Contaminación tóxica de Celco Licancel en el río Mataquito

Chile Sustentable.

El río Mataquito, en la Región del Maule, nace en Sagrada Familia al oeste de la ciudad de Curico y desemboca en el Océano Pacifico, al sur del poblado de Iloca.

La empresa Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) posee una veintena de emprendimientos forestales en el país: plantaciones, aserraderos, fábricas de tableros y pulpa de celulosa entre las Regiones del Maule y de los Ríos. Una de ellas, la planta de fabricación de celulosa Licancel, se encuentra en la cuenca del río Mataquito, cerca del pueblo de Licantén, 60 kilómetros al oeste de Curico.

CELCO está controlada por el grupo económico Angelini (Empresas Copec), y es una sociedad anónima constituida en septiembre de 1979 como resultado de la fusión de Celulosa Arauco S.A. (1967) y Celulosa Constitución S.A. (1969), ambas empresas públicas administradas por CORFO, que fueron privatizadas, respectivamente, en 1977 y 1979.

El conflicto que enfrenta a agricultores, pescadores, y autoridades locales en contra de la empresa CELCO Licancel, en la región del Maule, se genera a partir de los reiterados derrames tóxicos provocados por la empresa, desde su planta de celulosa, a las aguas del río Mataquito, contaminando gravemente las aguas, el medio ambiente y perjudicando seriamente a todas las actividades económicas que se desarrollan en la cuenca aguas debajo de la industria; es decir entre el pueblo de Licantén y la desembocadura del río Mataquito en el mar.

Los altos requerimientos de agua de las plantas de celulosa y los vertidos de sustancias órgano- cloradas procedentes de la producción de celulosa blanqueada ECF de pino radiata y de eucalipto a los cauces naturales, constituye uno de los mayores impactos de este tipo de instalaciones industriales al medioambiente. La planta Licancel genera 141 mil toneladas métricas (113 mil de celulosa blanqueada de pino y 28 mil blanqueada de eucalipto).

Aunque el registro de episodios de contaminación causados por CELCO en el río Mataquito muestra derrames ocasionales de la Planta Licancel desde el inicio de sus operaciones, de acuerdo a las denuncias de pescadores y agricultores de la zona, es a partir del año 1999 que la Planta Licancel comienza a mostrar conductas flagrantes y reiteradas de contaminación, que se manifiestan en episodios cada vez mas frecuentes, de derrames de residuos líquidos industriales (RILES) tóxicos al río Mataquito.

El mayor derrame masivo de tóxicos al río Mataquito desde la planta CELCO Licancel, se produjo el 3 de diciembre de 1999. En la ocasión, la celulosa vertió al río desechos industriales tóxicos y contaminantes generados durante el proceso de limpieza y mantención de sus instalaciones. Como consecuencia de ello, centenares de peces muertos aparecieron en la desembocadura del río Mataquito.

En junio de 2007, nuevamente se denunció la muerte masiva de peces (pejerreyes, lisas y truchas) en el río Mataquito. Todas las miradas apuntaron a CELCO Licancel. La autoridad organizó inspecciones con buzos del G.O.P.E. de Carabineros de Chile en la misma planta, descubriendo la existencia de dos ductos clandestinos de evacuación de RILES directamente al río Mataquito, ninguno de los cuales tenia permiso de la autoridad ambiental. Por esta ilegalidad, además del derrame masivo de tóxicos al río, la autoridad sanitaria ordeno el cierre de la planta por 30 días, y la empresa despidió a tres ejecutivos.

Dos semanas después de ese desastre, 200.000 litros de desechos industriales líquidos se derramaron desde una cañería rota de la planta al medioambiente; de ellos unos 50.000 litros de desechos tóxicos llegaron nuevamente al cauce del río. La empresa adujo una rotura accidental y optó por paralizar indefinidamente las faenas. Este nuevo derrame tóxico provocó la reacción inmediata del gobierno, que criticó fuertemente a la empresa, mientras los pescadores artesanales, nuevamente afectados por la contaminación de la planta, iniciaban protestas contra CELCO.

La propia presidenta Bachelet, al referirse al desastre, indicó que los costos deberían ser asumidos por los responsables. Pero CELCO estimó, que el solo cierre de la planta Licancel le significaría pérdidas mensuales de 4 millones de dólares, y no se responsabilizó de los afectados. Posteriormente, un recurso de protección presentado por la comunidad local fue rechazado por la justicia tras una larga tramitación.

Un año después, el 3 de junio de 2008, un nuevo derrame tóxico se produjo en la planta Licancel al ser evacuados al río Mataquito efluentes con licores negro y verde, soda cáustica y otros contaminantes por fallas en la cámara neutralizadora y un déficit en la laguna de emergencia de la planta. Este hecho evidenció nuevamente la deficitaria infraestructura de la planta, un grave déficit en el diseño de la misma; junto a la baja capacidad de gestión y de manejo de emergencias de su personal.

La contaminación esta vez impactó a más de 12 kilómetros del río Mataquito. Ni la connotación social y mediática de los daños ambientales, ni las protestas, reclamos administrativos y acciones judiciales de los afectados, principalmente de los pescadores, tuvieron influencia sobre las autoridades y los tribunales; la empresa CELCO continuó con su negocio pese a externalizar sus costos de producción sobre la salud de las personas, sus fuentes de trabajo, y el patrimonio natural y productivo de la zona.

El agua del río Mataquito, además del uso para riego agrícola, bebida animal, mantenimiento natural de los ecosistemas y centro de actividades vinculadas con el turismo, alimenta una gran área productiva marina en su desembocadura, donde miles de personas dependen de la extracción de peces y otros productos del mar. Con cada derrame tóxico los impactos de la contaminación de CELCO llegaron hasta el océano afectando los medios de subsistencia de los pescadores y sus familias.

La preponderancia de una actividad como la producción de celulosa, en una cuenca, determina índices macroeconómicos positivos, que esconden los subsidios de facto que este tipo de emprendimientos arrebata a las comunidades y economías locales, las cuales son gravemente impactadas. Aunque directa e indirectamente las actividades locales aportan más empleos que los que ofrece la celulosa CELCO Licancel; y su desarrollo se realiza en condiciones de mayor sustentabilidad desde un punto de vista laboral y ambiental.

La institucionalidad del Estado, por su parte, no funcionó para resguardar los derechos ambientales y económicos de la población perjudicada, pues privilegiaron la continuidad del funcionamiento de la planta, pese al flagrante daño económico y ambiental a la comunidad local. Adicionalmente, las escasas indemnizaciones entregadas por CELCO Licancel, sin parámetros establecidos formalmente por la autoridad, beneficiaron sólo a aquellos sectores con mayor capacidad de negociación con la empresa.

La mortandad de peces y sus efectos sobre la pesca mantienen alarmados a los pescadores que viven y desarrollan sus faenas cerca de la desembocadura del río Mataquito y en el sector “La Pesca”. Los derrames también han afectado a la comunidad de regantes de Lora-Quelmén, pues su fuente de trabajo e ingresos fue una vez más afectada por la contaminación de las aguas y temen que, al igual que lo ocurrido el 3 de diciembre de 1999 y las contaminaciones posteriores de CELCO, éstas queden impunes, ya que la empresa nunca pagó el costo de los daños.

Luego del derrame de junio de 2008, las 200 familias que dependen de la pesca en el río y en la zona costera, junto a aquellas que viven del turismo rural y ecológico quedaron “cesantes”; cuando además de la contaminación, un decreto del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y del Ministerio de Salud, para proteger a la población, les impidió pescar y consumir pescado. Así centenares de familias permanecieron por meses sin fuente de trabajo, pero debían pagar servicios básicos como agua potable, electricidad, además de comida, transporte, y deudas con bancos o con casas comerciales.

Las organizaciones más activas en el conflicto con CELCO Licancel, fueron la Comunidad de Regantes Lora-Quelmén (organización comunitaria de agricultores de la zona); el Sindicato de Pescadores de La Pesca; la Federación Provincial de Pesca Artesanal; la Federación de Pescadores Artesanales (FEDEPESCA); y la Agrupación Comercio y Turismo de La Pesca.

Las comunidades más afectadas asociadas a la pesca artesanal y organizadas en sindicatos, negociaron resarcimientos con la empresa, logrando un subsidio de 360 millones de pesos, en cuotas mensuales, a 60 pescadores del río Mataquito durante el tiempo que éstos no pudieron extraer recursos pesqueros, por orden del Servicio de Salud, debido a la contaminación del río.

Este acuerdo surgió de la mesa de trabajo que mantuvo FEDEPESCA, el sindicato de pescadores de La Pesca y CELCO. El acuerdo incluyó además, un monto de 20 millones de pesos para adquirir un bote con motor y 3 millones mensuales, destinados a su mantención para monitorear el río y las áreas de manejo. Esta compensación al sindicato de la Pesca, movió a los demás afectados, particularmente a los pescadores de Licantén, afectados por la contaminación, a denunciar que personeros de la empresa ofrecían dinero a dirigentes y trabajadores para acallar el escándalo sanitario.

Al respecto, el secretario y vocero de la Federación de Pescadores, Buzos y Recolectores de Constitución, Carlos Rojas, señaló que el gerente de CELCO en Constitución, Fernando Herrera, ofreció platas a las federaciones de trabajadores, siendo FEDEPESCA la que aceptó la oferta y quiso convencer al resto: «de la otra Federación se nos acercaron para ofrecer entre 300 a 400 mil pesos para que no gritáramos por el asunto del ducto (…) a dirigentes y trabajadores de la Federación, para que no fuéramos a la prensa», dijo. El dirigente declaró que le parece «inaceptable que nos sigan contaminando y nosotros nos demos por plata, lo único que queremos es que las aguas salgan limpias y nos dejen trabajar». En un comunicado la empresa reconoció las negociaciones que se llevaron a cabo con FEDEPESCA, denominándolo “convenio de cooperación”, respecto de lo que todos los pescadores consultados han dicho que CELCO les pagó entre 300 y 500 mil pesos a cada uno.

A la disputa por la calidad de las aguas entre la celulosa y los sectores económicos locales (agricultura, turismo y pesca artesanal), se sumó la situación desventajosa de aquellas comunidades que, aún cuando resultaron dañadas por la contaminación de CELCO, no tuvieron apoyo del Estado para interpelar a la empresa, y tampoco capacidad de negociación para obligar a CELCO a compensarlos. Ello, por no estar organizados en sindicatos o entidades afines, por constituir un menor número de personas dispersas en el territorio, y por depender de actividades económicas como el turismo, distintas de la pesca. Estos afectados, tampoco tuvieron la capacidad de contratar servicios jurídicos para conseguir en los tribunales de justicia el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios. En consecuencia, quedó de manifiesto que este conflicto devela el déficit institucional para hacer valer derechos ambientales, pues el Estado no monitoreó, ni se responsabilizó por las negociaciones segmentadas que llevo adelante la empresa con las diversas comunidades, y tampoco verificó que todos los perjudicados fueran indemnizados.

A inicios del año 2010, todavía no hay seguridad sobre la situación ecológica del río Mataquito y de la costa. A pesar de que se reinició la pesca, aun no se recuperan los niveles de extracción de 200 kilos de lisa, pejerrey, robalo de río y truchas que alcanzaba la pesca artesanal a fines de 2006. El procesamiento y despinado de pejerrey que se vende en bandejas o se consume en los tres restaurantes del poblado costero de “La Pesca”, hoy mantiene un abastecimiento discontinuo.

Además de los daños sobre la economía local, la colonia de flamencos (en número superior a 300) que lentamente había regresado a la zona luego del desastre del año 1999, volvió a abandonar el lugar con el derrame del año 2007 y aun no regresan. Dichos flamencos experimentaron un fenómeno similar a lo sucedido con los cisnes en el estuario del Río Cruces, en Valdivia, a causa de la contaminación de CELCO Valdivia, propiedad de la misma empresa.

En cuanto al patrimonio natural y productivo de la zona afectada, las especies más gravemente amenazadas por la contaminación de CELCO en Licancel son: el flamenco chileno, el cisne de cuello negro, la garza cuca, el huairavillo, y el huairavo (todos las cuales están además en peligro de extinción) Adicionalmente disminuyeron significativamente los cormoranes, la gaviota Franklin, la gaviota Guruma y los pelícanos. El patrimonio escénico y paisajístico asociado a estas especies, permite el desarrollo de variados proyectos de desarrollo turístico en el entorno del río Mataquito y en la costa de la desembocadura del mismo río. Pese a ser cuantiosas sus pérdidas, los actores locales que desarrollan actividades turísticas, y que fueron seriamente afectados por la contaminación, no poseen la misma capacidad de negociación ante CELCO y el gobierno, a diferencia de los sindicatos de pescadores. Tampoco sus reclamos tienen el mismo nivel de cobertura en los medios de comunicación nacional. Por lo cual se encuentran más desprotegidos y fueron obligados a asumir los costos de la contaminación en silencio, sin poder aspirar a las indemnizaciones ofrecidas por CELCO a los pescadores.

El daño social causado en el entorno del río Mataquito se registró principal, pero no exclusivamente, en el período en que la autoridad prohibió la extracción y venta de pescados y mariscos, dado la contaminación tóxica causada por el derrame de “licor negro” de la empresa. En dicho contexto el apoyo material del gobierno y de CELCO fueron, según los “beneficiarios”, insuficientes para satisfacer sus necesidades de subsistencia, dado que los receptores de estas ayudas fueron exclusivamente las familias representadas en sindicatos de pescadores, y no los emprendimientos productivos vinculados con el desarrollo turístico de la zona.

Relación con el marco jurídico vigente.

La Ley General de Pesca y Acuicultura, en su artículo 136, establece «que quien introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños, será sancionado con una multa de 50 a 3.000 unidades tributarias mensuales (a beneficio fiscal). Si procediere con dolo, además de la multa, la pena a aplicar será la de presidio menor en su grado mínimo».

Con fecha 18 de noviembre de 1992 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo Nº1 de la Subsecretaria de Marina, que contiene el reglamento que consagra el régimen de prevención, vigilancia y combate de la contaminación en las aguas del mar, puertos, ríos y lagos sometidos a la jurisdicción nacional. Este cuerpo legal prohíbe absolutamente la contaminación de las aguas, al repetir la norma establecida en el artículo 142 del Decreto Ley Nº2.222; y define con amplitud lo que debe entenderse por “contaminación de las aguas“. Al respecto, el artículo 4º letra f) señala que, contaminación de las aguas es la introducción en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional por el hombre, directa o indirectamente, de materia, energía o sustancias de cualquier especie, que produzcan o puedan producir efectos nocivos o peligrosos, tales como la destrucción o daños a los recursos vivos, al litoral de la República, a la vida marina, a los recursos hidrobiológicos; peligro para la salud humana; obstaculización de las actividades acuáticas, incluida la pesca y otros usos legítimos de las aguas; deterioro de la calidad del agua para su utilización, y menoscabo de los lugares de esparcimiento y del medio ambiente marino.

En relación a la contaminación del agua proveniente de fuentes terrestres, su artículo 136 prohíbe la introducción o descarga directa o indirecta a las aguas sometidas a la jurisdicción nacional de materias, energía o sustancias nocivas o peligrosas de cualquier especie provenientes de establecimientos, faena o actividades, sin tratamiento previo de las mismas que aseguran su inocuidad como factor de contaminación de las aguas.

En sentido contrario a su comportamiento irresponsable, la empresa CELCO Licancel ha promocionado en los diarios locales, mediante el pago de insertos, su “compromiso con la vida”, y su Parque Oncol, además de dos acuerdos de producción limpia y su sometimiento al Sistema de Gestión Ambiental ISO 14.000.

Adicionalmente el Decreto 90, promulgado el 30 de mayo del año 2000, que norma las emisiones de residuos industriales líquidos; y vigente desde el 7 de marzo de 2001, establece la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales, con el objetivo de protección ambiental y prevenir la contaminación, mediante el control de contaminantes asociados a los residuos líquidos, que se descargan a estos cuerpos receptores. De esta forma la norma fija límites de contaminación con un elevado estándar, lo que en el mediano plazo mejorara la calidad ambiental de las aguas, de manera que éstas mantengan o alcancen la condición de ambientes libres de contaminación, de conformidad con la Constitución y la ley.

Posición y acción del Estado.

La evacuación de sustancias tóxicas desde la planta de celulosa Licancel al río Mataquito obligó a la autoridad sanitaria del Maule a prohibir, desde el 5 de junio de 2007, la extracción, consumo y venta de productos pesqueros de la zona contaminada, dejando a los pescadores del sector de brazos cruzados. Tras recibir 23 canastas familiares y cupos de empleos de emergencia en la Corporación Nacional Forestal (CONAF), aporte insuficiente para mantener a sus familias, los pescadores debieron sufrir un cuarto derrame de tóxicos el 18 de junio de 2007. Dicha reincidencia de la contaminación provocada por CELCO causó tal conmoción nacional, que la propia Presidenta Michelle Bachelet declaró que «no es comprensible que se repita una catástrofe de esta naturaleza en el mismo lugar, y menos aun en tan corto tiempo, sobre todo cuando las medidas de seguridad debieron haber sido tomadas».

Un estudio realizado por la Universidad Austral de Chile, para la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Maule, confirmó la presencia de metales pesados derivados de la celulosa en los peces muertos por la contaminación del río Mataquito. Este informe confirmó científicamente la presencia de tóxicos derivados del proceso de fabricación de la celulosa, lo que constata la responsabilidad de la empresa CELCO en la mortandad de peces ocurrida en junio de 2007.

La presencia de elevadas concentraciones de alfa y beta pineno (derivados de la celulosa) es anormal; estos compuestos están relacionados con licores de digestión de pulpa en actividades industriales de papeleras que procesan madera de pino y eucaliptos.

El Instituto de Química de la Universidad Austral, en su análisis sobre metales pesados confirmó la presencia de altas concentraciones de cobre, hierro y aceite hidráulico y derivados de la celulosa en el hígado y riñones de diversas especies, pero especialmente en lisas. Los análisis se basaron sobre muestras compuestas por un cauque, una carpa juvenil, una trucha, tres pejerreyes, tres corvinas, cuatro lisas, cuatro carpas y dos ostras, todas la cuáles fueron enviadas el 12 de julio de 2007 a dicho laboratorio. El caso podría implicar secuelas no previstas, porque la barrera sanitaria fue declarada varios días después de ocurrido el derrame, lo que implicó que algunos productos como lisas y pejerreyes se siguieran vendiendo y consumiendo en la zona después de la catástrofe.

En 2007, las autoridades regionales realizaron numerosas denuncias entre ellas la del diputado Roberto León (DC), que en conjunto con los pescadores apuntaron directamente a la responsabilidad de CELCO Licancel. El intendente del Maule, en la época, Alexis Sepúlveda, optó por minimizar los impactos diciendo: “Obviamente las descargas que hace la planta pueden ser una de las causas, pero eso lo va a determinar la investigación que están realizando los distintos servicios. Recién ahí iniciaremos las acciones penales, civiles y administrativas que correspondan”. El diputado León se contactó con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Mackenney, para solicitar que la unidad de medio ambiente de ese organismo se hiciera parte en la querella interpuesta por la Intendencia del Maule.

También se hizo parte en las denuncias el senador del PPD Guido Girardi, que pidió al Ministerio del Interior declarar como “zona de catástrofe sanitaria“ a los alrededores de Mataquito, para que se le entregaran a los afectados todos los recursos necesarios con la finalidad de que los pobladores pudieran hacer su vida normal. Además exigió la clausura definitiva de CELCO Licancel, «porque creemos que hay un problema estructural» y pidió que se investigue el efecto de las sustancias tóxicas en el río Mataquito, sobre todo, las consecuencias del uso de cloro.

En respuesta, la Ministra de Salud, María Soledad Barría, señaló que «no tenemos una emergencia sanitaria, lo que tenemos es una emergencia social», dado que hay prohibición de extraer especies marinas de la zona. La Secretaria de Estado señaló que el gobierno tiene una comisión que está al mando del Subsecretario del Mideplan, Gonzalo Arenas, para hacer frente a la situación social de los trabajadores y sus familias.

Tras el despido del gerente de la Planta Licancel, del subgerente de Producción y del subgerente de Medio Ambiente, CELCO anunció que “la empresa se hará cargo también de la asistencia económica a los pescadores del río Mataquito mientras subsista la prohibición de pesca decretada por la autoridad, y coordinará con ellos el restablecimiento de sus actividades”.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Enrique Accorsi, señaló que la actitud de la empresa era la que “correspondía” y recalcó que no se pueden olvidar las eventuales responsabilidades penales. “Está bien lo que hacen, pero también deberían haber tomado más precauciones. Estamos acostumbrados a hacer la vista gorda. ¡Hacen lo que se les da la gana! Pero ahora la cosa se manejó bien y la brigada de delitos ecológicos está trabajando”, dijo el diputado. La Comisión que preside Accorsi se sumó a la querella, contra quienes resulten responsables, interpuesta por el intendente del Maule, Alexis Sepúlveda.

Esta acción pretendió revertir el fallo de la Corte Suprema que rechazó el recurso de protección presentado por los agricultores en la década de los 90 contra CELCO Licancel, luego de uno de los derrames de la celulosa que provocó un grave daño para toda la cuenca del río. De haber actuado oportunamente la justicia, se podrían haber evitado los posteriores episodios de contaminación que concluyeron en un de las catástrofes ambientales más importantes de inicio de la década del 2000. Además, dicha acción de la justicia liberó de responsabilidad a CELCO, por tanto la empresa no tomó las medidas preventivas correspondientes, dado que la justicia no consideró el daño ambiental, ni las demandas de la ciudadanía.

Tomar medidas de resguardo ante los primeros indicios de contaminación en la cuenca del río Mataquito resultaba fundamental y casi evidente para todos, incluso para el ciudadano común; ya que cualquier episodio de contaminación ponía en peligro un conjunto de ecosistemas naturales y los recursos fundamentales para las economías locales. Esto era muy relevante, pues la desembocadura del río Mataquito, en la costa de la Región del Maule, está clasificada como Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad, según lo establece la Estrategia Regional de Biodiversidad diseñada en el año 2002. Destacando principalmente la presencia de una colonia de flamencos que usan el estuario del río Mataquito estacionalmente entre los meses de febrero y junio aproximadamente9.

Posición, acción y propuestas de la comunidad en torno al conflicto. Ante los graves impactos, del derrame toxico de la celulosa Licancel a inicios de diciembre de 1999, el 23 de diciembre de 1999, la comunidad de regantes Lora-Quelmén (organización comunitaria de agricultores de la zona), con el apoyo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Talca contra la celulosa, por vulnerar el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19, N°8, de la Constitución Política de la República.

La Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado por los agricultores. Esta determinación de la Corte respecto de la contaminación del Río Mataquito resultó gravísima, porque no estableció responsabilidades respecto de los hechos, los que al no ser sancionados pueden impunemente volverse a repetir.

Hasta fines de junio del año 2000, el recurso no prosperó en lo sustancial porque la empresa argumentó escuetamente que ya no era propietaria de la planta Licancel, pues ésta había sido traspasada a la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A. (CELCO).

El 30 de junio de 2001 se efectúa el alegato de la causa sin contraparte. Antes de entrar al fondo del asunto, la 2° sala de la Corte de Apelaciones ordena a la empresa forestal responder las imputaciones, porque no ha demostrado que a la fecha de ocurridos los hechos no era dueña de la planta.

Siendo la muerte de miles de peces un hecho público, no rebatible ni discutible, y señalada la necesidad de averiguar sus causas, el OLCA -a través de sus asesores jurídicos- solicitó una serie de diligencias para probar la responsabilidad de la empresa en la contaminación, entre ellas:

1. La empresa debía explicar con lujo de detalle cuál era el proceso y procedimiento que se utiliza en la mantención y limpieza de la planta, que se encontraba paralizada desde el 29 de noviembre de 1999.

2. Interrogación a los técnicos de la planta encargados de la mantención y limpieza, como también a los eventuales obreros contratados para trabajar justamente en el período de limpieza de la planta.

3. Que se tuviera a la vista, para examinar el expediente criminal que investiga la posible comisión de delitos y donde estaría probado que la planta contamina y que habrían indicios de que hubo una descarga ilegal de contaminantes, por fuga de los tóxicos acumulados durante el proceso de mantención. Esta es una información extraoficial, ya que el proceso criminal en el juzgado de Licanten aun se encuentra en etapa de sumario secreto.

Los integrantes del Sindicato de Pescadores de La Pesca y la Federación Provincial de Pesca Artesanal creen que es inaceptable este nuevo “accidente” causado por la falta de inversión, en una empresa que gana millones de dólares cada semana con su actividad productiva. El déficit tecnológico es evidente y es hora de que la autoridad sea ágil y efectiva en proteger el medio ambiente, la salud de los pobladores y la economía local.

“No se puede seguir protegiendo a un conglomerado tan grande como CELCO/COPEC”, aducen, para que aumente sus ganancias y su influencia política en los territorios donde operan a costa de todas las otras actividades económicas. “¿Qué sentido tiene que SERCOTEC, a través de Maule Emprende, los capitales semillas y otros programas de desarrollo local inviertan en las áreas de influencia o patio trasero de estos grandes enclaves industriales que generan des-economías y marginación en su entorno?” reclaman los dirigentes.

En el caso de la reiterada contaminación tóxica del río Mataquito por parte de la celulosa CELCO, la comunidad constató que las empresas pueden destruir las economías locales y el ambiente y continuar impunes. El gobierno a su vez, permite la burocratización y judicialización de los conflictos ambientales, limitando en vez de fortalecer los derechos ciudadanos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.