo entregados por CELCO-ARAUCO a CONAMA, a partir de junio de 2004, pudieron haber permitido detectar a tiempo los impactos en el Santuario y tomar medidas para mitigarlos que estaban contempladas en la propia autorización ambiental de la celulosa, como la de suspender su operación si el sistema de tratamiento terciario de los RILES fallaba. Pero los servicios públicos locales no sólo fueron incapaces de interpretar los resultados de los informes de monitoreo ambiental realizados por CELCO- ARAUCO. Tampoco fueron capaces de dar cumplimiento a las condiciones ambientales que ellos mismos establecieron, como ocurrió por ejemplo con el análisis de la toxicidad de los RILES de CELCO-ARAUCO que la empresa debió realizar desde el inicio de las operaciones de su planta, pero que sólo se ejecutó parcialmente durante el 2006 y 2007, persistiendo hasta la fecha grandes interrogantes sobre la relación entre las descargas de la celulosa y las señales de daño crónico observadas en los peces del Río Cruces.

Por su parte, las autoridades nacionales instrumentalizaron políticamente las decisiones del SEIA de forma reiterada. La intervención del Presidente Frei obligó a aprobar el EIA en contra del rechazo técnico de los servicios encargados de evaluarlo ambientalmente64. Más adelante, la intervención del Presidente Lagos logró que CELCO-ARAUCO fuera autorizada a seguir descargando compuestos no evaluados ambientalmente, según lo exige la ley chilena, en contra de la opinión de los servicios públicos competentes65. Y más recientemente, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, sucesivas postergaciones de los plazos dados a CELCO-ARAUCO para presentar el EIA de una descarga alternativa al Río Cruces, así como la revocación de la reducción en un 20% de su producción -además de los nulos avances en las medidas de recuperación del humedal-, demuestran que los criterios políticos siguen primando por sobre los argumentos técnicos y el sentido preventivo de la ley ambiental. Con este tipo de intervenciones políticas las autoridades nacionales han impuesto sus propios criterios y prioridades centralistas a través de representantes designados que presiden e integran las COREMAs. Con ello han vulnerando los derechos de una parte significativa de los habitantes de Valdivia, generando incertidumbre sobre la imparcialidad y el rol fiscalizador del Estado.

Pero el efecto más perjudicial de esta conducta es haber puesto en entredicho la garantía de que las autoridades actuarán con apego a las leyes, sin importar a quién deban exigirlas. Según lo comprendieron tempranamente los pescadores de Mehuín, las decisiones tomadas en el marco del SEIA han terminado siendo en este caso un “mero blanqueo de inversiones ya aprobadas”. Como resultado, el potencial democratizador del movimiento ciudadano de Valdivia -que fundamentó su postura en argumentos técnicos y lideró algunas de las movilizaciones más masivas de los últimos años en Chile, inspirando la actual reforma ambiental- se encuentra amenazado, lo mismo que el Santuario, debido a la manipulación que las propias autoridades han hecho de las instituciones y leyes ambientales. Con ello, la participación ciudadana terminó peligrosamente convertida en fuente de frustración y resentimiento. Un destino injusto para una ciudadanía que aprendió a actuar con sentido de responsabilidad sobre su territorio y su futuro.

11. Epílogo: situación actual.

Durante 2007 y 2008 se hallaron nuevos cisnes muertos con señales de desnutrición y altos contenidos de metales pesados. Estudios recientes de la UACH muestran que la contaminación en el Santuario se mantiene en niveles similares a los del año 2004 y que la concentración de metales pesados hallados en los órganos de los cisnes muertos durante el 2007 incluso superan a los de cisnes encontrados durante los años 2004 y 2005, cuando comenzó el desastre. Por su parte, el Santuario no muestra señales de recuperación y los experimentos con luchecillo concluyen que esta especie no es capaz de tolerar las condiciones actuales del humedal.

Los censos realizados por CONAF desde 2006 muestran una disminución sostenida de la población de cisnes en el Santuario. Si en abril de 2003 el número de cisnes registrados en el Santuario era de 6 mil 364, y dos años después la cifra había disminuido a 866, en abril de 2007 se registraron 616 cisnes, en abril de 2008 se contabilizaron 352 cisnes, y en abril de 2009 el número total de cisnes era de 90 en la zona del Santuario del Río Cruces.

Actualmente el Ministerio Público investiga responsabilidades penales vinculadas al origen del desastre a través de una causa iniciada a fines del 2004 y el Consejo de Defensa del Estado lleva a cabo una acción por reparación de daño ambiental en contra de CELCO- ARAUCO iniciada a mediados de 2005. Ambos procesos han mostrado avances lentos, entre otras razones, porque la legislación chilena no reconoce la figura de delito ambiental.

Complementariamente, dos fallos de los tribunales de justicia dictaminados durante 2009 han obligado a CELCO-ARAUCO a pagar multas cursadas durante los años 2004 y 2005 por distintos servicios públicos. Es así que en enero de 2009 la Corte Suprema ratificó la condena a la empresa por infracciones a normas sanitarias cursadas por el Servicio de Salud de Valdivia a mediados de 2004, en relación a la emisión de gases sulfurosos, ordenándole pagar 7 millones y medio de pesos (US$ 13,900). Por otra parte, en julio de 2009 la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las multas aplicadas a CELCO-ARAUCO por la SISS debido a infracciones legales de los límites máximos de fósforo, arsénico, plomo y níquel, entre otros minerales, presentes en las descargas vertidas al Río Cruces en los años 2004 y 2005.

La única medida parcial de mitigación de impactos en el Santuario -la reducción de un 20% de la producción de la planta de CELCO-ARAUCO- fue levantada por la COREMA XIV -de la nueva Región de los Ríos, a la que pertenece Valdivia- en enero de 2008. Ninguna medida de reparación del desastre ha sido implementada o está en vías de serlo a la fecha. Más aún, en junio de 2009 la empresa solicitó a la COREMA XIV aumentar en otro 20% su producción, es decir, en 110 mil toneladas anuales, sin evaluación ambiental. Las presiones ciudadanas lograron que la COREMA XIV exigiera a CELCO-ARAUCO ingresar dicha solicitud de aumento de producción al SEIA, pero la empresa ha anunciado que sólo lo hará a través de una Declaración de Impacto Ambiental, es decir, sin una evaluación de los posibles impactos.

Mientras tanto, las autoridades evalúan el EIA del ducto al mar presentado por CELCO- ARAUCO en abril del 2009 para trasladar sus descargas de RILES desde el Río Cruces a la localidad de Mehuín. El estudio ha recibido numerosas críticas de parte de las comunidades afectadas, expertos y servicios públicos, en especial debido a la cuestionable calidad de las mediciones del ambiente marino supuestamente realizadas en la costa de Mehuín.