Si bien, el espectro de recursos naturales utilizados para el desarrollo industrial es surtido y limitado, sabemos la importancia adquirida por el recurso hídrico, contemplado en casi todas las faenas actuales de producción industrial, ya sea en la producción de alimentos, minería, energía y consumo humano. Es por esto que en la actualidad es conocido como uno de los recursos naturales estratégicos más importantes para el desarrollo humano, y como no, para la subsistencia de todo tipo de organismo vivo y ecosistema.
Necesitamos con urgencia un nuevo marco regulatorio donde la soberanía del estado sobre el recurso hídrico regule el operar de la mega industria.
En la actualidad nacional el recurso hídrico ha tenido importancia sustancial en materia social, cultural e industrial, donde lamentablemente la desregulada intención y ejecución de políticas privatizadoras han “encausado” su uso en derechos facilitados en su mayoría a grandes grupos agrícolas, empresas energéticas y mineras, despojando a comunidades indígenas de sus derechos ancestrales adquiridos por cientos de años y a poblaciones completas al asedio de una mala distribución en el consumo, agregando paupérrimas condiciones de calidad en materia sanitaria y exposición a contaminantes.
La utilización del recurso hídrico en Chile, y su hegemonía en el desarrollo humano e industrial ha llevado en la última década a una serie de eventos donde la privatización y capitalización del agua convocan, no solo a capitales nacionales y estatales, sino también a grupos accionistas de todo el mundo, destacando con un dominio relevante a España y Reino Unido solo en el sector sanitario. La privatización de los derechos de agua y servicios sanitarios ha contemplado una aumento radicalizado a comienzos de este siglo, destacando que el 83% de este último se encuentra en manos del sector privado, agregando que el 81% de los derechos de agua no consuntivos, en el año 2002), pertenecían a la empresa hispano-italiana ENDESA (Sohr 2012, p 81). Por esta razón crece la preocupación por la distribución y utilización equitativa del recurso natural, entendiendo que el estado no ha patrocinado políticas que fortalezcan la pertenencia sustentable y descentralizada de los recursos hídricos, que dicho sea de paso, terminan siendo fundamentales para el desarrollo tanto económico como cultural de un país, sino mas bien, desprendiéndose del poco control estatal que en el año 2012 culminó con la venta de todas las acciones que el estado mantenía, donde se destaca el 35% en Aguas Andinas, 29% en Esval; 45% en Essal, y 43% en Essbio1.
La adquisición de derechos de agua facilitados a lo largo del régimen militar y post dictadura para capital privado ha generado una serie de conflictos étnico-empresariales que en su mayoría se mantienen en la zona norte y sur del país. Por una parte, las empresas de la gran industria minera en el norte han acaparado gran parte de los derechos de agua de los más importantes ríos de ese sector, obligando a las comunidades indígenas como los diaguitas, aymaras y collas a luchar por sus derechos ancestrales ante los tribunales de justicia nacional como también ante instituciones internacionales, destacando la gran cantidad de conflictos por derechos de aguas en el rio loa y sus afluentes, que año a año son explotadas por los mega proyectos mineros que se ubican en esa zona del país, haciendo escasear el agua para consumo humano en pueblos cercanos y riego de cultivos que sustentan a las comunidades indígenas del sector (Yáñez 2013).
Las empresas de generación de electricidad hidroeléctricas, productoras de celulosa, forestales y piscicultoras han dado la tónica en materias de conflicto por derechos de agua en el sur del país, teniendo un comportamiento similar a las mineras en temas de acaparamiento de derechos y utilización de aguas en ríos y canales, destacando en su gran medida el uso de aguas para riego de especies exóticas de arboles, siendo el sector agrícola y forestal los más importantes en la propiedad de derechos consuntivos ,que para el año 1996 demandaban el 81% del agua designada en derechos de agua, sin dejar de lado la gran industria especializada en la producción de peces para la exportación en su mayoría (Sanhueza 2013).
Por otro lado, las empresas de generación de energía hidroeléctrica han estado directamente relacionadas a la centralización de los derechos de agua en el sector privado, aclarando que el grupo con mayor capacidad de generación eléctrica (ENDESA con casi el 55% del SIC) es también uno de los propietarios de más del 80% de los derechos de agua no consuntivos del país (Matus 2004, p 26)., dejando en claro la insolente despreocupación por generar competitividad y diversificación en la producción y distribución de energía en el país, insolencia que justifica la monopolización en la gestión de de nuestros recursos y que demanda con urgencia un nuevo marco regulatorio donde la soberanía del estado sobre el recurso hídrico regule el operar de la mega industria.
1 http://radio.uchile.cl/2013/01/25/privatizacion-del-agua-un-buen-negocio-para-chile.
Referencias
Matus, N., Fernández, B., Aedo, M., Larraín, S. (2004). RECURSOS HÍDRICOS EN CHILE:Desafíos para la Sustentabilidad. Programa Chile Sustentable. Primera edición, editorial LOM. Santiago, Chile.
SOHR, R. (2012). “Chile a ciegas: la triste realidad de nuestro modelo energético”. Editorial debate. Santiago, Chile.
YAÑEZ, N (2011). “Las aguas indígenas en chile”. Editorial LOM. Santiago, Chile.
SANHUEZA, C. (2013). “No nos toman en cuenta: pueblos indígenas y consulta previa en las pisciculturas de la Araucanía”. Ediciones UDP, Santiago, Chile.