La desaceleración de la economía y de los ingresos fiscales a causa de la contracción de los mercados globales, principalmente del cobre, además del lobby empresarial al Ministerio de Hacienda, viene generando desde el año pasado, una tremenda presión sobre la Agenda de Gobierno de la presidenta Bachelet y sobre las prioridades legislativas del Congreso Nacional.
Entre los mensajes más choqueantes destaca “Una de las cosas clave es contener proyectos que, si se dejan al arbitrio de cualquiera, son una amenaza compleja para las decisiones de inversión del sector privado”. (Tercera 9 de julio) donde el ministro estigmatiza el rol del legislador como un “arbitrio de cualquiera.”
Los disparos de Hacienda apuntan hacia las mociones para la protección de los glaciares y la reforma al código de aguas, ambas patrocinadas por la presidenta Bachelet y los ministros sectoriales.
Como Chile Sustentable nos ha tocado monitorear la tramitación de la reforma al código de aguas, el cual además de retrogrado, no está a la altura de los desafíos de acceso, eficiencia y sustentabilidad que enfrenta el país. La urgencia de dicha reforma quedo en evidencia durante los recientes años de sequia, cuando el gobierno debió sortear la crisis con camiones aljibes desde Atacama a Chiloé. La vía más cara e insalubre y lejos del estándar OMS y OECD.
El mundo entero está priorizando la “seguridad hídrica” para las personas, las ciudades, la agricultura y demás actividades productivas. Ello requiere cuidar las cuencas y las fuentes de agua dulce. Entre estas los glaciares existentes en nuestro territorio nacional, que recargan nuestros ríos y cuyas reservas o seguro hídrico no podríamos pagar ni construir como país. Eso no es evaluado por Hacienda. Si la minería los destruye, Hacienda no repondrá dichas reservas, condenando a las cuencas, las ciudades y la agricultura, entre otros, a quedar sin respaldo hídrico. Es insólito que se argumente que la legislación para la Seguridad Hídrica amenaza la inversión.
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