Desde que a mediados de agosto se iniciara la votación, se ha aprobado ya la temporalidad de los nuevos derechos y la extinción en el caso de no uso, artículos fundamentales para dar al agua un sentido de bien común.
Atrincherados en la defensa del agua como propiedad privada, y de intereses particulares según confirmara un reciente artículo de El Mostrador, los senadores de Chile Vamos han ido perdiendo una a una las principales materias sometidas a votación en la Comisión de Constitución del Senado. La instancia tiene como mandato referirse a los artículos donde existe controversia constitucional, según un listado elaborado por los ex senadores Andrés Allamand y Víctor Pérez.
Desde que a mediados de agosto se iniciara la votación los senadores Alfonso de Urresti (PS, quien preside la comisión), Francisco Huenchumilla (DC), Pedro Araya (Ind.), Luz Ebensperguer (UDI) y Rodrigo Galilea (RN) ya votaron el artículo 6º. Este establece una duración de 30 años para las nuevas concesiones (se deja atrás la figura de derecho de aprovechamiento a perpetuidad) y limita el ejercicio de los derechos para el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica. El nuevo plazo lo ganó la oposición por tres votos contra dos.
Este lunes, en tanto, se aprobaron los primeros incisos del artículo 6º bis, que establece la extinción total o parcial del derecho de agua o concesión si el titular no hace uso efectivo de recurso: tras cinco años de no uso para los consuntivos, 10 años para los no consuntivos. “Estos plazos de extinción comenzarán a correr desde la publicación de la resolución que los incluya por primera vez en el listado de derechos de aprovechamiento afectos al pago de patente por no uso” señala el nuevo articulado.
Esta materia fue la que provocó mayor discusión al interior de la comisión.
Los senadores Ebensperguer y Galilea argumentaron, infructuosamente, a favor de excluir de la extinción los derechos constituidos previo a la entrada en vigencia de la norma.
“Creo que en nuestra legislación no existe ningún otro caso de un hecho con dos sanciones distintas, la parte pecuniaria que es la patente que va en aumento y en segundo término la extinción” señaló la legisladora UDI, agregando que tal le merece dudas de constitucionalidad.
Su colega RN reforzó la necesidad de no aplicar la figura a los derechos preexistentes. “Esa primera diferencia hay que hacerla, y este inciso que se aplica a los derechos nuevos y también a los antiguos tiene que hacer esa distinción porque, en mi opinión, si queda como está, estaría pasando a llevar el artículo 19 número 23 de la Constitución, que permite limitar pero no extinguir” indicó.
En el caso del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, cuestionó el traslape que se produciría en el quinto o décimo año entre el pago de patentes y la extinción
Al respecto, Huenchumilla aclaró que a la comisión no le corresponde revisar “el mérito de los acuerdos que se lograron en las comisiones técnicas, acá se están dando argumentos de qué sistema sería mejor, pero la competencia que nos dio la sala es si el articulado que viene de ambas comisiones técnicas tiene o no reparos de constitucionalidad y nosotros acordamos un procedimiento y lo concordamos con los senadores Allamand y Pérez que en ese minuto formaban parte de la comisión”.
A continuación se procedió a votar el artículo, con Galilea y Ebensperguer rechazando y de Urresti, Araya y Huenchumilla aprobando.
El debate sobre los aspectos de constitucionalidad de la reforma al Código ha continuado sin que el senador Rodrigo Galilea (RN) se inhabilite por incompatibilidad, luego que la semana pasada se informara que el legislador posee derechos de agua en empresas del sector forestal e inmobiliario, siendo hasta hace pocos años uno de los dueños de la sanitaria Aguas San Pedro S.A., que hoy controlan sus hermanos.