Gobierno reiteró su propuesta de condicionar declaratoria exclusivamente a glaciares considerados reserva hídrica relevante y que provean servicios ecosistémicos significativos, lo cual fue rechazado por los parlamentarios por considerar que constituyen criterios discrecionales de la autoridad para restringir protección de glaciares como reservas estratégicas.
Esto generó que una vez más se postergara votación de lo que se ha calificado como el corazón del proyecto de Ley de Protección de Glaciares, producto de la resistencia del gobierno a presentar una propuesta que los proteja a todos y no solo a algunos.
El gobierno insistió ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados en su idea de condicionar la declaración de los glaciares como “reserva estratégica” solo cuando se compruebe en cada caso su carácter de “reserva hídrica relevante” y que presta “servicios ecosistémicos significativos”. El resultado: el miércoles 19 de agosto por tercera vez se postergó la votación sobre la definición de reserva estratégica, debido a que los legisladores no están de acuerdo con la propuesta que lidera el ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier.
“Corresponde a aquellos glaciares y/o conjunto relacionados de glaciares, que representan una reserva hídrica relevante para la cuenca donde se ubican y/o proveen servicios ecosistémicos significativos a esta” fue la indicación con la que llegó ese día el Ejecutivo.
Para los diputados el planteamiento gubernamental permitiría que la autoridad de turno se niegue, por criterios discrecionales y sin el respaldo de datos objetivos, a declarar un glaciar como reserva estratégica. Además, argumentaron que la fórmula del gobierno deja sin protección a más de 16.000 glaciares ubicados fuera de parques nacionales. Entre ellos los 4.200 emplazados en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, a pesar de constituir estos reservas de millones de metros cúbicos de agua congelada que respaldan la seguridad hídrica de las cuencas más áridas del país, proveen agua potable a las ciudades con mayor población nacional y permiten el riego del 80 por ciento de la producción agrícola y frutícola del país.
“Tanto el concepto relevante como significativo, que plantea la nueva propuesta del gobierno, va claramente en contra de lo que estábamos diciendo en el sentido de que todos los glaciares son relevantes y significativos” expresó en la ocasión la diputada PPD Cristina Girardi.
Por su parte, la diputada PC Camila Vallejo indicó que “alguien tendrá que definir qué es relevante y qué es significativo, y eso pasa por un reglamento o queda al arbitrio del Ejecutivo en el momento en que tenga que ir inventariando estos glaciares que consideren reserva estratégica”. “Nosotros somos de la idea que un glaciar por solo serlo, con las características que junto a su entorno define la ley, ya es estratégico y relevante en sí mismo, y constituye una reserva hídrica que para cualquier cuenca o población es muy importante desde el punto de vista estratégico. Pero el Ejecutivo tiene una aproximación distinta” puntualizó.
El rechazo trasversal a la propuesta del gobierno congeló la tramitación del articulo 2º del proyecto de ley, relativo a las definiciones. De esta forma se postergó para la primera semana de septiembre la resolución sobre esta materia, que ha sido definida como el corazón del proyecto de Ley de Protección de Glaciares. Para esa fecha, el Ejecutivo debiera llegar con una nueva propuesta que satisfaga lo planteado por los legisladores.
Al concluir la sesión, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, mostró un recuadro sobre la cantidad de glaciares que se encuentran en parques nacionales, que es lo único que el Ejecutivo propone proteger automáticamente por ley, denunciando que “todos los glaciares desde las regiones de Atacama al Maule, las más áridas de Chile, están fuera de parques nacionales. Por esta razón la propuesta del gobierno es errática, incoherente e inaceptable”.
La Ley de Protección de Glaciares corresponde a una moción parlamentaria ingresada a tramitación el 20 de mayo de 2014. Al día siguiente, en su mensaje al país del 21 de mayo, la propia presidenta Michelle Bachelet comprometió legislar para la protección de los glaciares y su entorno. Sin embargo, ya ha pasado un año y medio de aquello y sus ministros aún se resisten a concretar dicho compromiso.