Alto Bío-Bío: el robo del alma

Por Juan Pablo Orrego, publicado en el Blog de Cooperativa, el 19 de julio de 2012.

Con una campaña ciudadana sin precedentes hasta entonces, un colectivo de personas y organizaciones luchamos durante 12 años para detener la construcción del mega-proyecto hidroeléctrico de Endesa en el Alto Biobío. Era la primera vez que se cuestionaba en Chile el interesado paradigma de la bondad absoluta de las grandes centrales hidroeléctricas.

Sin embargo, en los albores de la década de los ’90, y a pesar de esta falta de precedentes y antecedentes sobre el tema a nivel nacional, tuvimos la certeza que la ‘serie hidráulica’ proyectada por los ingenieros de Endesa era un proyecto tan descabellado y destructivo como lo es hoy, HidroAysén.

Endesa proyectaba represar los 180 kilómetros del Alto Bío-Bío con 6 centrales de embalse.¡Olímpico! Sin considerar absolutamente ningún costo, o ‘externalidad’, total estas las pagan ‘los otros’. El río Bío-Bío tiene un recorrido total de 380 kilómetros desde su nacimiento en las lagunas de Icalma y Galletué en la 9ª Región, desembocando finalmente en el Golfo de Arauco en la 8a.

Gracias a la campaña en contra, Endesa solo pudo construir las dos primeras centrales de la serie proyectada –Pangue y Ralco-, inundando 4.000 hectáreas de la cuenca, y literalmente destruyendo 70 kilómetros del valle entre los dos embalses y el tramo de río totalmente alterado entre el muro de Ralco, aguas arriba, y la cola del embalse de Pangue.

Es importante recordar que la campaña ciudadana enfrentó desde 1990 a 1997 a Endesa-Chile, ya privatizada (robada en 1989, último año de la dictadura), y desde 1997 en adelante a Endesa-España, después que esta adquiriera el consorcio Enersis, que incluía a Endesa, Chilectra y Transelec.

Tanto la así llamada ‘privatización’ del sector eléctrico chileno, como su transnacionalización, incluyeron en ambos casos, como ‘bono’ extra, el traspaso gratuito de la mayor parte de los derechos de agua no-consuntivos (para desarrollo hidroeléctrico) del país.

Muy concretamente, este tortuoso proceso significó la captura corporativa de una parte clave del sector agua, y de la totalidad del sector energía de Chile, algo que, sorprendentemente no hemos podido revertir hasta hoy.

Así, Endesa, hoy controlada por la trasnacional italiana Enel, concentra el 80% de los derechos de agua no-consuntivos del país, y el 86% de los de la región de Aysén. En la práctica ni Chile ni los chilenos ni las chilenas tenemos el dominio de las aguas que fluyen por ‘nuestros’ ríos australes, sino el Estado italiano. ¿Ciencia ficción? No. Política, finanzas y corrupción, por un lado, e ignorancia, desidia y complicidad por el otro.

La Región del Bío-Bío fue otrora la más rica en recursos naturales del país, por su condición de ecotono, o zona de confluencia de diversos ecosistemas, con el valle del Bío-Bío actuando como un corredor ecológico entre ecosistemas de tipo pampeano patagónico y las costas del Océano Pacífico. Por esto, aquí se daban las más altas tasas de biodiversidad y endemismo de nuestro país.

Por lo mismo, en las alturas de su cuenca encontraron refugio indígenas Pehuenche, arraigándose al lugar literalmente junto con la Araucaria/Pehuén, enriqueciendo la cuenca con su presencia.

Hoy, la vapuleada región ostenta uno de los peores índices de salud ambiental de nuestro territorio, invadida por más de la mitad de las plantaciones de pinos y eucaliptos de Chile –brutal ecocidio- erosionada al extremo, marcada por complejos hidroeléctricos e industriales (petroquímicos, siderurgia, etc.), con altísimos niveles de contaminación.

No debiera sorprender entonces que desde hace décadas la situación social regional se haya degradado en paralelo, con elevados índices de pobreza y desempleo, que han llegado a triplicar las medias nacionales; situación que el reciente terremoto solo agudizó.

El Bío-Bío no es únicamente la principal fuente de agua para las actividades industriales de la región, sino que además -ya a mediados de los ’90- sobre un millón de personas dependían del río para riego y agua potable.

¿Qué hace un país sabio con una cuenca, un río y una región con estas características?Cuidarlo todo como un tesoro de vida, de cultura, de futuro, de agua, de biodiversidad y belleza… como una fuente de servicios ambientales y funciones ecológicas, de abundancia para muchas generaciones de seres de muchos tipos, incluidos los humanos.

¿Qué hace en cambio un país muy poco sabio con este legado? Todo lo anteriormente descrito.

Desde Santiago, catapultaron sobre la región el ‘desarrollo’ a la pinta de los capitalinos capitalistas. La paradoja cruel en la Región del Bío-Bío es que su extraordinaria riqueza en naturaleza, quizás la mayor del país, provocó esta fiebre del ‘oro verde y azul’.

El toque de Midas, que transformó gran parte de este capital natural y cultural renovable, generoso y colectivo, en capital financiero privado, literalmente abovedado. Hasta la energía cinética del torrente tenía que ser convertida.

A mediados de los ’90, el entonces diputado PPD, Octavio Jara, informó en el Parlamento que Endesa, desde su complejo hidroeléctrico del Laja, vendía USD 83 millones anuales en electricidad, mientras pagaba una irrisoria patente de USD 3 mil a la municipalidad de Antuco, y que la comuna, desde la instalación de las centrales, además de despoblarse, se había convertido en una de las más pobres de Chile.

Hace unas semanas visitamos el Alto Bío-Bío con estudiantes norteamericanos que investigan los impactos del ‘desarrollo’ en comunidades tradicionales.

De noche, a medio camino, nos encontramos con un dantesco espectáculo, iluminado como un estadio: las obras de Colbún para la central Angostura, aguas abajo de la central Pangue, que operará con derechos de agua aparentemente cedidos por Endesa a Colbún, como retribución a esta última por aceptar ser su socia en el nefasto proyecto HidroAysén.

Angostura inundará un antiguo centro ceremonial Pehuenche certificado por el reconocido arqueólogo Tom Dillehay, y obligará forzosamente a re-relocalizar a Pehuenches ya relocalizados a causa de la construcción de la central Pangue.

¿Cómo es que las leyes chilenas, y las convenciones de derechos humanos e indígenas internacionales, permiten una truculencia semejante?

El poder corporativo en Chile simplemente no tiene límites. Todo lo que vimos y escuchamos da furia, indignación e impotencia. Ver el Alto Bío-Bío, hoy quizás las comunas más pobres del país, que fuera uno de los lugares más bellos del planeta… literalmente asesinado, lúgubre, tétrico. Como que le hubieran robado el alma a todo el lugar.

Las promesas a los Pehuenche total o parcialmente incumplidas. Alcoholismo, depresión, suicidios. Anomia cultural: pérdida de sentido de vida, de presente y futuro.

Visitamos el Huachi (trampa para conejos), uno de los predios donde Endesa relocalizó a más de 40 familias, sin bosque y sin río y que la empresa compró porque no valía nada, porque ya lo atravesaba en diagonal la línea de trasmisión de la central Pangue.

¡Chiste cruel! Ahora lo atraviesa, además, en paralelo, la línea de la central Ralco, para la cual evidentemente, Endesa reservó la franja de servidumbre mientras relocalizaba a las incautas familias. Las enormes líneas pasan prácticamente por encima de varias de las casas y aquí se pagan las tarifas eléctricas más altas de Chile,tanto así que muchas familias pehuenche no se pueden “dar el lujo” y viven sin electricidad.  ¿No será mucho?

Conversamos con dirigentes en el Huachi. Pura desolación. Reina el alcoholismo. Se esfuman el mapudungun y la cultura. Se acabaron los guillatunes. La absurda ‘cancha’ ceremonial instalada caprichosamente por la empresa en un lugar cualquiera yace silenciosa, abandonada, inutilizada.

Un joven cuenta ante las cámaras que su padre y su madre murieron literalmente de depresión, arrepentidos de haber aceptado las ofertas de Endesa. Humillados.

¿Qué nos pasa? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? En un momento, la ñaña Berta, tan triste como iracunda, pequeña pero poderosa, impertérrita bajo una inclemente lluvia gris, nos señalaba con su mano hacia las profundidades del embalse donde habían estado sus casas y campos.

Hileras de árboles muertos, negros, en proceso de putrefacción, marcan la cambiante franja de fluctuación del reservorio; lóbregos y mudos testigos de la tragedia ecosocial en curso en este rincón de Chile.

Y no es para nada la única. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es que vamos a aprender alguna vez?

¡Luz Roja a HidroAysén!

Por Juan Pablo Orrego, publicado en el Blog de Cooperativa el 12 de abril de 2012.

El reciente fallo de la Corte Suprema respecto de la evaluación ambiental del proyecto HidroAysén, es alarmante, y da para reflexionar sobre cómo se está haciendo, o más bien, no se está haciendo justicia en Chile.

En efecto, el miércoles 4 recién pasado, la Corte rechazó los siete recursos de protección presentados por la ciudadanía, que cuestionan por diversos motivos, la calificación favorable de las cinco represas, otorgada en mayo de 2011 por la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Aysén.

Pero, la verdad es que no fue la Corte Suprema la que falló así, sino tres de sus cinco Ministros, dos de los cuales tienen graves situaciones de conflictos de interés, como se dice eufemísticamente en Chile.

El tema de fondo es que los otros dos ministros acogen gran parte de la substancia de los recursos y llegan a la conclusión que la resolución ambiental favorable de la CEA es ilegal y debiera ser anulada, volviendo a fojas cero.

¿Cómo se puede prestar la misma Ley 19.300 para fallos totalmente contrapuestos?

¿El problema es la ley o los Ministros?

O sea, ‘ganan’ tres Ministros simplemente porque son más. No prima la calidad de los argumentos legales, no impera la justicia, sino que se impone una mayoría. Las represas son autorizadas por una cuestión numérica.

Un empate de fútbol se resuelve a penales, pero este no es el sistema correcto para zanjar asuntos que afectan el destino de Aysén y del país.

¿Tan kafkianos estamos? Es muy obvio que cuando el desacuerdo entre los Ministros es tan fundamental, debiera existir una instancia, un procedimiento para que la discusión continúe, y se llegue finalmente a un fallo de consenso donde prime la razón, y no la fuerza de los números.

Si seguimos ahondando, descubrimos que los Ministros a favor de HidroAysén evitan los temas legales de fondo para rechazar algunos de los recursos, y luego descartan los que se refieren a los aspectos potencialmente más riesgosos del proyecto, porque, según ellos, éstos problemas ambientales fueron resueltos por la CEA en base a imponerle a la empresa condicionamientos futuros, que consisten en estudios que realizaría la empresa después de la autorización.

Los dos ministros que acogen parte importante de los recursos dicen, por el contrario, que la CEA “ha incurrido en ilegalidad al dejar de aplicar el texto expreso de la ley y obviar los principios que la rigen, otorgando una calificación favorable a un proyecto que no cumple con la obligación que prescribe el artículo 12 letras d) y e) de la ley N° 19.300 y que obliga a considerar una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo.”

Según ellos estas ilegalidades se manifiestan al menos en la afectación del Parque Nacional Laguna San Rafael, del riesgo de extinción de nuestro emblemático Huemul, a la ponderación de los vaciamientos súbitos de lagos glaciales, y a las fluctuaciones de caudales en el río Baker, debido a la operación de las centrales.

Según los dos Ministros ‘disidentes’, con esta resolución ambiental favorable, en base a un estudio manifiestamente incompleto, se viola el principio preventivo, que es la base de la ley ambiental, y permitirle a la empresa analizar los riesgos en forma posterior a la evaluación se traduce “en una renuncia por parte de la CEA a su obligación legal de velar por la protección del medio ambiente y la seguridad e integridad de las personas…”

Según el Ministro Brito “obrar como se ha hecho… constituye una ilegalidad del órgano recurrido [CEA] que no sólo vulnera la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino y lo más importante constituye una amenaza a la integridad física de los residentes de las zonas afectadas.” Más claro que agua bendita de la Patagonia.

Al final del día no es que dé lo mismo toda esta faramalla técnico-jurídica en torno a la espúrea evaluación de este proyecto, porque ojalá que las instituciones funcionaran decentemente en nuestro país, pero lo más importante es que hace rato que Chile le puso luz roja a HidroAysén.

La corte no estuvo a la altura de la ciudadanía, que tiene mucho más claro lo que es bueno para nuestro país y le pone luz verde a la Patagonia.

HidroAysén: ¿Habrá justicia en la Suprema?

Por Juan Pablo Orrego, publicado en el Blog de Cooperativa el 4 de abril de 2012.

Hace unos días la Corte Suprema designó a un juez redactar el fallo respecto del proyecto HidroAysén, el que ha sido severamente cuestionado por la sociedad civil de nuestro país.

De partida cabe comentar lo asombroso del hecho que la sociedad en su conjunto tenga que gastar tanto tiempo, horas hombre/mujer, y cuantiosos recursos para dirimir respecto de un proyecto que la mayor parte de la población en forma transversal considera descabellado, destructivo e innecesario. Ya sabemos que nuestra democracia no es plena, por decir lo menos.

El poder ciudadano ha sido usurpado desde la base hacia la cúspide de la pirámide socioeconómica chilena, y los gobiernos hacen y deshacen, cooptados por clanes, grupos económicos, corporaciones… como quieran llamarlo. Es así cómo hemos sido testigos de uno de los procesos de evaluación ambiental más truchos de nuestra historia, lo que es mucho decir.

En esto la Concertación tiene igual responsabilidad que el actual gobierno. En efecto, este procedimiento adolece de un pecado original, cuando el 7 de noviembre 2008, el Intendente de turno de Aysén, por órdenes del gobierno de Bachelet, impone el envío de un informe a HidroAysén, a través del cual se exige información adicional para poder evaluar el proyecto, esto a pesar que de los 33 servicios públicos evaluadores, 11 manifestaron que el estudio debía ser rechazado por ser evidentemente deficiente, y que no se debía seguir tramitando el proyecto en esas condiciones. De ahí en adelante todo es cuesta abajo.

Otra triquiñuela administrativa permitió que el 99% de las observaciones ciudadanas no fueran consideradas. Luego, el diseño legal heredado de la dictadura permite que se evalúe el proyecto por componentes, por pedazos.

Así, sólo se ha hecho la farsa de evaluar las cinco represas de HidroAysén, sin que nadie presente hasta hoy el proyecto de su línea de trasmisión, que cruzaría el 51% de nuestro territorio, causando estragos sociales, económicos y ecológicos a diestra y siniestra.

Obviamente, el impacto de HidroAysén es el que causaría todo el proyecto completo, cuya descripción no cabe en esta columna… Artilugios legales reduccionistas hechos a la medida de las grandes empresas para que no se vea la realidad.

Escuché a un académico decir que HidroAysén, considerado en su conjunto, es ‘in-evaluable’, no hay ciencia que se la pueda.

La cantidad prácticamente infinita de impactos de innumerables tipos, el conjunto de elementos y sectores afectados, más las sinergias, los efectos acumulativos en el espacio y en el tiempo, hacen imposible prever demasiados aspectos, y por lo tanto, es imposible pretender diseñar medidas de mitigación para un enjambre de imponderables.

Las falencias e irregularidades en torno a la evaluación de HidroAysén no son finas, son groseras, son insólitas, la mayoría duramente corroboradas por una Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados.

A lo largo del proceso numerosos servicios públicos y municipios siguieron alegando su inconformidad, al punto  que el ejecutivo, en consulta con operadores de las eléctricas, intervinieron sus informes.

Casos flagrantes son la alteración de los informes de la DGA, CONAF y MINVU. En medio de la turbiedad renuncia el Director del Servicio de Evaluación Ambiental, se inhabilitan Seremis, se realizan obscuras reuniones nocturnas.

La Comisión Ambiental de Aysén autoriza las represas en Mayo 2011, con lo cual brota como un géiser la efervescencia social, las marchas multitudinarias, que como un río vivo confluyen después con el movimiento estudiantil y el de Aysén.

Todas las irregularidades y falencias  de la evaluación de HidroAysén y más, fueron alegadas ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, exigiéndose la nulidad de la autorización. Giran los engranajes. Apelaciones rechaza nuestros recursos.

Así, llegamos a la Corte Suprema con 7 recursos de protección, y la razón y la verdad, por lo menos para muchos, adelante. Esperamos una vez más que se haga justicia y prime el estado de derecho. ¿Será mucho pedir? Como pocas veces nuestro país lo necesita y se lo merece.

Nada que celebrar

por Sara Larraín, – publicada en El Blog de Cooperativa el 23 de marzo de 2012

Esta semana se desarrollan en Nueva York, en el marco del Consejo de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, las discusiones sobre las políticas globales de acceso y protección del agua que llevarán a la Cumbre de “Río + 20”, en junio próximo.

Simultáneamente, acaba de terminar en Marsella el “6º Foro Mundial del Agua”, organizado por el empresariado del agua y los servicios sanitarios (Suez, Veolia, Saur, etc.) al cual son invitados los ministros de todas las naciones, y el Foro Alternativo del Agua, organizado por las organizaciones ciudadanas que trabajan por el acceso universal y justo al agua y la protección de ésta como bien común de los pueblos y las naciones.

En Nueva York y Marsella, la ciudadanía y muchos gobiernos han llamado a concretar el derecho humano al agua y al saneamiento, demandando a la ONU cumplir con el mandato de la Asamblea General al respecto.

Esto implica reforzar el rol de los Estados sobre la gobernanza pública, democrática y ambientalmente sustentable del agua y priorizar, tal como se establece en los Objetivos del Milenio, la satisfacción de las necesidades de agua y producción de alimentos para la población por sobre las demandas del mercado global.

Mientras esto ocurre en el globo, en Chile estamos ante una de las peores sequías de los últimos años. La falta de lluvias y nieve ha obligado al Gobierno a declarar a 120 comunas en emergencia agrícola y a seis áreas de la macrozona centro en escasez hídrica.

Las autoridades reconocen que no existe agua para riego y que el abastecimiento para consumo humano se suple con camiones aljibe que a todas luces resultan insuficientes.

Alcaldes y agricultores en zonas de catástrofe explican que la mayoría de los sistemas de agua potable rural tienen problemas e incluso están sin agua, y que el 75% de los agricultores no ha cosechado hace dos años.

Esta situación evidencia que, además de carecer de estrategias para paliar necesidades básicas en periodos de sequía (los cuales se repiten cada 8 o 10 años), los gobiernos no han realizado las reformas legales e institucionales requeridas para la protección del agua, el acceso equitativo y el abastecimiento seguro para la población y las economías de subsistencia.

No obstante hoy, al menos las autoridades reconocen que se otorgó excesivos derechos de agua y que durante 20 años no se habían fiscalizado apropiadamente.

El Código de Aguas de 1981, aún vigente, ha permitido por décadas entregar el agua gratuitamente y a perpetuidad a quien la pida, sin preeminencia de alguna actividad, sin parámetros ambientales de sustentabilidad,  instaurando la funesta figura del remate de aguas, que otorga acceso al agua a quienes pueden pagar más por ella, lo que ha dejado en la indefensión y sin agua a miles de pequeños usuarios, agricultores y comités de agua potable rural en todo el país.

Son contados los casos en los que el Gobierno ha intervenido para dejar un mínimo en beneficio de la población aledaña o de áreas protegidas, bajo la figura de la “Reserva Hídrica”, creada recién con la modificación del Código en 2005, luego de 13 años de tramitación en el Parlamento.

Ante este siniestro panorama, la autoridad hoy está funcionando a dos bandas. Por un lado, decretando medidas tendientes a fiscalizar el uso del recurso y redistribuirlo entre regantes bajo las facultades que le confiere la emergencia agrícola y zona de escasez. Pero por el otro avala proyectos que siguen solicitando grandes caudales en zonas ya agotadas, con el argumento que contribuirán a la economía local o nacional.

Además de la trágica situación hídrica de Copiapó, a la que se suma el otorgamiento en Huasco de un permiso especial a Agrosuper para usar agua fresca desde una cuenca cerrada en 2009, las zonas de Coquimbo y Petorca atraviesan por una situación especialmente difícil.

Históricamente la región de Coquimbo ha pasado por largos períodos de sequía, agravados por la instalación de grandes empresas mineras en las nacientes de los ríos, muchas de las cuales además destruyen los glaciares que las proveen de agua.

Es el caso de Minera Los Pelambres, que el 1 de febrero de este año solicitó a la DGA derechos de aprovechamiento de 612 litros de agua por segundo en el sector de Cuncumén, los que, de otorgarse, se unirían a los cerca de 1.300 litros por segundo que ya utiliza, entre aguas subterráneas y superficiales, en la cuenca del Choapa, la que desde el año 2004 se considera agotada.

A esto se suma la minera Vale, en Manquehua, Quilmenco y Cárcamo. Además del anunciado proyecto el Pachón de Xstrata Copper, que pretende instalar un concentraducto desde Argentina a la costa chilena; y al sur de Canela, el proyecto San Agustín de CODELCO.

En tanto que en la comuna de Cabildo, en la V región, la ciudadanía comunica acciones organizadas para visibilizar el conflicto por el agua en la provincia y busca soluciones concretas y justas: algunos habitantes de la localidad están vendiendo agua a grandes productores agrícolas situación que estaría perjudicando el abastecimiento de agua potable para su localidad.

Hacia la Metropolitana y las regiones del sur, tanto en el secano costero como en la precordillera y valle central, la escasez de agua y los conflictos aumentan, y en muchos casos por culpa del gobierno.

La Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas son los organismos que han permitido la aprobación de los proyectos hidroeléctricos en el río Tinguiririca que hoy convirtieron en secano grandes extensiones de riego y que enfrenta a eléctricos y agricultores en los tribunales; lo que se repite en el río Maipo con el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de Gener, que provocará los mismos impactos ocurridos en Tinguiririca.

En este contexto, el gobierno ha enviado al Parlamento un proyecto de Ley para aumentar la fiscalización, acrecentar las multas por robo de aguas y para el perfeccionamiento de los derechos de agua existentes. Pero ello, aunque necesario, no esta a la altura de las reformas que Chile necesita para asegurar el acceso, la distribución justa y la protección de los recursos hídricos.

Así las cosas, Chile recibe el Día Mundial del Agua 2012 con escasez del recurso, conflictos ciudadanos de norte a sur, problemas de gobernabilidad y ausencia de voluntad política para abordar los problemas estructurales que genera la regulación vigente sobre las aguas.

Hoy más que nunca, creemos que en esa fecha no hay nada que celebrar.

Sequía del Alma

por Juan Pablo Orrego – publicada en el Blog de Cooperativa el 9 de febrero de 2012

Cien comunas de Chile con escasez hídrica severa. Acá en el Cajón del Maipo, tal como ya alerté en una columna anterior, se está extendiendo una sequía que no había visto en 35 años de residencia por estos lados.

No solamente el río Maipo está bajísimo, no solamente se están secando esteros y vertientes locales, así como emblemáticas cascadas, sino que ahora la vegetación se está muriendo.

Hace semanas los cerros empezaron a colorearse de café. Ahora ya son laderas enteras en las que el litre se está muriendo masivamente. ¿Qué onda? Este es bosque esclerófilo adaptado a largos veranos muy secos, con especies muy resistentes.

Los expertos piensan que se trata de un fenómeno acumulativo. Los oriundos del Cajón contabilizamos ya casi cinco años de sequía, la que se ha ido agudizando.

Así, las heroicas plantas aguantan uno, dos años, pero poco a poco, a medida que todo el ecosistema se va desecando, van perdiendo su resiliencia, hasta morir.

Además puede estar dándose una sinergia entre sequía y radiación ultra violeta.

Un amigo de la Patagonia argentina, experto en bosque nativo, me comentaba que incluso allá en el reino de las lluvias, de los vastos lagos y caudalosos ríos, los bosques se ven crecientemente afectados por especies dañinas que antes estaban presentes, a una escala menor, sin mayores consecuencias. Él piensa se trata de un debilitamiento de las plantas provocado por la radiación UV.

Lo potente de todo esto, es que tanto el cambio climático, y esta sequía creciente que se está instalando en la zona centro-sur de Chile, así como el agujero en la capa de ozono que está dejando pasar los UV en intensidades dañinas para la vida, son fenómenos naturales, pero a los cuales, desde hace ya varias décadas, desde los albores de la revolución industrial, la humanidad les ‘está subiendo el volumen’ y la intensidad a niveles críticos. Círculos viciosos.

Hemos deforestado en forma suicida el planeta. Chile es un buen ejemplo, pero lo que se ha hecho y se sigue haciendo en el Amazonas, o en Indonesia, en términos de escala, es aún más aterrante.

Simultáneamente contaminamos los océanos y degradamos con ferocidad industrial sus cadenas tróficas, y contribuimos con nuestras emisiones de dióxido de carbono a su acidificación con consecuencias catastróficas. Por sus enormes volúmenes, el fitoplancton es más importante que toda la masa boscosa planetaria en su función de regulador biosférico.

¿Cómo puede sorprendernos entonces lo que está sucediendo?

Científicos como J. Lovelock, y otros, trataron de advertirnos hace más de tres décadas que con nuestras emisiones estábamos cruzando umbrales de irreversibilidad con el cambio climático.

Desde hace harto tiempo, algunos de nosotros humildemente también hemos intentado advertir respecto de tendencias culturales, y estructuras sociales, económicas y políticas, así como opciones tecnológicas, que han demostrado ser decadentes.

Hemos sido tildados de eco-terroristas, alarmistas y desinformados. Ahora respecto de esta sequía extrema en el Cajón del Maipo ¿se escucha algo de boca de la autoridad?

En serio ¿qué hacen el flamante nuevo ministerio del Medio Ambiente, Conaf, la Dirección General de Aguas y la Comisión Nacional de Riego?

Atornillando al revés estos sspp autorizan proyectos destructivos, tal como Alto Maipo, que pone en mayor riesgo las aguas del Cajón.

Históricamente no han hecho nada para evitar que lleguemos al estado actual.

Ahora la situación se torna cada vez más compleja, porque el cambio climático y el agujero en la capa de ozono, entre otros, son desastres que debemos enfrentar concertadamente como humanidad, o nos vemos actualmente muy unidos, ni muy pacíficos, ni muy ecológicos.

Como país perfectamente podríamos dar el ejemplo, liderar el cambio hacia la sabiduría, pero Chile, en vez de esto dócilmente sigue el curso de colisión impuesto por las grandes corporaciones y autoridades ciegas o cómplices.

La sequía del alma humana nos está marchitando. ¿Cómo la rehidratamos?

Mineras e hidroeléctricas amenazan el agua potable

por Sara Larraín, publicada en Blog de Cooperativa el 30 de enero de 2012,

Con 1.600 kilómetros de separación y dos realidades geográficas distintas, Santiago y Calama enfrentan hoy el mismo problema: les quieren quitar el agua.

En Ia II región, la empresa Aguas Antofagasta, propiedad del grupo Luksic, que además es una de las sanitarias más multadas del país, le ha vendido 550 litros por segundo de agua cruda del Río Loa a la minera Doña Inés de Collahuasi (propiedad de Anglo American y Xstrata Copper) para alimentar sus faenas mineras al interior de Pica, en la región de Tarapacá.

Collahuasi ingresó a evaluación en el SEA, un estudio de impacto ambiental interregional de la tubería en que se pretende trasvasijar esta agua, desde el sector Lequena hasta la localidad de Ujina.

Los habitantes de Calama y Antofagasta están indignados y no es para menos. Aguas Antofagasta y Collahuasi pretenden llevarse agua desde el desierto más seco del mundo para servir la expansión minera de una trasnacional.

Insólitamente además la autoridad ambiental acogió a tramitación este proyecto que solo evalúa el trazado de la tubería y del tendido eléctrico, pero que carece absolutamente de información sobre el impacto ambiental que conlleva privar a la ya degradada cuenca del Río Loa de 550 litros por segundo agua y que el agua no sea devuelta, pues hay muchos poblados y ecosistemas que dependen de la infiltración de este a lo largo de cientos de kilómetros.

El estudio tampoco se hace cargo de otro impacto que debe evaluar la autoridad: el despojo a miles de personas de un recurso hídrico que originalmente fue cedido y luego concedido a un servicio para consumo humano.

Con un precio record del cobre ¿no será mucho que Collahuasi no apueste a la desalación o a la impulsión de agua de mar para sus faenas tal como han hecho otras compañías?

¿Por qué el grupo Luksic vende el agua dulce del Loa, de la cual depende toda la vida de las comunidades de Calama, Chiu Chiu, Lasana, Quillagua, para alimentar la actividad minera en otras regiones?

¿Por qué la Dirección General de Aguas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios no velan por la protección de las cuencas hídricas y los derechos de agua dedicados a los servicios de agua potable?

¿Porque se permite la exportación de agua desde la región de Antofagasta a la de Tarapacá, cuando todos los estudios destacan que la zona requiere importación masiva de recursos hídricos?

Definitivamente ante esta irresponsabilidad gubernamental y empresarial, el patrimonio ambiental y la sociedad chilena están en riesgo.

Similar situación ocurre en Santiago donde la empresa sanitaria Aguas Andinas, del consorcio franco español Suez-Agbar, vendió en 2011 parte de las aguas de Laguna Negra y Embalse del Yeso, destinadas al agua potable de Santiago, para que la trasnacional norteamericana AES-Gener las use para alimentar dos centrales hidroeléctricas de su proyecto Alto Maipo (que se sumarían a las 4 centrales que la empresa ya posee en la zona)

Esta venta y la puesta en marcha de las centrales no solo vulnera los derechos de agua de regantes y agricultores, sino que amenaza todos los emprendimientos turísticos del Cajón del Maipo y no da cuenta de los impactos sobre el suministro de agua potable para la ciudad de Santiago.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios, que debe velar por las aguas destinadas a consumo humano , al parecer interpreta que las sanitarias pueden usarlas para negocios distintos de la concesión de servicios sanitarios.

Estos mismos afectados, además de realizar masivas manifestaciones públicas, hoy inician diversas estrategias legales, entre las que destaca la petición mediante la Ley de Transparencia del convenio entre Aguas Andinas y Gener para el uso de aguas pertenecientes al servicio de agua potable de los 6 millones de habitantes de la región Metropolitana.

Y es que, en ambos casos, la forma en que se hizo la venta del agua es un misterio para la ciudadanía y las autoridades locales.

El Gobierno, amparándose en la denominación de “acuerdos entre privados” – término favorito de la actual administración para evadir comunicar hechos vergonzosos e impopulares— no ha hecho nada para que tanto los habitantes de Santiago como los de Antofagasta y Calama lleguen a conocer las condiciones, el costo y los impactos objetivos de dichas transacciones de agua potable.

Frente a estos hechos, a los ciudadanos se nos viene a la mente el viejo refrán de “borrar con el codo lo que se escribe con la mano” , pues mientras la Dirección General de Aguas (DGA) declara destinar buena parte de su tiempo a fiscalizar y sancionar el robo de agua, otro servicio dependiente del mismo ministerio de Obras Públicas, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios avala este “robo institucionalizado” de agua que están haciendo las sanitarias, que hacen pingües negocios vendiendo las aguas comprometidas en las concesiones para servir el consumo humano a mineras e hidroeléctricas, obteniendo enormes ganancias.

Al respecto, hay que destacar que el Congreso Nacional ya debió parar, mediante reforma al Código Sanitario, la venta de las aguas servidas tratadas que habían iniciado las sanitarias, perjudicando a los agricultores y regantes. Al parecer, defender el agua potable requerirá acciones legislativas similares.

Hoy la pelea en el norte del país es a muerte. El acuerdo entre Inés de Collahuasi y Aguas Antofagasta ha desatado una campaña que incluye movilizaciones, recolección de firmas, apoyo de autoridades locales y parlamentarios y hasta funas a la compañía minera que debió abandonar el viernes pasado el salón del Municipio de Calama.

Lo que hoy ocurre en Chile – y que en absoluto es un caso aislado – constituye un poderoso llamado de atención a las instituciones de gobierno que deben velar, de acuerdo al nuevo mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas, por el derecho humano al agua y al saneamiento de todos los habitantes del país.

De continuar estas irregularidades y nuevas amenazas al abastecimiento de agua, los movimientos ciudadanos probablemente continuaran durante este año con la misma fuerza del 2011. Así, los ciudadanos y ciudadanas defenderemos nuestro derecho al agua en el Parlamento, frente a las instituciones de gobierno y en las calles.

Las aguas del Maipo son un tesoro

por Juan Pablo Orrego – publicada en el Blog de Cooperativa el 2 de enero de 2012

Pareciera que la ceguera humana nos está llevando inexorablemente al despeñadero.Muchos ejemplos a nivel mundial lo demuestran, pero aquí, al ladito, en Santiago de Chile, tenemos uno de los peores exponentes de este extravío.

Desde hace algunos días, flotas de camionetas ascienden en las mañanas hacia los altos del Maipo, y descienden al atardecer. Son los primeros indicios de que comienzan las faenas de construcción del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de AES Gener, controlada por una corporación norteamericana con sede en Arlington, Virginia, en el vecindario de la CIA.

Un codicioso y desmedido proyecto que pretende capturar las aguas de los afluentes del Maipo en la cabecera de su cuenca y restárselas al río por un tramo de 70 kilómetros, con múltiples potenciales nefastas consecuencias.

Evidentemente a esta empresa no le importa un carajo que el Maipo sea el principal río de la cuenca de la Región Metropolitana, y lo que esto implica en términos culturales, sociales, económicos y ecológicos, pero pareciera que la mayoría de los habitantes de la capital también lo ignoran, y por esto no hacen nada por salvarlo de las garras de AES Gener.

El Maipo, cuyo nombre indígena significa “paraje de tierras cultivadas”, riquísimo en patrimonio arqueológico y paleontológico, abastece nada menos que el ¡70% de la demanda de agua potable, y el 90% del riego de la RM!

El Canal San Carlos lleva sus aguas desde la comuna de Puente Alto, a través de La Florida, Peñalolén, La Reina, Ñuñoa y Providencia, para terminar aumentando los caudales del mermado Mapocho, que paradójicamente es un afluente del Maipo, desembocando en éste, con parte de sus propias aguas, a la altura de El Monte.

Miles de hectáreas de cultivos son regadas con sus aguas, particularmente viñedos, que producen algunos de los vinos más apreciados de nuestro país.

El así llamado ‘Cajón del Maipo’ ha entregado sus entrañas al país en la forma de metales, caliza e hidroelectricidad. Sus bosques, que cubrían el fondo del valle y las laderas, fueron intensamente utilizados para la construcción y leña, y ‘despejados’ para actividades agro-pecuarias y la instalación de viviendas.

El Cajón sigue siendo, sin embargo, uno de los pulmones de Santiago, entregándole nada menos que aire a nuestra ahogada capital. Si consideramos los numerosos servicios ambientales vitales que los valles cordilleranos del Maipo le han aportado en el pasado, y le siguen aportando hoy a Santiago, la única conclusión posible es que éste debiera ser protegido, conservado, e incluso restaurado ecológicamente.

Un mínimo de cordura indica que se debiera aplicar el principio precautorio y no desarrollar absolutamente ninguna actividad industrial más en esta reserva de vida vital para la RM.

Hoy, millares de santiaguinos escapan semanalmente al Cajón, aguantando los tacos con tal de respirar, de absorber belleza natural, y de acceder a la miríada de servicios recreacionales y turísticos que se multiplican a lo largo de estos valles cordilleranos únicos. Estas personas que gozan de ellos debieran luchar por defenderlos.

Actualmente las vocaciones del Cajón son: funciones ecológicas, servicios ambientales, residenciales y turísticos/recreacionales. Lo industrial aquí no tiene cabida y degrada estas funciones y servicios.

Finalmente, todos los expertos en el tema saben que la RM se está desertificando, que la aridez del norte está descendiendo hacia el sur. El glaciar Echaurren, que sustenta gran parte de la hidrología de la RM, está derritiéndose a velocidad vertiginosa. La nieve, los glaciares y ventisqueros se retiran hacia las alturas. Acá, en San Alfonso, recién a fines de Diciembre, los esteros casi ya no fluyen. Vertientes, antes consideradas perennes, se están secando.

Así, poner aún en mayor riesgo las aguas de los valles y su integridad ambiental con un descabellado proyecto como Alto Maipo es una inaceptable desidia.

Las aguas y los ríos del Maipo son un tesoro, un bien común ya en jaque por nuestra histórica ceguera. ¡Ya ‘pos, chilenos y chilenas, santiaguinos y santiaguinas! ¿Vamos a dejar que estas sacrílegas corporaciones sigan robándonos la vida?

Excelencias,