Una moción patrocinada por las Senadoras Isabel Allende y Ximena Rincón, en conjunto con los Senadores Juan Castro y Francisco Chahuán, propone asegurar una distribución de agua adecuada para totalidad de los usos, atendiendo la demanda de actores relevantes, cuya demanda por recursos hídricos se ha visto desplazada, como lo son ciertas comunidades rurales y medianos y pequeños productores agrícolas, cuya actividad sostiene sistemas económicos rurales interconectados con centros urbanos comunales que a su vez dependen de esos nodos productivos.
El proyecto señala en sus fundamentos que paralelamente a la gran Reforma al Código de Aguas, de estatus constitucional, que se está discutiendo en la actualidad, existen varias iniciativas legislativas de interés normativo parcial, dentro de las cuales se inscribe la presente, que abordan proyectos particulares o espacios de reforma específicos del Código en comento y que no necesariamente requieren de cambios a la Constitución para su despliegue práctico. Tales iniciativas avanzan por rutas distintas y, por lo tanto, se discuten en diferentes espacios ministeriales, como Agricultura, Medio Ambiente y Energía, pero finalmente cruzan caminos, pues se refieren todas a la necesidad de actualizar la normativa que rige el uso del recurso hídrico. Por lo que, considerando lo anterior, emerge la necesidad de coordinar y unificar la discusión.
A fin de cumplir con el objetivo, la iniciativa propone modificar el Código de Aguas, para incorporar normas que permitan tener a la vista los diferentes usos de los causas y fuentes de aguas, otorgando sustentabilidad, entre ellas una regulación especial de las aguas detenidas y criterios científicos para la explotación de aguas subterráneas. Mientras que a la Ley General de Servicios Eléctricos, con el fin de limitar la posibilidad de generación en situaciones de escasez, cuando la generación afecte el consumo humano, el saneamiento o el riego, debiendo llevarse a cabo labores de inyección de energía solo de manera simultánea con estos fines.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por Comisión de Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado.
Fuente: Diario Constitucional