Informes del Instituto Nacional de Derechos Humano dan cuenta de la gravedad del conflicto socioambiental a raíz de la falta de agua. Las razones no sólo están en la naturaleza, ante la extrema sequía que afecta al territorio,sino en el modelo mercantil que permite lucrar con un recurso básico para la vida, además de las bajas multas que existen por robar el agua.
La provincia de La Ligua y Petorca se ha convertido en el símbolo nacional del conflicto por el agua en Chile. Autoridades, agricultores, parlamentarios y fiscalizadores reconocen que allí se han cometido errores que han agravado aún más la compleja situación que deben enfrentar los habitantes de las comunas y los agricultores de la zona. La escasez de agua ya no solo afecta el riego y la producción agrícola, sino que también el consumo humano, convirtiéndose en un tema trascendental para un país que no le da la importancia necesaria al recurso vital y que peor aún, mantiene un modelo mercantil que permite lucrar con ella.
Una muestra clara de esto, fue la última sesión de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, que este lunes analizó la situación de la provincia en profundidad, y donde la Dirección General de Aguas confirmó la revocación de todo los derechos provisionales de aguas que tenían bajo sobre otorgamiento al vital elemento en el territorio.
Sin embargo, fue la exposición del abogado del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, donde la constatación del grave incumplimiento por parte del Estado quedó de manifiesto gracias a la presentación de un informe elaborado por la misión de observación del organismo dedicada a la situación que se vive en el valle.
El documento dio cuenta de las falencias de la DGA como ente fiscalizador, aquejado por la falta de personal, el bajo número de denuncias y el bajo monto de las multas asociadas a los incumplimientos de la normativa vigente. Sin embargo, también revela que de las 447 denuncias presentadas entre 2010 y 2014, solo 71 de ellas fueron remitidas ante el Ministerio Público.
Los insuficientes esfuerzos del organismo estatal a la hora de fiscalizar, sin embargo, no son el origen del problema.
Según explicó Ljubetic a El Desconcierto, Chile posee al menos dos compromisos internacionales que lo obligan a modificar su marco normativo hacia uno que garantice el acceso al agua com parte de un derecho humano. Esto, en relación a la declaración hecha por la Asamble General de Naciones Unidas, que constituye al derecho al agua como uno que posibilita el pleno desarrollo de todo el resto de los derechos humanos.
Además, en el marco del Pacto de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales del cual Chile forma parte, se establecieron obligaciones para los estados que permitan legislaciones que garanticen el acceso al agua; aseguren el acceso físico sin discriminación alguna ; aseguren la seguridad de quienes acuden a obtener agua; y generen estrategias planes nacionales para velar por el cumplimiento del mandato central: respetar, proteger y garantizar el derecho al agua.
Según explicó Ljubetic, “las conclusiones en el caso de Petorca y La Ligua son bastante evidentes y contundentes”, ya que “las razones de la escasez hídrica no responden solamente a factores de orden natural, que tienen que ver con la sequía y las características a través de las cuales se nutre el valle de fuentes de agua, sino que también y sobre todo producto de la actividad humana”.
Ante dicha constatación, Ljubetic alerta que “la posibilidad de transar los derechos de agua en el mercado muestran lo vulnerable del actual marco normativo”.
“A pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado, la sensación a partir de las entrevistas realizadas a los diversos actores involucrados, es que el Estado ha fracasado en su función de fiscalización, en atención a que estas investigaciones finalmente no contribuyen a la indagación de responsables, de las causas o en avanzar en la solución de los problemas asociados al agua en la Provincia”, dice el informe del INDH al respecto.
Dicho documento advierte además la seria ineficiencia de la persecución penal en casos donde extrae ilegalmente agua. Luis Cortés Muñoz, fiscal de La Ligua, aseguró a los obseradores del INHD que “esto significa que, en definitiva, las causas de usurpación de agua, queda la impresión, de que se siguen en contra de los pequeños agricultores que son los que no tienen esta posibilidad de adquirir otros derechos”.
LOS CAMBIOS QUE VIENEN AL CÓDIGO
Una cosa está clara entre todos los actores: el Código de Aguas hay que cambiarlo. Bajo las recomendaciones del INDH y ante los compromisos internacionales, algunos parlamentarios de la comisión de recursos hídricos parecen determinados a consagrar al agua como un derecho prioritario. “Claramente, esto Chile no lo está haciendo. Hoy el agua es un bien económico, no un derecho”, afirmó la diputada del PPD, Cristina Girardi a El Desconcierto.
La parlamentaria consideró inaceptable que haya “gente que tiene los derechos pero no consume el agua, sino que la tranza en el mercado y especula con ello” y adelantó que para frenar esta situación, se le deben entregar más herramientas de fiscalización al Estado
“Para nosotros la prioridad debe estar centrada en el consumo humano. Pensamos que el Estado tiene que adecuarse a la declaración de la ONU”, explicó.
Girardi lamentó el retraso en la discusión que provocó la introducción de una indicación sustitutiva por parte del actual gobierno, y que “echó al tarro de la basura” un año de trabajo.
“Hay cosas que se recuperaron pero se podría haber avanzado. Estamos hablando de un tema que es urgente y el Estado hoy no puede intervenir bien en estos conflictos porque no tiene las herramientas legales”, fustigó la diputada.
Girardi aseguró que uno de los logros que se perdieron con el rediseño del proyecto fue la modificación a “las aguas del minero”, disposición que entrega los derechos de aprovechamiento a las mineras que encuentran nuevas fuentes subterráneas. ”Hoy día hay un retroceso en esto porque ellos no quisieron incluir esa indicación, y cuando nosotros la presentamos nuevamente, la perdimos y ahora estamos viendo cómo la reponemos”, comentó.
Finalmente, Girardi aseguró que solicitaron al Gobierno que otorgue suma urgencia a la discusión, “porque por el paso que vamos podemos estar eternamente, fácilmente este año y el próximo, votando artículo por artículo”, señaló.
SE SECA LA PACIENCIA DE LAS COMUNIDADES
En Petorca, en tanto, las soluciones son urgentes. Para Mónica Flores, miembro de del Movimiento de Defensa del Medio Ambiente, Modatima, resulta “desconcertante” que las autoridades aún no hayan reaccionado ante la publicación del informe del INDH.
“Es inexplicable y muy censurable lo que hacen de invisibilizar lo que allí se señala. Es como una burla a nuestra situación que no se tomen cartas en el asunto con suma urgencia. Esto lo venimos denunciando hace años y es sumamente relevante que instituciones autónomas, como el INDH, avalen nuestras denuncias y alerten a la comunidad nacional e internacional de lo que pasa en nuestra provincia, que es realmente insólito y va en contra de todo sentido común”, indicó a El Desconcierto.
Consultada por las dificultades para perseguir penalmente a los involucrado en la usurpación de aguas, Flores aseguró que no sólo esperan un aumento en las multas sino también en las penas asociadas.
“Nos parece insólito que se considere como una falta administrativa el robo de agua y cuando se infracciona, sólo tengan que pagar una multa.Hay grandes agrícolas que por robar agua tienen a localidades vecinas sin acceso al agua potable, porque se secan los pozos de los APR (agua potable rural) que abastecen a esas localidades; o hay localidades que no tienen agua, porque hay empresarios que se dedican a vender agua y nadie sabe si tienen permisos y derechos constituidos”, indicó.
“Es urgente que se aumenten significativamente las multas para el robo, sobre todo para el robo a gran escala,pero más importante aún que los ladrones de agua vayan a la cárcel. Entonces ahí la DGA tiene que mejorar la fiscalización y el sistema de denuncia, porque muchas veces la gente que denuncia es amenazada”, finalizó.
Revisa el informe del INDH a continuación: Informe INDH
Fuente: El Desconcierto