El servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas admitió que las multas de 20 UTM a quienes infringen la ley son «irrisorias», y que recién en marzo el órgano amplió su dotación de fiscalizadores a 46 en el territorio nacional, cifra que continúa siendo «insuficiente», según palabras del jefe de la Unidad de Fiscalización, Marco Soto.
El Movimiento de Defensa por el Derecho al Agua y la Protección del Medio Ambiente (Modatima) asistió el lunes a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados para graficar la lucha que han tenido las comunidades del Valle de Petorca en contra del interminable robo de agua presente en la región y la escasa fiscalización ejercida por el Estado en esta materia.
A la sesión acudió también el subdirector de la Dirección General de Agua (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, Miguel Silva, quien reconoció debilidades en la institucionalidad existente en Chile para combatir la usurpación del vital recurso.
En este sentido, el funcionario admitió que las multas de 20 UTM a quienes infringen la ley son “irrisorias”, y que recién en marzo el órgano amplió su dotación de fiscalizadores a 46 en el territorio nacional, cifra que continúa siendo “insuficiente”, según palabras del jefe de la Unidad de Fiscalización, Marco Soto.
“Yo creo que está armado un dispositivo para favorecer el lucro y el robo con el agua… El anuncio presidencial que recibió la mayor ovación en el primer discurso del segundo mandato de Bachelet, fue cuando dijo que iba a hacer del agua un bien público. Todavía estamos esperando”, manifestó el ingeniero agrónomo Rodrigo Mundaca, de Modatima.
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Fuente: El Ciudadano