Organizaciones de agricultores preparan acciones legales y administrativas:
El 6 de marzo -cinco días antes del cambio de mando- la Dirección General de Aguas retiró derechos provisionales en el Valle de Petorca a las sociedades agrícolas de Edmundo Pérez Yoma y otros 25 agricultores. ¿Seguirá esta política con las nuevas autoridades? “No vamos a renunciar a ninguna de las herramientas del Estado”, señaló el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.
Cinco años de sequía severa y cinco años de acusaciones cruzadas entre grandes agricultores, autoridades locales y organizaciones de pequeños y medianos regantes por usurpación de aguas, derechos mal habidos y tráfico de influencias. Camiones aljibe por doquier, marchas por la nacionalización del agua, vecinos divididos entre los que apoyan la expansión del agro y los que adhieren a las ONG y activistas que se movilizan en contra del negocio agrícola.
Esa es la situación en los valles de Petorca y La Ligua, donde se produce el 67% de las paltas del país y donde la disponibilidad de agua para esta actividad parece cada vez más incierta: el 6 de marzo -cinco días antes del cambio de mando- el entonces director general de Aguas (DGA), Francisco Echeverría, firmó una resolución que retira todos los derechos de agua provisionales en esa zona (1.057 litros por segundo, equivalentes a 2.000 hectáreas de riego por goteo) que estaban en algunos casos desde 2004 en manos de 25 sociedades agrícolas del sector. Solo falta que la Contraloría tome razón para que la resolución entre en vigencia.
Lejos de pretender revertir esta situación, las autoridades entrantes no descartan tomar medidas similares si es necesario en otras zonas afectadas por la sequía. Los derechos de agua provisionales se extienden desde Coquimbo hasta El Maule y el Gobierno anunció que revisará la situación de todas las cuencas para cerciorarse de que no estén sobreexplotadas.
“En escenarios de escasez hídrica es necesario hacer la revisión cuenca por cuenca. No vamos a renunciar a ninguna de las herramientas del Estado, pero las vamos a usar con prudencia y escuchando a todos los actores”, adelantó el ministro de Obras Públicas (MOP), Alberto Undurraga.
Segunda vez que se toma esta medida
La primera vez que se retiraron derechos de agua transitorios fue en 2008 y afectó a 20 agricultores de Copiapó.
Esta vez, los derechos retirados en Petorca equivalen al 8,4% del total de derechos de agua de esa zona, considerando aguas provisionales y permanentes. Entre los afectados, destacan la sociedad Agrícola Cóndor, perteneciente al ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma (DC), y la sociedad Graneros, de la familia Jünemann.
La decisión generó alarma entre los agricultores no solo por sus efectos puntuales en La Ligua y Petorca, sino también porque abrió el debate en otras zonas del país (ver recuadro).
¿Sirve de algo a esta altura?
Según el ex director de la DGA y socio del Estudio Puga y Ortiz, Rodrigo Weisner -quien ha asesorado a Pérez Yoma en materias vinculadas con derechos de agua- la decisión que adoptó el gobierno de Sebastián Piñera tiene un componente más político que técnico, pues en la práctica no liberará ni un solo litro de agua para los habitantes de la zona. Lo único que se consigue, señala, es un efecto mediático justamente en una zona donde operan organizaciones que abogan por la nacionalización del agua, como el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua (Modatima).
Es tan severa la sequía -dice Weisner- que de los 1.057 litros por segundo que se retiraron, no más del 10% estaba siendo utilizado por los agricultores, simplemente porque no hay agua disponible en los acuíferos. Son derechos que solo existen en el papel.
Lo que sí se logra con esta decisión, señala Weisner, es poner límites a la posibilidad de expansión del agro en la zona, puesto que esos derechos provisionales se usan como respaldo para inversiones futuras: “Ahora no va a cambiar nada, pero si llega la lluvia y hay excedentes de agua, los agricultores no van a poder invertir porque no van a tener derechos de respaldo, va a haber agua y no la van a poder usar”, dice.
Si la Contraloría da luz verde a esta resolución, adelanta Weisner, algunos agricultores recurrirán a la justicia, sobre todo porque la resolución es jurídicamente incorrecta: se establece que los derechos transitorios causan perjuicios a quienes tienen derechos definitivos, cuando en realidad la escasez se debe a la sequía, señala.
El presidente de AgroPetorca -gremio que agrupa a los principales productores de la zona-, Gonzalo Merino, también rechaza el retiro de aguas y cree que este debate se zanjará en tribunales: “Este tipo de medidas son unos guadañazos, sin conversación, sin diálogo, que lo único que hacen es generar incertidumbre. Se va a evaluar si vale la pena o no pelear esto administrativamente o jurídicamente”, dice.
La sequía en Petorca y La Ligua ha hecho que las plantaciones de frutales -principalmente paltos- se reduzca drásticamente. Según estimaciones de AgroPetorca, antes de la sequía en Petorca llegó a haber ocho mil hectáreas de paltos, de las cuales quedan 400. Y en La Ligua, las 15 mil hectáreas que los productores llegaron a tener se redujeron 30%, hasta solo 10.500 hectáreas.
PESE A LA INVERSIÓN en tranques y riego tecnificado, en la zona de Petorca quedan solo unas 400 hectáreas de paltos.
MOP prepara reforma constitucional para que el agua sea un bien de uso público
Junto con la revisión de los derechos de agua entregados en cuencas afectadas por la sequía, el MOP seguirá con el programa de construcción de embalses que se inició durante los gobiernos anteriores. Según Alberto Undurraga, hay un programa de 16 embalses y, de ellos, tres están listos para llamar a licitación y el resto en fase de diseño y estudios de prefactibilidad.
Otros cuatro embalses que se comenzarona a construir durante la administración anterior están en operación, pero con obras complementarias pendientes.
Además, se revisará la institucionalidad en materia de aguas: “Hoy existen 102 funciones relativas al agua repartidas en 43 actores distintos. Eso hay que simplificarlo”, señala.
La medida de largo plazo más importante, dice Undurraga, es impulsar la reforma constitucional para que el agua sea bien de uso público.
Zonas agrícolas en sequía llegan hasta Maule
A la fecha, existen decretos de escasez hídrica desde la Cuarta hasta la Séptima Región. Las zonas más afectadas son La Higuera, La Serena, Vicuña, Ovalle, Punitaqui, Combarbalá, Canela, Illapel, Salamanca, Los Vilos, Los Andes, San Felipe, Petorca, Vichuquén, Cuenca del Río Laja, , Pelluhue, Chanco, Cauquenes, Curepto, San Javier, Empedrado, Constitución, Pencahue, Licantén, Rauco, Sagrada Familia, Hualañé, San Clemente, Pelarco, Río Claro, San Rafael, Talca, Maule, Colbún, Yerbas Buenas, Villa Alegre, Linares y Longaví.
Fuente:El Mercurio/Pablo Obregón Castro