Modelo eficiente en derechos de agua
La centroizquierda ha tomado distancia de políticas basadas en la propiedad privada y el mercado -instituciones fundamentales en el avance de Chile en las últimas décadas- con serios costos para el país. Una de las muchas áreas en que se manifiesta el estatismo es en lo relativo al régimen de gestión de las aguas.
La indefinición que siguió a la concentración de derechos sobre las aguas en manos estatales -para facilitar el proceso de reforma agraria, en el siglo pasado- terminó con el establecimiento de derechos privados de aprovechamiento de las aguas, con atributos similares a los de la propiedad, en los años ochenta. Ese fue el punto de partida para el desarrollo de un mercado de derechos de aprovechamiento de aguas, con compraventas, arrendamientos y, en general, todo aquello que posibilitó, con la asignación eficiente del agua, la modernización de la agricultura y la generación eléctrica chilenas, basadas en el control confiable del acceso a este recurso.
En su argumentación, quienes favorecen el estatismo aducen que el régimen de derechos privados de aprovechamiento del agua desconoce la prioridad que debe tener el consumo humano de agua, por sobre usos productivos, lo que se subsanaría entregando el agua al Estado para que la asigne directamente, conforme a prioridades más racionales. Pero esto es solo un recurso retórico; el agua para consumo humano está perfectamente asegurada en un régimen de derechos privados de aprovechamiento de aguas, acompañado de instrumentos para que el Estado, en caso de necesidad, pueda acceder al agua requerida sin vulnerar los derechos establecidos.
No se requiere de control estatal de la producción de leche, para asegurar su disponibilidad para lactantes, ni de la producción de energía eléctrica para dar acceso preferente a hospitales ante un eventual racionamiento. Por el contrario, la disponibilidad de leche y energía para usos prioritarios, logradas siempre con costos más bajos, queda mejor asegurada con incentivos adecuados, propiedad privada y mercados en operación. Solo una extrema sobresimplificación puede llevar la discusión a un problema de prioridades entre unos cuantos usos para el agua, cuando en la realidad hay miles de usos diferentes que requieren de un definición concreta. Esta definición es la que ocurre con fluidez y eficiencia a través de mecanismos de mercado, con incentivos para la acción privada, que permiten alejarse de la gestión ineficiente que podría lograr un Estado que busca sustituir dichas instituciones.
Los gremios empresariales tienen razón en manifestar preocupación por la idea de asignar derechos de aprovechamiento de vigencia limitada en el tiempo, que van a generar ineficiencia en el uso del agua y que, eventualmente, podrían dar pie al cuestionamiento del carácter indefinido de los derechos de aprovechamiento vigentes. Los parlamentarios promotores del estatismo en el manejo de las aguas deberían ser más respetuosos de la libertad de expresar opiniones en temas tan relevantes.
Fuente: Editorial La Tercera.
Respuesta de Sara Larraín, Directora de Chile Sustentable, en Carta al Director del diario La Tercera. Viernes 26 de julio de 2019.
