El pasado 17 de agosto se dio inicio al debate en la comisión de Constitución del Senado de la reforma al Código de Aguas. Ese día, uno de los integrantes, el senador RN Rodrigo Galilea le respondió al presidente de la instancia, el PS Alfonso de Urresti: “Señor presidente, usted partió sus palabras diciendo que nosotros estaríamos procurando más plazo para los derechos de agua y que ese sería el interés en esta discusión. Y debo decirle que yo encontré un poquito ofensivas esas palabras. Porque aquí nadie está defendiendo intereses particulares de ningún tipo”.
Tras 9 años de tramitación y haber sido aprobada por la Cámara de Diputados y las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura del Senado, la iniciativa pasa por un complejo escenario. Galilea junto a Luz Eliana Ebensperger (UDI), además del Ejecutivo, intentan abrir la discusión a materias que según un informe preparado por los ex senadores Andrés Allamand y Víctor Pérez no tienen controversias de constitucionalidad. Posibilidad que podría desvirtuar el proyecto que tiene como objetivo priorizar el agua para consumo humano, la preservación de la naturaleza, las actividades de subsistencia. En el fondo, dar un giro a una institucionalidad basada en la transacción económica.
El punto que no se discute o el dato relevante que se omite al fragor de este debate son los intereses concretos que tanto empresas en las que el senador por El Maule participa directamente como su familia, tienen con el mercado del agua. De acuerdo al portal Infoprobidad (www.infoprobidad.cl) de la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia, su nombre aparece vinculado en 13 sociedades y empresas en Chile, tres de las cuales tienen en total 29 derechos de agua: Inversiones Inmobiliarias Limitada (Filial de Inversiones Frutillar Limitada), Agrícola y Comercial El Volcán S.A. y Galilea S.A. de Ingeniería y Construcción (filial de Inversiones Inmobiliarias Limitada). En ellas concentra la mayoría de sus derechos consuntivos, entre subterráneos y superficiales.
Aunque en su declaración de patrimonio no se consignan caudales, el sistema online de la Dirección General de Aguas, para el caso de Galilea S.A. de Ingeniería y Construcción registra derechos de agua por sobre los 80 litros por segundo de derechos consuntivos (que se consumen y no se devuelven a la fuente). Es decir, casi 7 millones de litros al día si hiciera uso pleno de los derechos adjudicados. En paralelo, la empresa mantiene 29 autorizaciones de proyectos aprobados en el marco de la aplicación del Código de Aguas y 7 aún por resolver.
Pero el vínculo de Rodrigo Galilea con el mercado del agua no queda ahí. Es su familia, mejor dicho sus hermanos, la que lo liga con mayor fuerza al negocio hídrico.
Negocio familiar
Un párrafo al final de la declaración de intereses de Galilea da cuenta de uno de los principales negocios de la familia: “Respecto de participación en sociedades cuyo objeto social se encuentra relacionado con explotación de mercados regulados por la autoridad, correspondientes a las sociedades Aguas y Riles S.A. y Aguas San Pedro S.A. (una sanitaria) y sus filiales, éstas fueron totalmente enajenadas con anterioridad a la presente declaración”.
Galilea participaba de esas sociedades, pero las dejó en el año 2016, según las memorias de Aguas San Pedro del año 2017, una vez comenzó su carrera en el Congreso. Efectivamente, hasta ese año Rodrigo Galilea Vial integró el directorio de Aguas San Pedro S.A, sanitaria que, según datos de su última memoria, al año 2019 contaba con 33 mil clientes distribuidos en concesiones en San Pedro de la Paz y Coronel (Región del BioBio), Buin, Pudahuel y Colina (Región Metropolitana), Chillán (Región del Ñuble), Puerto Montt (Región de Los Lagos) y Curicó (Región del Maule.
Pero aunque dejó la compañía, su familia sigue manteniendo el control. Sus hermanos Felipe y Pablo son presidente y director de la compañía, respectivamente. La misma que en 2019 alcanzó una facturación neta superior a los 6.350 millones de pesos.
El control de estas empresas en la actualidad es a través de Inversiones y Asesorías Oriente Ltda. (63,96%) e Inversiones San Agustín Ltda. (36,04%).
Un informe de 2016 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) reconoce a la familia Galilea como controladora de estas empresas. Por ejemplo, Felipe Galilea aparece como representante de Inversiones San Agustín Ltda. Y en una junta extraordinaria de 2013 de Aguas San Pedro, queda establecida la representación de Pablo Galilea Vial en Inversiones y Asesorías Oriente Ltda.
En Equifax, Rodrigo Galilea todavía aparece como socio de Aguas San Pedro, junto a su hermano Felipe. En cambio, en Inversiones San Agustín Ltda, sólo aparece Felipe.
De acuerdo al sitio de la DGA, aparecen derechos de agua consuntivos en las zonas donde opera que llegan a cerca de los 270 litros por segundo (poco más de 23 millones de litros al día).
Y según la Resolución Exenta 2820 de la DGA del 30 de diciembre de 2019, a Aguas San Pedro le correspondió pagar un total de 198,4 UTM de patente por no uso de aguas en dos afluentes de las provincias de Chacabuco y Maipo, en la Región Metropolitana.
Es decir, Galilea no podría votar ni ser parte de estas discusiones debido al artículo 5b de la Ley 18.918 Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la que establece reglas para participar en las discusiones y votaciones:
“Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto”.
El sistema de mercado por el cual se rige el agua en Chile ha llamado la atención a nivel internacional. Recientemente el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, Léo Heller, señaló que “el gobierno chileno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud”.
El senador Galilea, antes de entrar a sesión de este jueves, dijo a El Mostrador escuetamente que «me salí de aguas San Pedro antes de asumir como Senador, en cumplimiento a lo que establece la ley. Yo no puedo tener participación en empresas que tengan tarifas reguladas por el Estado».
Conflictos de interés no declarados
Esta no es la primera vez que Galilea es sometido a escrutinio por sus posibles conflictos de interés en su labor legislativa.
En agosto del año pasado El Desconcierto publicó un artículo dando cuenta de cómo en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde se discutía el proyecto de protección de humedales urbanos, “el parlamentario de Renovación Nacional insistió infructuosamente en incorporar al ministerio de Vivienda entre los organismos responsables de establecer los criterios mínimos para la sustentabilidad de estos ecosistemas. Los objetivos de dicha cartera, en pro de disminuir el déficit habitacional y la urbanización, son algunas de las amenazas a los humedales al interior y en la periferia de las ciudades”.
“Previo a asumir en la Cámara Alta, el representante por el Maule fue presidente de la Constructora Galilea, de propiedad de su familia, la cual tiene múltiples negocios en el sur del país y en el extranjero, y a los cuales sigue vinculado… Es entre sus múltiples proyectos que se incluye uno relacionado con lo discutido y aprobado por la Comisión de Medio Ambiente en la que Galilea participó: la construcción de 704 viviendas en la zona aledaña al humedal de Angachilla, en Valdivia. Este reservorio es uno de los 40 incluidos en la primera etapa del ‘Plan Nacional de Protección de Humedales’, impulsado por el Gobierno” consignó el artículo, revelando los intereses de Galilea y su familia.
Fuente: El Mostrador