Luego de ser aprobada en las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura, el Ministerio de Hacienda ha iniciado fuerte presión política para obstaculizar los cambios ya zanjados, argumentando que restan certeza a las inversiones privadas.
La agenda de impulso a la productividad anunciada por el gobierno, orientada a debilitar sus compromisos en materia ambiental y social, está preparando su camino legislativo. A la disputa entre el ministro Rodrigo Valdés y la diputada Camila Vallejo sobre los proyectos de educación, se agregaron frentes de tensión referidos a iniciativas del propio gobierno para regular las tarifas de los servicios de gas, proteger a los consumidores, la descentralización y la creación de una AFP estatal, así como también frente a la moción parlamentaria en materia de glaciares.
También está amenazada la reforma al Código de Aguas, que próximamente será revisada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que corresponde a una de las propuesta que Michelle Bachelet incluyó en su programa de campaña. Esta ya fue aprobada por las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura de la corporación.
Aunque dicha instancia debía comenzar a revisar el proyecto la semana pasada, la sesión fue postergada. Se trata de un alto en una discusión que se prevé compleja para los intentos por avanzar hacia una reforma a la institucionalidad hídrica basada en el interés común, el cuidado de las fuentes de agua dulce y la protección de las actividades de subsistencia.
Desde la sociedad civil se plantea que la tramitación del proyecto de reforma ha permitido relevar al agua como un bien público y un derecho humano, reduciendo en parte el carácter mercantil y propietarista que tiene en la legislación vigente. “Es prioritario que se comprenda que esta iniciativa es fundamental para terminar con el agotamiento de las cuencas y los acuíferos subterráneos, y también con la especulación, dando así prioridad al consumo humano y el equilibrio de los ecosistemas” expresó al respecto Sara Larraín, directora de Chile Sustentable. Agregó que “por cierto queríamos cambios mas profundos, pero entendiendo las lógicas legislativas creemos que lo que ya se ha aprobado es muy valorable”.
En este sentido y ante las intervenciones del ministro de Hacienda, parlamentarios y ciudadanos ven el riesgo de que se desmantelen algunas reformas al código, tales como las referidas al caudal ecológico y la duración de las concesiones.
En el caso de lo primero, el texto aprobado al día de hoy señala que esta figura se aplicará a los nuevos derechos de aprovechamiento y excepcionalmente “respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas existentes, en aquellas áreas en que el Ministerio del Medioambiente informe que existe un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en razón de que la sustentabilidad ambiental de la fuente superficial pudiere sufrir grave deterioro o esté siendo afectada. Dicho informe podrá ser solicitado de oficio por la Dirección General de Aguas”.
En lo referido a la duración de los nuevos derechos, la Comisión de Recursos Hídricos aprobó el establecimiento de concesiones de uso por un plazo máximo de 30 años prorrogables, pero en la de Agricultura se cambió a uno fijo del mismo período y también renovable. Algunos gremios empresariales han planteado que se elimine tal figura para los que se soliciten en el futuro, bajo el concepto de “certeza jurídica de la propiedad” y que se mantenga el criterio de perpetuidad. Esto sería un aliciente para que continúe el acaparamiento y la especulación en materia de derechos de agua, además de no hacerse cargo de los cambios que está generando el calentamiento global, ni de la importancia del agua para la sociedad, la mantención del patrimonio ambiental y el desarrollo
Tales demandas privadas, expresadas también por el ministro de Hacienda, chocan con el programa de gobierno con el cual Michelle Bachelet llegó a La Moneda, que sobre el particular señala expresamente que “avanzaremos en una normativa que haga posible la existencia de la figura recursos hídricos con fines sociales. Estos usos serán prioritarios y establecerán restricciones al ejercicio de todos los demás usos con fines competitivos”. Y agrega que “también modificaremos la normativa para redefinir la utilización de los acuíferos sobre-otorgados de acuerdo al uso efectivo de los derechos”.
La exigencia de ciudadanos y parlamentarios es que el Ejecutivo honre su palabra comprometida y no la incumpla bajo el pretexto del crecimiento económico. La voluntad real del gobierno comenzará a verse cuando a principios de agosto la Comisión de Hacienda retome la discusión sobre el Código de Aguas.
Crecimiento vs. bien común
La primera señal de alerta sobre una imposición del empresariado y la visión economicista a las reformas ambientales y sociales comprometidas por la actual administración, se dio con el Mensaje Presidencial de este año, cuando Michelle Bachelet anunció que “instruiré a la brevedad para que todas las leyes que sean iniciativa del Ejecutivo incluyan una evaluación de su impacto sobre la productividad”, siguiendo así la recomendación de la Comisión Nacional de Productividad.
Lo anterior fue refrendado por Rodrigo Valdés cuando a principios de mes expuso ante la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, ocasión en que señalóque “una de las cosas clave es contener proyectos que, si se dejan al arbitrio de cualquiera, son una amenaza compleja para las decisiones de inversión del sector privado”. Entre esas iniciativas legales que requieren de “contención” bajo la lógica de que es necesario “poner el crecimiento por delante”, es decir, “que en todos esos proyectos de ley midamos las consecuencias que tienen para la rentabilidad de proyectos”, se incluyen precisamente las de reforma al Código de Aguas, protección de glaciares, polifuncionalidad laboral y subcontratación, la regulación de las tarifas de los servicios de gas, el nuevo Sernac, la elección de intendentes y la creación de una AFP estatal.
Desde las propias filas de la Nueva Mayoría esta directriz ha suscitado una importante molestia.
Es el caso del diputado socialista Daniel Melo, quien criticó esta orientación señalando que “las intervenciones del ministro de Hacienda respecto a que este tipo de proyectos representarían algún obstáculo para la reactivación económica resultan más preocupantes pues aparecen en una ‘indeseada cercanía’ con las demandas del empresariado en la materia, especialmente el vinculado al extractivismo de recursos naturales”.
Más aún, indicó que “no es una buena señal que el ministro Valdés aparezca respaldando a quienes proclaman recetas milagrosas para recuperar el crecimiento, cuando lo que en realidad buscan es seguir acumulando ganancias en mercados desregulados”. Sobre las iniciativas de carácter social y ambiental, como el Código de Aguas, expresó que “es de suma importancia que se cumpla la palabra de la Presidenta Bachelet en materia ambiental toda vez que se trata de decisiones país y de alcance global, las cuales no pueden verse postergadas por una mera coyuntura económica”.
En la misma dirección apuntan las recomendaciones de la OECD, dadas a conocer el pasado 21 de julio, que en su Evaluación sobre el Desempeño Ambiental de Chile señala que “desde la adopción del Código de Aguas en 1981 la asignación y el uso de los recursos hídricos se basan en un sistema de derechos negociables donde una reglamentación y transparencia insuficientes se han traducido en asignaciones excesivas y una extrema concentración de los derechos, la sobreexplotación de algunos acuíferos, escasez de agua potable en zonas rurales y conflictos entre los usuarios”.
De esta forma la organización internacional, en la misma línea de las demandas ciudadanas, recomienda al gobierno de Chile “concebir e implementar nuevas reformas del régimen de asignación de aguas, con el fin de asegurar la imposición de límites efectivos y exigibles a las extracciones, que reflejen las exigencias ambientales y ecológicas y la necesidad de un uso sostenible; establecer usos ‘esenciales’ del agua (entre otros, el abastecimiento público de agua, y los servicios de saneamiento y ecosistémicos) a los que se otorgue alta prioridad; acelerar la regularización y el registro de los derechos de uso del agua, para que el registro público sobre la materia sea plenamente operativo y transparente”.
El organismo internacional, del cual Chile es miembro, también llama al país a “desarrollar una estrategia para evitar la asignación excesiva en cuencas y acuíferos en los que los derechos de uso del agua excedan la capacidad sostenible del cuerpo de agua” y a monitorear las extracciones de agua para proteger los ecosistemas, en particular los humedales.