Negativa del gobierno a suscribir acuerdo internacional sobre derechos humanos en materia ambiental motivó a la oposición a retomar dos emblemáticas iniciativas: la que salvaguarda estos cuerpos de agua congelada y la que establece delitos ambientales.
La decisión del gobierno de no firmar el acuerdo de Escazú sobre derechos humanos en materia ambiental muestra ya sus primeras repercusiones institucionales. La oposición, a través del senador PPD Guido Girardi, anunció la agilización de dos proyectos que se tramitan en el Senado: de delitos ambientales y de protección de glaciares.
La ofensiva legislativa partió la semana pasada en la Comisión de Constitución del Senado donde se revisó el contenido del proyecto que establece delitos contra el medio ambiente.
En el caso de dicha iniciativa, se invitó a la sesión a la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt, al director de la Unidad de Lavado de Delitos Medioambientales del Ministerio Público Mauricio Fernández y a los abogados Jean Pierre Matus, Pablo Ortiz y Marcelo Castillo.
Mientras que, finalmente, tras un nuevo aplazamiento, este miércoles 14 de octubre se retomará la discusión legislativa sobre la protección de glaciares en el país.
El anuncio de retomar la tramitación de la iniciativa generó una fuerte respuesta por parte de las empresas mineras, sindicatos y consultores ligados al sector. Esto luego del respiro que Ejecutivo dio al sector cuando en junio de 2018 desechó un proyecto previo quitándole su patrocinio. Esto, tras 4 años de tramitación en la Cámara de Diputados.
En una columna publicada en El Mercurio, integrantes del Colegio de Ingenieros cuestionaron el actual proyecto, acusando una “mirada parcial y sesgada”, señalando que la disminución de los glaciares se debe “primordialmente al cambio climático” y, por ende, negando el impacto de la minería.
Posteriormente, la Federación de Trabajadores del Cobre emitió una declaración pública en la que, tras señalar que “respaldamos decididamente la concepción de un Proyecto de Ley de Glaciares”, critican que el proyecto busque prohibir actividades de alto impacto en el “permafrost”, lo cual consideran es impulsado por una visión “irresponsable y absolutista”.
El último hito de esta secuela ha sido la carta que dirigentes sindicales publicaron también en El Mercurio, argumentando que “la discusión de la Ley de Protección a Glaciares ha generado grandes y necesarios debates, aunque sin duda aún sucede que parte de la discusión cae en un error. El mundo post pandemia exige miradas más complejas y definiciones estratégicas coherentes sobre cómo construir sociedades sustentables”.
El proyecto en discusión fue presentado el 4 de julio de 2018 por los senadores Guido Girardi (PPD), Isabel Allende (PS), Ximena Órdenes (Ind.), Manuel José Ossandón (RN) y Rafael Prohens (RN), retirando a las pocas semana estos dos últimos sus firmas de la iniciativa.
Esta ya fue aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente, correspondiendo ahora la votación en particular en la Comisión de Minería, la cual revisará las múltiples indicaciones presentadas mayoritariamente por Prohens, y los UDI Luz Ebensperger y David Sandoval, que buscan atenuar el nivel de salvaguarda.
Por ejemplo, Ebensperger propuso retirar de la figura de protección el “ambiente periglacial y permafrost” y, junto a Sandoval, pidió suprimir la prohibición de “instalar industrias o desarrollo de obras o actividades industriales” en glaciares.
La Comisión de Minería y Energía es presidida por Rafael Prohens (RN) e integrada por los senadores Guido Girardi, Alejandro García-Huidobro (UDI) y Álvaro Elizalde (PS) y la senadora Yasna Provoste (DC). Tras la suspensión, se espera iniciar la votación durante la próxima sesión.
Fuente: El Desconcierto