Podemos esperar que Bachelet tramite y ponga en vigencia una serie de iniciativas en esta materia, pero nada asegura que su gobierno coloque los derechos de los chilenos por sobre los intereses de las empresas.
EL GOBIERNO de Bachelet inicia su gestión en el contexto de profundos y variados conflictos socioambientales, que involucran comunidades locales frente a megaemprendimientos mineros, energéticos, forestales y agroindustriales, como Pascua Lama, Andina 244, HidroAysén, Alto Maipo, Celulosa Arauco y Agrosuper-Freirina, algunos de los cuales fueron aprobados en su gobierno. También enfrenta una sociedad que reclama el ejercicio de sus derechos y que ha logrado cuestionar la probidad de la gestión ambiental gubernamental ante los tribunales de justicia. Por esta razón, el primer desafío de su gobierno debería ser devolver la legitimidad a la reciente institucionalidad ambiental aprobada durante su anterior mandato.
Este desafío es reconocido en su programa, que propone diagnosticar el sistema de evaluación ambiental e impulsar cambios que aseguren la credibilidad en este ámbito institucional. Su propuesta también reconoce que debe abordar un ordenamiento del territorio nacional, donde la sociedad -en forma participativa y descentralizada- defina los proyectos a desarrollar en cada territorio, para asegurar “un nuevo equilibrio entre los requerimientos del crecimiento económico, las necesidades de las comunidades y el respeto y cuidado del medioambiente”. Respecto de los territorios indígenas, Bachelet compromete adecuar la regulación vigente a las normas del Convenio 169 y velar por su implementación.
En contraposición a las propuestas de soberanía de las comunidades sobre los recursos naturales y territorios, para el sector minero plantea “fomentar la explotación y beneficio de toda clase de minerales existentes en el país” como vía para promover el poblamiento del interior de las regiones del norte y disminuir la pobreza, cuando es precisamente la explotación desmedida la que ha degradado tierras y aguas, expulsando a las comunidades de sus territorios, con impactos que hoy se litigan en cortes nacionales e internacionales.
El mismo tono expresan otras propuestas referentes al desarrollo energético y productivo, donde la Presidenta no plantea ninguna reforma estructural que permita asegurar a la sociedad chilena su participación en la definición de los proyectos a desarrollar en cada territorio. En ámbitos como los recursos hídricos -aunque su anterior gobierno envió a tramitación una reforma constitucional-, de forma insólita su programa se restringe a crear una comisión que estudie la materia.
Por esta razón, podemos esperar que Bachelet tramite y ponga en vigencia el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas, envíe al Congreso una ley para la gestión integral de residuos o revierta el retraso en la descontaminación del aire, pero nada asegura que su gobierno realmente ponga los derechos de los chilenos y de las comunidades locales por sobre los intereses de las empresas.
Chile tiene muchos asuntos pendientes en la implementación de políticas públicas en base al ejercicio de los derechos socioambientales, políticos y culturales y las acciones nunca han estado a la altura de los discursos. No obstante, la sociedad chilena “fortalecida”, como reza el mantra vigente, seguirá movilizándose por esos derechos como única base de convivencia y sustentabilidad democrática a la que aspiramos.