Abogado Lucero resaltó que la instancia acogiera los cuestionamientos de la comunidad en contra de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente de archivar las denuncias presentadas por proyecto de Inmobiliaria e Inversiones Punta de Gallo SpA, que contempla la construcción de viviendas en zona aledaña a Santuario de la Naturaleza y de alto valor arqueológico.
El abogado Christian Lucero destacó la decisión del Tribunal Ambiental de acoger parcialmente dos reclamaciones presentadas en nombre de la comunidad y el biólogo Salvador Donghi, ordenando eliminar de la resolución sobre la competencia de la Municipalidad de Algarrobo para determinar la procedencia del ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del proyecto inmobiliario “Condominio tipo A en Tunquén”, lo mismo que los considerandos que hacen referencia a la procedencia de las tipologías de ingreso al SEIA de la iniciativa.
Lucero explicó que “si bien el Tribunal mantuvo el archivo de las denuncias del anteproyecto -cuyo permiso había caducado, por inoficioso- también señaló que parecía inoficioso, en este caso particular, el análisis efectuado por la Superintendencia de Medio Ambiente sobre la competencia de la Municipalidad de Algarrobo para determinar la procedencia del ingreso al SEIA del proyecto; y respecto de las tipologías de ingreso al SEIA de un proyecto cuya ejecución no había comenzado y con una aprobación del anteproyecto caducada”.
El abogado de la agrupación de vecinos Tunquén Sustentable destacó que “la sentencia del Tribunal Ambiental es clara al plantear que “si en el futuro se vuelve a presentar un proyecto de similares características y en la misma zona, éste deberá ser evaluado en su mérito, cumpliendo con la normativa ambiental vigente a ese momento, incluyendo las garantías y vías recursivas correspondientes”.
Asimismo, llamó a las autoridades regionales a agilizar la licitación del estudio de línea de bases del lugar destinados a otorgar la protección total a la playa, dunas y roqueríos, cuyos fondos fueron aprobados por el Gobierno Regional hace más de dos años, y a la autoridad local para que asuma la necesidad de un cambio en el Plan Regulador, o al menos, la elaboración de un plan seccional que permita el cambio del uso de suelo del lugar.