Si bien hablamos poco de estos temas, los años ochentas y la aplicación al pie de la letra del neoliberalismo en Chile, significó algo bien distinto a la simple aplicación de medidas técnicas a favor del desarrollo del país. Escudados en las cortinas brindadas por la represión, el miedo y la falta de información pública, varios personajes se hicieron sus buenos millones con la privatización de bienes y empresas públicas[i]. Como siempre, por supuesto, el Estado (o sea, todas y todos los chilenos) asumimos los costos y riesgos. Cuando José Yuraszeck compró Chilectra en los años 1980s lo hizo con importantes créditos que fueron avalados por el mismo Estado chileno (o sea, si el negocio fallaba, pagábamos todos nosotros). Luego, en los noventas, él mismo obtuvo millonarias utilidades con la venta de Chilectra, que fue vendida a capitales extranjeros. La operación estuvo además al calor de un importante fraude conocido como el caso Chispas.
Vale la pena traer a la memoria aquellos años, ya que actualmente la misma lógica se está aplicando en la privatización de las sanitarias. El caso de Yuraszeck es importante por dos razones: 1) ilustra cómo la aplicación del neoliberalismo en Chile distó mucho de ser la mera aplicación técnica de un paradigma económico, y que éste tenía, en sus raíces, intereses profundos que muchas veces violaron las mismas recetas prescritas por el mismo; y 2) lo anterior se relaciona con el fenómeno mismo del neoliberalismo, que fue abrazado y promovido a lo largo de todo el globo por las elites económicas. Éste permitía (y permite) disfrazar de técnica, neutra y objetiva, una forma de hacer política con una clara ideología.
La aplicación de esta ideología en las últimas décadas se ha traducido en lo que el sociólogo alemán Ulrich Beck denomina la privatización de los beneficios y la socialización de los riesgos y costos. Lo ejemplifica de forma magistral analizando el caso de la energía nuclear y la crisis financiera, donde súbitamente los más fieles seguidores de esta nueva religión, como dirigentes del FMI o altos directivos del Deutsche Bank, acudieron desesperados al Estado para pedirle que salvara al sistema financiero inyectando recursos públicos.
La semana pasada el gobierno de Sebastián Piñera terminó de vender –lo que en su momento hicieron Eduardo Frei yRicardo Lagos– las acciones que el Estado chileno posee en las empresas sanitarias (35% en Aguas Andinas, 29% en Esval; 45% en Essal, y 43% en Essbio). Estas empresas entregan al año al Estado chileno alrededor de US$400 millones y su venta aportará unos US$1.600 millones.
El argumento que dio el gobierno de Frei para privatizar la primera porción de las sanitarias fue que con ello se lograría una mayor cobertura del servicio. Las cifras nos dan un panorama distinto, donde el único aumento significativo se da en el tratamiento de las aguas servidas (de un 17% en 1998 a un 83% en 2008). Ahora bien, ¿quién pagó esa inversión? Que no sorprenda la respuesta, que es generalmente la misma en estos casos: nosotros, los consumidores. Cada mes en la cuenta de agua que llega a nuestras casas hay un ítem por el tratamiento de las aguas servidas. La inversión está siendo pagada por todos los chilenos y chilenas. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué no pudo hacer algo similar el Estado? Considerando además que estas son empresas con grandes rentabilidades.
Y aquí es donde entra la ideología y las posiciones políticas.
En los últimos años, los distintos gobiernos han privatizado un gran porcentaje de las sanitarias. Hoy, la Administración de Piñera se desprende de ellas porque bajo la lógica neoliberal estos son activos prescindibles de los cuales el Estado debe deshacerse. ¿Por qué? Porque así el sector será más eficiente, competitivo y finalmente los usuarios pagarán menores precios. Pero en la práctica, las empresas privadas no son siempre más eficientes, competitivas y claramente los consumidores no pagan cada vez precios más bajos (pensemos en las farmacias, la energía, el Metro o el cobre yCodelco). De hecho, dadas las consecuencias de la privatización inicial de las sanitarias el Estado ha tenido que subsidiar el agua para ciertos segmentos de la población, ya que no les era posible costearla.
De acuerdo al director del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Central, Orlando Jiménez, no tiene mucho sentido que Corfo se deshaga de empresas que le generaban recursos que de hecho puede utilizar para financiar programas de emprendimiento, que son justamente los que se pretende financiar con los recursos obtenidos de la venta. Además, con esos US$400 millones el Estado financiaba los subsidios de agua potable. Esos subsidios seguirán corriendo y se tendrán que obtener de otras fuentes.
Al final del día, la venta de las sanitarias se asemeja a la paradojal ilusión producida por la idea de obtener grandes sumas de dinero vendiendo una gallina que todos los días pone un huevo de oro. Esto es: pan para hoy, hambre para mañana. Nuevamente alguien hace buenos negocios privados, a costa de buenos negocios públicos. Hemos llegado entonces al punto final y que va al fondo del asunto. Así como prescribir la venta de los bienes públicos se basa, finalmente, en posiciones normativas y políticas concretas, hay otras visiones que postulan que el Estado, por razones estratégicas y para resguardar el interés público en situaciones clave (por ejemplo el agua), debe primar. En la mayoría de los países desarrollados, más o menos capitalistas, ciertos rubros se mantienen en manos del Estado (las sanitarias, las vías de transporte, la energía, entre otros). Lo anterior permite que en momentos de crisis o de tomar decisiones importantes prime la lógica pública por sobre la privada.
No olvidemos que en el caso de las mismas sanitarias, hoy en día, una gran controversia está tomando lugar, ya que éstas quieren cobrar a los agricultores por el agua que devuelven al cauce una vez tratada. Incluso diputados de la UDI han puesto el grito en el cielo clamando al Gobierno (¿a quién más?) que haga algo al respecto, ya que estas empresas se basan en una interpretación de la ley, no vamos a decir que legítima, pero sí posible.
Mientras, las calles son inundadas por manifestantes que en códigos y consignas, aparentemente distintas, claman por algo muy similar: la democratización de la toma de decisiones, el fin de la privatización de los beneficios y la socialización de los costes y riesgos (sociales, ambientales, económicos, entre otros).
Por Colombina Schaeffer
Socióloga, estudiante de doctorado en Gobierno y Relaciones Internacionales (Sydney University)
Fuente: El Ciudadano.