Permisos de agua: debate entre el medio ambiente y el desarrollo de la minería

La solicitud de extender los permisos de extracción de agua en el sector del Salar de Atacama, para asegurar el funcionamiento de empresas mineras, abre una compleja discusión en Antofagasta: la necesidad de resguardar el recurso hídrico amenazado, o permitir un desarrollo productivo que genera miles empleos e ingresos a la región.

El tema es de tal complejidad que varias instituciones prefieren no referirse a un caso en pleno desarrollo, el permiso que minera Zaldívar (Antofagasta Minerals) ha solicitado para extender la vida útil de su operación.

La discusión no es sencilla. Sobre la mesa está la eventual pérdida de unos 2.400 empleos y cerca de 700 mil toneladas de cobre que la zona dejaría de exportar, cifra que superaría los 600 millones de dólares. A esto, hay que sumar factores como el cambio climático y las sequías que amenazan las cuencas, la mirada de las comunidades indígenas que viven hace 12 mil años en el interior de la región, y la necesidad de asegurar el agua para consumo en sectores donde es imposible llevar agua desalada.

Solicitud

Desde Amsa manifestaron en 2018 que Zaldívar es una minera pequeña que está llegando al final de su ciclo. A esta faena le quedan cuatro años de operación y por eso, presentaron el proyecto «Continuidad Operacional Minera Zaldívar», cuya fase de cierre finalizará el 2031.

Pero la iniciativa fue rechazada por el Consejo Regional, debido a que implica extender la extracción de agua desde los pozos ubicados en la zona de Negrillar, al sur del Salar de Atacama. Según los consejeros, esta arista del proyecto no es acorde a la sustentabilidad que busca la Estrategia de Desarrollo Regional.

Sin embargo, la iniciativa sigue su trámite en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) y la decisión del Core no es vinculante.

En su reporte de sustentabilidad, Antofagasta Minerals detalló que en el 2018, Zaldívar reportó una producción de 94.600 toneladas de cobre.

La operación cuenta con 895 trabajadores directos y el 46% pertenece a la región.

El proyecto pretende darle una vida útil a la operación hasta el año 2029, concretando el cierre el 2031. La compañía indicó que si no consigue la extensión, solo podría funcionar hasta el 2022.

A modo de ejemplo, en esos siete años y tomando como promedio la producción informada en 2018, Zaldívar dejaría de exportar 662.200 toneladas, cifra que equivaldría a unos 600 millones de dólares.

Empleos

Cuando el proyecto fue rechazado por el Core, Amsa explicó que el cierre de la operación dejaría a 2.400 trabajadores, directos e indirectos, sin empleo.

También tendrían que terminar su relación con 240 proveedores locales y dejar de realizar compras y pagar patentes en la zona, lo que significa varios cientos de millones de dólares menos en Antofagasta.

Cuidar el agua y al mismo tiempo que las compañías continúen con su actividad es algo que pude compatibilizarse, pero requiere que todo el sector minero tenga una estrategia a mediano y largo plazo, y no planes individuales, asegura el ingeniero civil químico y exseremi de Medio Ambiente, Felipe Lerzundi.

«Hoy cada empresa instala su propia desalanizadora, pero a las operaciones más pequeñas no les dan los números y no hay una visión en conjunto, están resolviendo sus problemas solos y no como industria, no hay nadie que los convoque. Uno de los esfuerzos que debería realizar la industria minera, es tener un sistema estratégico de abastecimiento de agua», dijo.

Y apuntó que los desafíos de esta actividad no solo están relacionados con el agua, también en la relación con las comunidades .

Lerzundi también criticó las inversiones que las compañías mineras realizan en responsabilidad social empresarial, ya que representan montos marginales que «no elevan sus costos a niveles insostenibles».

«Hay consenso público y las compañías así lo han entendido, que el aporte que efectúan a la región es marginal y lamentablemente, a esta discusión las autoridades siempre llegan tarde. No los vemos hablando de gestión integrada de los humedales o de una carretera de agua desalinizada que permita abastecimiento diferenciado», sostuvo.

El exseremi subrayó que en zonas como Antofagasta, el agua no sólo debe apreciarse como un recurso hídrico, sino como una elemento que provee servicios ecosistémicos.

Además, señaló que no solo la minería es prioridad, ya que hay otras actividades, como agricultura, ganadería y las comunidades indígenas en el interior de la región, junto al turismo, que requieren de agua para desarrollarse.

Escondida

En una situación similar a la de Amsa, Minera Escondida presentó un estudio de impacto ambiental para la renovación de los permisos de extracción de agua que posee en la cuenca de Monturaqui, en el interior de la región y cerca del Salar de Atacama.

La firma posee un permiso vigente por 1.400 litros pos segundo hasta este año y la empresa ha realizado esfuerzos por reducir drásticamente ese consumo gracias a su planta desaladora en Coloso.

En 2018 ingresó una nueva solicitud para extraer agua desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 2030, fecha en la que entregará esos derechos de agua a la DGA y la comunidad de Peine.

A través de una adenda, Escondida rebajó su extracción de agua de 600 a 512 litros por segundo desde Monturaqui, lo que representará al 2020, el 12% del total de agua que consume la empresa.

Aunque el próximo año la compañía llegará al 85% de agua desalada, de no aprobarse la renovación del permiso de extracción, también podría significar un impacto negativo en la producción de la minera. Según el reporte de BHP, que opera a Escondida y Spence, ambas faenas el año pasado tuvieron una producción de 1.419.064 toneladas de cobre.

Felipe, Lerzundi,, exseremi de, M. Ambiente

«Hoy cada empresa instala su propia desalanizadora, pero a las operaciones más pequeñas no les dan los números y no hay una visión en conjunto, están resolviendo sus problemas solos y no como industria».