El pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde por 63 votos a favor, 32 en contra y 3 abstenciones la idea de legislar que confirma al agua como un derecho humano fundamental, modificando el Código de Aguas vigente desde 1981 sin participación democrática.
Luego de la aprobación del proyecto en general, se inició la votación en particular logrando la priorización del agua para consumo humano y saneamiento, preservación de ecosistemas, actividades productivas de subsistencia y garantiza los derechos de los pueblos originarios.
Otro de los avances es que desde el momento de su entrada en vigencia la actual propiedad perpetua del agua pasará a ser concesión temporal, las mineras deberán informar y solicitar permisos para utilizar las aguas halladas y impondrá un caudal ecológico a todas las nuevas concesiones, y en el caso de los ya otorgados a los relacionados con cuencas degradadas y amenazadas, áreas silvestres protegidas, los grandes proyectos que usen agua como hidroeléctricas, embalses, y los traslados.
En varios artículos, parlamentarios de Chile Vamos solicitaron reserva de constitucionalidad por considerar que iba en contra del derecho de propiedad perpetua que establece actualmente la Carta Fundamental.
Distintos diputados entregaron sus argumentos previo a la votación y una de ellas fue Cristina Girardi (PPD) quien sobre caudal ecológico señaló que “este proyecto lo que hace es priorizar el agua, pero para priorizar el uso de agua tiene que haber agua, tiene que existir y si no existe caudal ecológico no puede haber agua. El primer deber del Estado es asegurar que el agua exista y cuando nos dicen que los derechos no se pueden intervenir y no se pueden quitar para formar los caudales ecológicos quiere decir que no nos importa que el agua exista”.
Sobre la priorización de usos del agua, la diputada Yasna Provoste (DC) fue enfática en decir que «lo que hoy día instala este nuevo Código de Aguas es establecer prioridades de uso, en donde el derecho humano esencial al acceso al agua tenga una prioridad en este cuerpo legal, así como también actividades de subsistencia como la agricultura familiar campesina y establece además un conjunto de privilegios para comunidades indígenas, para los comité de agua potable rural, agrícolas, de manera que los deja exentos del cobro de patentes, pero también establece con claridad la sanción que acumulan agua que establecen una solicitud para un proyecto determinado, que nunca llega a concretarse».
La votación fue acompañada por diversas organizaciones y dirigentes de todo el país que reconocieron que esta reforma viene a morigerar el abuso del mercado que transaba este derecho humano sin considerar el interés público ni la grave crisis hídrica que enfrenta nuestro país, uno de los diez más amenazados con el cambio climático.
Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable -institución medioambiental que ha seguido la tramitación de la moción parlamentaria y ha impulsado la campaña de información ciudadana “¿De qué lado estarás tú?”- estuvo también presente en el Congreso y señaló que “la reforma es un avance que se hace cargo de la protección del agua para las generaciones actuales y futuras. Hoy es un día histórico pues finalmente estamos cambiando la lógica del extractivismo de los recursos nacionales e incorporando el interés público a nuestra política pública, pero falta mucho más. El derecho humano al agua, la priorización de actividades de subsistencia por sobre las con fines de lucro y la protección del patrimonio ambiental del país deben ser nuestro norte en pos de la recuperación del agua y la defensa y protección de nuestro patrimonio natural”.
Indicó además que “obviamente la tarea fundamental es cambiar la constitución, eso está pendiente, pero es preciso reconocer que este es un avance importante, que comienza a cambiar un sentido común instalado por más de 30 años. Ahora hay que ir al Senado, porque lo que ahora se logró hay que defenderlo en ese espacio”.
Para Gloria Alvarado, presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU) esta reforma “viene a modernizar el sistema y a corregir errores que provienen de un código antiguo, cuando había abundancia de agua y hoy el escenario ha cambiado porque hay escasez y sobreexplotación del recurso. Lo fundamental para nosotros es que se declare el recurso como un derecho humano, que se priorice el consumo humano”.
Entre las organizaciones presentes en la votación de sala en la Cámara de Diputados estuvieron la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), la Asociación Metropolitana de Agua Potable (APRIM), dirigentes de APRs de La Ligua, Petorca, San Felipe y Melipilla, Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, Fundación Chile Sustentable, Fundación Ecosistemas, Fundación Newenko, Coordinadora No Alto Maipo y la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENATRAOS) quienes seguirán la tramitación ahora en el Senado.