En el último semestre del 2015 y comienzos del 2016, estamos frente al inicio del debate para cambiar la Constitución de 1980 y, así, poner fin, de una vez por todas, a la principal herencia dictatorial que hoy rige nuestra convivencia democrática. Este proceso constituyente se requiere con urgencia, y es, a la vez, una oportunidad histórica para que nuestra Carta Fundamental sea efectivamente el paraguas que acoja de la manera más amplia a toda la diversidad cultural que se expresa en Chile, donde el tema medio ambiental merece un capítulo especial.
Sin embargo, como no sabemos cuánto demore el proceso de cambio a la Constitución ni la certeza de si esto llega a buen puerto, es que con un grupo de diputados hemos presentado una moción parlamentaria que reforma la Constitución actual, en donde proponemos crear la figura del “Defensor del Medio Ambiente”, esto ante la constante amenaza a los territorios y el daño ambiental que se ha producido en ellos, tras el desarrollo del país basado en un extractivismo primario, donde lamentablemente en la construcción de sus proyectos de inversión el medio ambiente y quienes son parte de él se ven constantemente afectados por las omisiones y malas prácticas que estos tienen.
En buena hora, en el Parlamento contamos con el respaldo de un grupo transversal de diputados, donde destaca el compromiso de la diputada Camila Vallejo, con quien hemos decidido ponernos al frente de esta moción.
El proyecto de ley se fundamenta en la actual Constitución Política que, en su artículo 19 N°8, consagra que toda persona tiene el “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, y que es “deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado”. Por lo tanto, lo ya establecido en la Constitución es necesario profundizarlo, ya que es necesario favorecer al medio ambiente y su protección, debido a la riquísima biodiversidad que poseemos, lo que constituye un verdadero patrimonio de la humanidad. Por esto, creemos que es un deber protegerlo, tanto por las generaciones actuales como por las futuras.
Velar por la protección del medio ambiente es un deber y una urgencia, ante las amenazas existentes y no con un afán de impedir el desarrollo, sino de que todos podamos coexistir responsablemente y hacernos cargo de la nueva realidad que se nos presenta en el siglo XXI, ante variables que no podemos controlar, como el avance de la desertificación y el cambio climático.
El Defensor del Medio Ambiente que propone el proyecto de ley es un organismo que tendrá el carácter de autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, velará por la promoción y tutela de un medio ambiente libre de contaminación, conforme a los derechos y garantías asegurados tanto en la Constitución Política como también en los Tratados Internacionales ratificados por Chile, ante actos u omisiones de la Administración del Estado, o de particulares, cuando ejerzan actividades que constituyan una amenaza al medio ambiente u ocasionen daño ambiental. La idea es que dicho defensor sea elegido por el Congreso Nacional.
Incorporar un defensor ambiental en nuestra legislación, sería un avance en la profundización de la protección del medio ambiente, y además pondría a Chile como un país que resguarda su medio ambiente y lo ubica a tono con la jurisprudencia internacional. A su vez, contar con un defensor ambiental reduce la dramática asimetría que existe entre los proponentes de un proyecto de inversión, ya sea del Estado o un privado, ante una ciudadanía que, aunque movilizada, se ve invisibilizada por la poca injerencia que posee al participar, debido a que dicha participación no es vinculante.
Esta iniciativa legal, que entre otras cosas busca ser la voz de las comunidades, ha sido elaborada con la participación del mundo académico y de organizaciones no gubernamentales que promueven la defensa y el cuidado del medio ambiente, así como, también, contó con la participación ciudadana de actores sociales tales como el movimiento Alerta Isla Riesco, Chile Sustentable y FIMA.
Velar por la protección del medio ambiente es un deber y una urgencia, ante las amenazas existentes y no con un afán de impedir el desarrollo, sino de que todos podamos coexistir responsablemente y hacernos cargo de la nueva realidad que se nos presenta en el siglo XXI, ante variables que no podemos controlar, como el avance de la desertificación y el cambio climático. Por lo tanto, en donde sí se puede controlar es en aquellas obras que son realizadas por los privados y el Estado, y este proyecto lo presentamos en esa línea, en que las cosas se hagan mejor de lo que se vienen haciendo hasta ahora.
Esperamos que esta reforma constitucional tenga eco en los diputados y senadores, ya que el medio ambiente y la ciudadanía están frente a la urgencia de ser protegidos.
Fuente: El Mostrador