En la última semana el gobierno decretó emergencia agrícola por escasez hídrica en Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y 17 comunas de la Metropolitana, reconociendo 70% por ciento de déficit de lluvias y el peor invierno en los últimos 60 años.
Desde hace más de una década que estamos en crisis hídrica, y sólo desde 2008 se han decretado 111 declaraciones de escasez hídrica entre Atacama y Aysén. En 2014, el Gobierno de Bachelet patrocinó una reforma al Código de Aguas, la cual se aprobó en las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura, Hacienda y la Sala de la Cámara entre 2015 y 2016 y en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado en 2017, quedando entrampada ya por 3 años en la Comisión de Agricultura del Senado, donde los gremios desean perpetuar un Código, escrito hace 30 años y que impide gestionar el agua en forma más equitativa y sustentable, en un escenario de escasez creciente.
La agroindustria ha declarado que reformar el Código “es pura ideología pues no generará más agua”, demandando al gobierno, con gran despliegue mediático, construir una carretera hídrica para abastecer al sector agroexportador y la minería desde Atacama al sur.
La idea no es nueva: en 2018 Félix Bogliolo de Vía Marina, ingresó el proyecto Aquatacama al MOP, solicitando su declaración como de “interés público” y este año el empresario agrícola Juan Sutil de Reguemos Chile ha solicitado lo mismo para obtener financiamiento del Estado. Ello, a pesar de que el informe conjunto de Fundación Chile y varios servicios públicos, entre ellos la DGA fundamenta que la “carretera hídrica” es la más cara, ineficiente, con mayor impacto ambiental y menos beneficio social, en el Ranking de Proyectos para enfrenta la crisis hídrica, dado a conocer en junio pasado. Como si esto fuera poco, los mismos gremios agrícolas del sur , liderados por los canalistas del Bio Bio, denunciaron que la carretera hídrica “es una antigua mala idea”, porque se basa en una premisa equivocada : “que en el Bio Bio existiría abundancia y excedencia de agua, lo que es completamente falso “.
Chile necesita un marco jurídico que priorice la seguridad y equidad en el acceso al agua para la estabilidad del agua potable, el saneamiento, la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo que asegure el bienestar de la población y las economías locales y regionales. En los próximos días el Presidente Piñera anunciará nuevas medidas para combatir la escasez hídrica. Esperamos que estas apunten en la dirección correcta, para la priorización del agua para el consumo humano y las actividades de subsistencia y desarrollo local/regional, tal como se contiene en la Reforma al Código de Aguas y recomiendan los científicos en el contexto del calentamiento global.
Por Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable
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