Parte del petitorio de la comunidad incluye infraestructura hídrica, vial, comunitaria, desarrollo humano local, espacios ceremoniales, proyectos energéticos y turísticos, todos para revitalizar y reimpulsar la localidad.
Los dirigentes y la comunidad de Chusmiza Usmagama lograron un acuerdo amistoso con las autoridades regionales por la reivindicación y compensación en algunos aspectos que para ellos son vitales: turismo, étnicos, productivos (planta de aguas termales), reposición de cursos hídricos y repoblamiento.
El conflicto surge el año 1983, cuando se le otorga a una empresa embotelladora de agua termal derechos de uso de agua en perjuicio de las comunidades. Luego de años de litigio, la Corte suprema falló a favor de las comunidades y el año 2009 le reconoce a la comunidad Chusmiza Usmagama el derecho ancestral sobre las aguas.
De esta manera, durante el año 2011 se inician una serie de reuniones entre instituciones gubernamentales y la comunidad indígena Chusmiza Usmagama, con la finalidad de conocer un petitorio de la comunidad orientado a financiar un Plan de Desarrollo Estratégico Sustentable, como una forma de reparación.
“Lo que está ocurriendo aquí es un hito en la historia de la relaciones de las comunidades indígenas y el Estado de Chile. Este será un proceso que llevará nuestra Seremi en razón de que se cumpla el mandato de la Presidenta Bachelet y además de generar las confianzas necesarias con la comunidad, y eso dará a través del trabajo que desarrollaremos con las demás autoridades ministeriales y regionales”, señaló la seremi de Desarrollo Social, Mariela Basualto.
Parte del petitorio de la comunidad incluye infraestructura hídrica, vial, comunitaria, desarrollo humano local, espacios ceremoniales, proyectos energéticos y turísticos, todos para revitalizar y reimpulsar la localidad.
“Quiero agradecer la presencia de los delegados ministeriales y autoridades locales ante el requerimiento de tantos años de nuestra comunidad, solicitada a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se han fijado plazos que se deben cumplir. Todos tenemos derecho a progresar y por eso en conjunto vamos a trabajar”, comentó Teodoro Papic, presidente de la comunidad.
Entre los acuerdos destacan la contratación de profesionales con el objeto de valorar las compensaciones que demanda la comunidad. Será Desarrollo Social, en conjunto con los servicios públicos, los que evaluarán el petitorio. Habrá un plazo de 60 días, desde la contratación del personal, para desarrollar el Plan de Desarrollo Estratégico.
En la jornada participaron Daniel Neculpan, de Asuntos Indígenas, del Ministerio de Desarrollo Social, Patricio Ulloa, del Ministerio del Interior, el Gobernador del Tamrugal, los seremis de obras públicas, bienes nacionales y agricultura, además de los directores de servicios.