Han transcurrido 33 años desde la privatización de las aguas. La obra iniciada por la dictadura y profundizada con los gobiernos concertacionistas, mantiene hoy el control de las aguas de las principales ciudades de Chile en manos de grandes consorcios internacionales. A su vez, el 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas No Consuntivos, destinados básicamente para la generación de hidroelectricidad, están en manos de la italiana ENEL. El resto está en manos de transnacionales como AES Gener.
Hablar del agua es referirse al bien natural más importante para la vida humana, también el más importante para la vida de los otros seres vivos que habitan el planeta y en consecuencia, el más imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas, de las comunidades y las economías locales. Es por ello, y por su creciente importancia económica, que hoy no son pocos los que sostienen que el agua va a tener para el siglo XXI, la misma importancia que tuvo el petróleo para el desarrollo del siglo XX, y ya conocemos de sobra lo que esto ha significado en términos de acaparamiento, explotación, abusos y guerras.
Hoy vemos que los conflictos por el agua son cada día más frecuentes, y colocan en colisión dos miradas de ella que representan también dos opciones sociales y políticas frente al futuro de la humanidad y el planeta: la primera, que considera el agua como bien común y como un derecho humano fundamental que no puede ser apropiada por unos pocos, sino que cuidada, administrada/gestionada y puesta al servicio de la vida; versus una segunda, que la considera como un recurso y por tanto sólo la concibe desde una perspectiva económica al servicio de intereses particulares que buscan la acumulación de plusvalías y lucrar con su condición de esencialidad para la vida.
Por tanto, para situar y comprender el denominado “conflicto del agua” en Chile, es importante considerar este contexto y recurrir a la historia para poder analizarlo en el presente y proyectarlo en el futuro. En la década de los 70 y hasta fines de los 80, 18 de 20 países latinoamericanos estuvieron bajo dictaduras y regímenes autoritarios, los que, condicionados por los organismos internacionales como el Banco Mundial, y por una fuerte política de control de los Estados Unidos, fueron especialmente vulnerables a sus dictados, los que en rigor condicionaron su apoyo estratégico y económico a la instauración de un modelo de desarrollo neoliberal, que permitiera un fácil acceso de las corporaciones internacionales a los recursos naturales de éstos países.
ENTRA AL MERCADO
En Chile la privatización del agua data de 1981 y se enmarca en la promulgación por parte de la dictadura de una serie de leyes (la Constitución Política, Código Minero, Código de Aguas, Ley general de Educación, etc.) que facilitaron la instauración del modelo económico neoliberal. El Código de Aguas (1) formulado en 1981, y que después de 33 años se encuentra plenamente vigente, se caracteriza, en una primera derivada, por reconocer a las aguas como un bien público, pero también por otorgarles un carácter de bien económico, y por tanto facilitar la propiedad privada del mismo.
En una segunda derivada le transfiere al Estado la prerrogativa de ser éste, a través de la Dirección General de Aguas, quien concede Derechos de aprovechamiento de aguas con carácter gratuito y a perpetuidad a particulares, otorgándoles de facto su propiedad, lo que es amparado por la Constitución Política de 1980, que en su artículo 19, numeral 24, consagra la propiedad privada del agua. En consecuencia, este derecho de aprovechamiento es un derecho real, que se incorpora al patrimonio de los particulares, y por ende, se transforma en un “recurso” con el que pueden concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua.
Del mismo modo, y en una tercera derivada, el Código de Aguas se encarga de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, dando origen al mercado del agua y la irracionalidad de que hoy existan campesinos con tierra pero sin agua para hacerla producir, mientras que otros que poseen derechos sobre ella, se encuentran en oficinas distantes cientos o miles de kilómetros del campo y las tierras.
Como cuarta derivada, habría que destacar la creación de dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas, Aguas Consuntivas y Aguas No Consuntivas, las que en rigor se diferencian por la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río; sin embargo, en el mercado, esta diferencia no siempre es tan clara, ejemplo de esto es el convenio firmado en la región Metropolitana entre la empresa Sanitaria Aguas Andinas, que le concede parte de sus derechos de agua Consuntivos a una empresa estadounidense, AES Gener, para que esta produzca posteriormente energía para la empresa minera Los Pelambres, situada en la región de Coquimbo (IV región), y cuyos dueños son el grupo económico Luksic (2).
DISPERSIÓN DE SERVICIOS
Como complemento, es necesario destacar además que la institucionalidad existente en materia de aguas en Chile se encuentra dispersa en muchos servicios carentes de competencias y facultades para velar por el buen uso de las mismas y controlar que quienes tienen su dominio la usen acorde a los parámetros y cantidades otorgadas. Esto ha quedado claro en múltiples oportunidades en que las comunidades (como en el caso del río Ligua y Petorca) se han visto afectadas por la extracción descontrolada por parte de empresas y personas que poseen gran cantidad de derechos en las zonas en cuestión, en donde la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que tiene las funciones de asignar los derechos de aguas y fiscalizar su buen uso, no ha tenido la dotación de personal fiscalizador necesario, ni las herramientas legales para cumplir con estas funciones. Por ejemplo, la usurpación de aguas en Chile es tipificada como una falta administrativa que implica multas irrisorias, en muchos casos más convenientes de ser pagadas, que adquirir los derechos de agua, y que además es muy difícil de probar, dejando a los afectados sin posibilidad de solución (3).
A todo lo anterior habría que señalar que la única reforma importante que se ha realizado al Código de Aguas de la dictadura quedó refrendada en el 2005, reforma que estableció el pago de multas por “no uso de derechos de aprovechamiento de aguas”. Esta reforma que inicialmente se consideró un avance, en la práctica se encargo de favorecer la concentración de derechos y de incentivar el negocio del agua, lo que se confirmó, a propósito de un trabajo encomendado por Sebastián Piñera al Banco Mundial sobre la situación hídrica nacional (2011), cuyo informe, sostiene que entre los años 2005-2008 se realizaron en Chile 20 mil transacciones de derechos de aguas por un monto equivalente a 4,8 billones de dólares (4).
En la actualidad, los derechos de aprovechamiento de aguas Consuntivos se distribuyen en un 73% para el sector Agrícola (principalmente agroindustrias), 12% sector Industrial, 9% sector Minero y el 6% restante concentrado en las empresas sanitarias. Sin embargo muchos de los derechos consignados como agrícolas están siendo comprados y puesto al servicio de la actividad minera, en especial en los valles más frágiles y más dependientes del agua para sus ecosistemas y economías locales como en los casos de los valles del Huasco, Loa, Choapa y Lluta.
El modelo privado de aguas tiene su génesis en la dictadura, sin embargo es necesario destacar que el modelo de lucro y usura con el agua fue perfeccionado durante los gobiernos de la Concertación, en particular durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien en 1997 inició el proceso de privatización de las empresas sanitarias, conservando solo el 35% de la propiedad como pública, todo esto con el fin de tener una mayor cobertura y una mejor gestión, lo que sin embargo se ha traducido básicamente en un aumento considerable de los costos para los usuarios (cerca del 200% según Odecu) y por ende altas ganancias para las empresas (5), sin significar mejoras sustantivas en las áreas que se pretendía, debido al alto desarrollo con que ya contaban las empresas al momento de su privatización (sólo en el caso de la cobertura de tratamiento de aguas los indicadores han mejorado significativamente).
En el mismo año los presidentes Frei en Antofagasta y Eduardo Menem en San Juan, Argentina, firmaron el Tratado Binacional Minero, en virtud del cual se entregan las nacientes de las cuencas hidrográficas a la megaminería, lo que afecta fuertemente la vida y actividades dependientes de este bien “aguas abajo”.
Como corolario habría que destacar que durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Sebastián Piñera se concluyó con el proceso privatizador de las empresas sanitarias al entregar al mercado el 35% restante que estaba en manos de Corfo, lo que ha significado una gran perdida económica para el país, a pesar de lo manifestado por las autoridades.
Para ilustrar esta situación habría que señalar -por ejemplo- que en octubre del 2011, las acciones de Aguas Andinas vendidas en julio del mismo año por parte del gobierno del presidente Piñera, acumularon un alza de 40 pesos por acción, lo que significó una pérdida para el Estado de 153 millones de dólares en solo tres meses.
CAPITALES TRANSNACIONALES
Todo este proceso privatizador de aguas ha significado que su control hoy esté en manos de unos pocos, en su mayoría grandes consorcios internacionales. Por ejemplo en el caso de las sanitarias, Aguas Andina que provee de agua potable la Región Metropolitana, es de propiedad del grupo Suez (francés).
Esval y Esbbio, empresas sanitarias que proveen de agua potable a las regiones de Valparaíso y Concepción respectivamente, son de propiedad de una administradora de los fondos de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá), es decir, las tres principales ciudades del país, Santiago, Valparaíso y Concepción, hoy son provistas de agua potable por empresas extranjeras.
En relación a los derechos de aprovechamiento de aguas No Consuntivos, destinados básicamente para la generación de hidroelectricidad, el 81% de estos derechos se encuentran en la actualidad en manos de ENEL, una empresa público-privada de origen italiano, y el % restante, en manos de otras empresas transnacionales como AES Gener (Estados Unidos).
Para nadie es un misterio que los conflictos por el agua en Chile se encuentran extendidos desde Arica-Parinacota hasta Magallanes. Los discursos técnicos e institucionales nos hablan cada día más de una situación de escasez hídrica, con una desertificación que afecta hoy a dos tercios del país. En ese contexto, los gobiernos de la Concertación y la Alianza, han optado por una política de aguas que privilegia los usos económicos por sobre el acceso de las poblaciones y la mantención de sus medios de vida; sin embargo, para las comunidades afectadas es claro que, a pesar de la disminución de la provisión de aguas, el problema está básicamente en la excesiva concentración de la propiedad y en la gestión de ésta que ha superpuesto el interés privado asociado a la explotación intensiva e irracional de los recursos hídricos con fines comerciales versus la necesidad de agua potable de la población y la pervivencia de los ecosistemas.
CIUDADANÍA MOVILIZADA
Las movilizaciones nacionales por el agua de abril del 2013 y 2014 han mostrado la existencia de una ciudadanía cada vez más consciente y alerta a defender sus aguas, ya que no solo sienten que son sus vidas las amenazadas, sino también sus costumbres, formas de producción, sus manifestaciones simbólicas y culturales que han estado intrínsecamente ligadas a las aguas. También han demostrado que los diferentes gobiernos no han tenido ni la sensibilidad ni el coraje político para hacerse cargo de este tema, a pesar de que han tenido consciencia de él, lo que queda demostrado en los más de 20 proyectos presentados durante estos años para modificar tanto el Código de Aguas, como el articulo 19 de la Constitución, los que finalmente no han llegado a nada.
Han transcurrido 33 años desde la privatización de las aguas, más de tres décadas de lucro y usura, y la dialéctica propia de la lucha por el agua en los territorios, hoy instalada nacionalmente, no ha estado ajena a los anuncios presidenciales de Bachelet, en este su segundo mandato. Es así que en su primer discurso presidencial de mayo del 2014, y mientras muchos de nosotros/as marchábamos por las calles de Valparaíso, el anuncio más ovacionado en el hemiciclo fue cuando expresó su voluntad de hacer de las aguas “un bien nacional de uso público”. Esto se tradujo posteriormente en el nombramiento de un Delegado Presidencial de Recursos Hídricos, que se encargaría en 100 días de hacer un diagnóstico de la realidad del agua en Chile, cuestión que para las comunidades aparece como irrisorio ya que ellas sienten que el diagnóstico ya está hecho y es representado por ellas mismas.
En este periodo, diversas voces desde la institucionalidad han comenzado a dar luces sobre las medidas que serán propuestas, en rigor, limitar el ejercicio de derechos de agua en condiciones de litigio, sequía o especulación, hasta cambiar el concepto de derecho de aprovechamiento por el de concesión; concesión que en palabras del delegado presidencial para los recursos hídricos se entregaría a 30 años pero solo sería efectiva para el 10% del agua que falta por entregar, sin alterar la perpetuidad del 90% de los derechos de agua ya entregados. Del mismo modo han hablado de caducidades para las concesiones futuras de agua y también del pago de royalty por volumen de agua empleada. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas han entrado a discusión en el Congreso por lo que aún están en el plano de la especulación. Se ha señalado además que una reforma a la Constitución que derogue el artículo 19, numeral 24, y que consagra la propiedad privada del agua, es de difícil trámite toda vez que requeriría de quórum calificado, es decir 3/5 partes de votos a favor en el Congreso.
Nos parece evidente que el gobierno de Bachelet soslaya el problema de fondo, ya que solo nos habla de gestión y limitar el ejercicio de derechos, sin considerar las causas estructurales que determinan el problema, y que obviamente están ligadas a un modelo de desarrollo y a una opción política que en materia de aguas se caracteriza por privatizar las utilidades y socializar las pérdidas.
LAS DEMANDAS
Las comunidades organizadas en distintas plataformas y confluyentes en las Marchas por la Defensa del Agua y la Vida hemos construido una mirada común que visualiza el problema del agua, en primer lugar, como una cuestión de poder social, que se conecta además con un cambio necesario de paradigma que incorpore y valore las miradas de las comunidades, de los territorios y los pueblos originarios que estamos permanentemente ausentes de todas las decisiones de las autoridades.
Las demandas construidas desde ahí son: Fin al lucro con el agua, ya que un bien tan esencial para la vida no puede estar al arbitrio ni al servicio de unos pocos que privilegian la obtención de ganancias por sobre la vida; recuperar el agua para las comunidades y los territorios, ya que la gestión de éstas no puede ser realizada desde fuera sin considerar las decisiones y prioridades que los habitantes del sector le asignan; el agua como Bien Común y Derecho Humano, ya que ésta debe estar al servicio de la vida, de los ecosistemas y no puede ser considerada un recurso desligándola de los sentidos y significados más profundos que ésta tiene para los seres humanos desde sus aspectos biológicos y simbólicos; la derogación de los instrumentos privatizadores y nueva institucionalidad hídrica, ya que no basta con reformar un código o cambiar algunos articulados, pues toda la institucionalidad esta al servicio de una comprensión del agua como un “recurso” y de facilitar su uso para fines económicos; protección de glaciares y Leyes para la Vida, ya que en un escenario de disminución de aguas y aumento de población no podemos poner en riesgo la fuente misma desde donde escurre, ni menos considerar que su uso esta sólo al servicio del ser humano ya que sin el resto de la vida nosotros/as tampoco podemos existir; por último, fin de la criminalización de los que luchan por agua, pues quienes defienden la vida no pueden ser considerados enemigos por oponerse a una mirada que privilegia las empresas, ni menos por denunciar con fuerza y convicción lo que las autoridades y los medios de comunicación ocultan.
Hoy las comunidades organizadas han apuntado directamente a terminar con los abusos, a recuperar el agua para las comunidades y los territorios, denunciando las indignas condiciones en que hombres y mujeres privados de agua viven, como en Ligua/Petorca en donde muchas y muchos deben realizar sus necesidades en bolsas plásticas, bañarse por presas o finalmente recibir agua desde camiones aljibes, cuestión que se encuentra absolutamente naturalizada, incluso en zonas con grandes niveles de lluvias como en el sur de Chile. Chile hoy no tiene soberanía ni control público sobre el bien natural más importante para la vida, para todas las vidas. El agua es de propiedad de empresas agroexportadoras, mineras, forestales, hidroeléctricas y la provisión de agua potable de la población se encuentra en manos de grandes transnacionales. Comprar, vender o arrendar agua es un negocio que se encuentra librado al mercado, y donde el Estado es absolutamente prescindente, ya que ni siquiera garantiza la provisión de agua potable a su población, aspecto confirmado por los informes en materia de Derechos Humanos realizados en 2013 por la Universidad Diego Portales (6) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, respectivamente (7).
Por ello creemos esencial destacar que nuestra lucha es por la recuperación del agua para los pueblos y comunidades y no simplemente una nacionalización que la devuelva a manos de un Estado, en que la gestión de ella quede al arbitrio del signo político o los intereses de turno.
Recuperar el agua no es una utopía, en América Latina ya hay dos procesos de recuperación del agua como bien público: la Guerra por el Agua desarrollada en la ciudad de Cochabamba (2000), experiencia de lucha social que contribuyó finalmente a rescindir el contrato de aguas Illimani, empresa filial del grupo Suez, que suministraba agua y servicios de saneamiento a la población boliviana por una cifra anual de 25 millones de dólares desde 1997; y una segunda, el Referéndum del 31 de octubre de 2004 en Uruguay, donde la población a través de sus votos, decidió consagrar en la Constitución que el agua no se puede privatizar. Dos caminos distintos, dos experiencias de recuperación que nos dan ejemplo y motivación para seguir con esta lucha.
La lucha por la recuperación del agua se encuentra instalada en Chile, quizás aún atomizada y manifestada en movimientos locales, los que sin embargo están cada día más conscientes de la necesidad de una mirada más integral y colectiva.
La forma que adopte finalmente, va a depender en gran medida de la capacidad de los movimientos sociales que la defienden para compartir sus miradas y del grado de comprensión y madurez que alcance la población. Mientras, seguiremos declarando que la lucha por la recuperación del agua es una lucha en defensa de la vida, y en ese empeño, en ese tránsito, llegaremos hasta el final.
César Correa Valenzuela* & Rodrigo Mundaca Cabrera**
* Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación.
** Secretario general del Movimiento de Defensa por el Derecho al Agua y Protección del Medioambiente (Modatima).
NOTAS:
1. Código de Aguas, agosto de 1981
2. Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, agosto 2014
3. MODATIMA, Usurpación de Aguas en Petorca, agosto 2014
4. Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos, Banco Mundial, marzo 2011
5. Organización de Consumidores, noviembre 2009
6. Informe Anual de DDHH, Universidad Diego Portales, octubre 2013
7. Informe anual de DDHH., Instituto Nacional de Derechos Humanos, diciembre 2013