Por David Rubinstein, El Ciudadano
Así lo han declarado los dirigentes del Consejo de Defensa de la Patagonia, a raíz de diversas declaraciones, campaña del terror y jugosas donaciones a campañas políticas.
Dirigentes del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) cuestionaron lo que consideran un “descarado lobby” por parte de los ejecutivos de HidroAysén para que el Comité de Ministros dirima a favor de la empresa las numerosas reclamaciones presentadas en contra de la resolución de calificación ambiental (RCA), antes del término de la actual administración, esperando que con ello termine la indefinición en que se mantiene el proyecto.
“Cuando el vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández expresa que están ‘(…) apoyando la gestión para que el Comité de Ministros resuelva de manera apropiada’ se manifiesta públicamente un intervencionismo empresarial que compromete al gobierno, porque pareciera que están en un diálogo directo con éste y que tienen la capacidad de influenciar sus decisiones”, expresó el presidente deEcosistemas y coordinador internacional del Comité en Defensa de la Patagonia, Juan Pablo Orrego.
De esta manera y para fiscalizar el proceso, el CDP solicitó en octubre, por Ley de Transparencia, la agenda de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y del nuevo director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Ricardo Irarrázabal, ya que en la organización consideran que “si aún no ha recibido a las organizaciones del Comité y otras agrupaciones de la sociedad civil que han presentado reclamaciones, tampoco debiera haberlo hecho con los directivos y representantes de las empresas proponentes del proyecto hidroeléctrico”.
El Comité por la Defensa de la Patagonia señala que en estas últimas semanas, no sólo el ejecutivo deHidroAysén ha hecho reiteradas declaraciones en medios nacionales para presionar indebidamente al gobierno sino también Bernardo Matte, director de Colbún, quien manifestó: “Espero que la política de acuerdos resurja en este país”, agregando que de lo contrario “probablemente vamos a seguir dependiendo del carbón”, exhibiendo una vez más su conocida campaña del terror en el sector eléctrico, sin referirse al exclusivo interés en su negocio.
La insistencia de HidroAysén está directamente relacionada, a juicio de la ONG, con las millonarias donaciones que las empresas involucradas en el proyecto, Colbún y Endesa, han efectuado a las campañas políticas este año, que según la reciente investigación de CIPER asciende a $1.915 millones y sitúa al consorcio eléctrico entre los mayores “financistas” de campañas electorales. “Por eso ese aporte resulta clave para grandes compañías, como el grupo Enersis, que tienen pendientes millonarios proyectos como HidroAysén. El complejo hidroeléctrico se encuentra detenido a la espera de ser visado por el Consejo de Ministros y aún debe someter a tramitación su línea de transmisión.
Para los representantes del Comité por la Defensa de la Patagonia, la ansiedad de quienes están detrás de HidroAysén se debe a las inversiones ya realizadas para el proyecto y a que el cronograma original de la empresa está atrasado. La empresa esperaba comenzar la construcción de la primera central en 2008, sin embargo la masiva presión social y movimientos ciudadanos, tanto en Chile como en el extranjero, que ha provocado la intención de instalar grandes represas en la Patagonia, hasta el momento ha impedido su materialización. “Es evidente que ningún gobierno quiere pagar el costo político de aprobar definitivamente las cinco (5) represas en los ríos Baker y Pascua de Aysén”, puntualizaron desde el organismo en defensa de la Patagonia.