En lo que parecía un día clave para asignar derechos de agua que hicieran posible la Carretera Hídrica del empresario Juan Sutil, finalmente no hubo entregas por parte de la Dirección de Aguas de la Región del Bío Bío, pues los remates fueron declarados desiertos o pendientes. Así, de momento, esa agua sigue siendo de servicio público.
Aeso de las ocho y media de la mañana del miércoles 25 de septiembre comenzaron a llegar a las afueras del edificio de la Secretaría Regional del Ministerio de Obras Públicas de Concepción diferentes comunidades mapuche-pehuenche para manifestar su oposición a tres remates de derechos de agua superficiales del río Queuco y otros esteros de Alto Bío Bío.
Representantes y miembros de once comunidades, Butalelbun, Trapa Trapa, Malla Malla, Pitril, Caunicú, Ralco Lepoy, Callaqui, Los Chenques Pitril, Lo Chenques Cauñicu, entre otras, viajaron en buses y furgones -algunas con trayectos de más de cinco horas- para manifestarse frente a lo que llaman la «privatización» del estero Llauquero, río Queuco y el estero Vuelta Larga, de la comuna de Santa Bárbara. Esto, debido a que hasta ahora los derechos de aprovechamiento son no consuntivos, es decir, es agua que no es para el consumo y que debe ser devuelta al cauce.
En la manifestación, custodiada por al menos seis furgones policiales, los lienzos mostraban su oposición a la Carretera Hídrica que promueve el empresario Juan Sutil, que busca llevar agua de esos ríos hacia el norte del país. «Lo que ocurrió es que las comunidades indígenas lograron presionar y gracias a eso no se remataron esas aguas, pero detrás de eso, lo que ocurre es que esas aguas se están pensando para la Carretera Hidríca. Hay todo un trabajo antes de. Se hacen cosas sin decirle a las comunidades, pero hoy en día la comunidad está informada», plantea Ricardo Figueroa, Director del Departamento de Sistemas Acuáticos de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, Centro EULA-Chile.
«El Código de Aguas, data de hace más de 50 años, pero su última modificación importante fue el año 1981, cuando se estableció que el uso del recurso hídrico sería mediante una solicitud de derecho administrado por la Dirección General de Aguas. Hoy casi todos los ríos de Chile tienen dueño, y por eso lo que suele suceder es que se llame a remate para aquellos derechos que todavía quedan disponibles. Uno de los mercados más crecientes en Chile, es el mercado del agua», agrega Figueroa.
La Red por la Defensa del río Queuco es una de las organizaciones mapuche-pehuenche que ha desplegado importantes esfuerzos en movilizar a las comunidades en torno al rechazo de la Carretera Hídrica y aseguran «no hemos tenido ningún tipo de acercamiento con la empresa, de ningún representante, menos de Juan Sutil», según dice Fredy Queupil, miembro de la organización We che newen.
Sin embargo, no se adjudicaron los derechos de agua. Dos de los remates resultaron desiertos por la no comparecencia del solicitante, mientras que el tercero fue suspendido por un recurso de reclamación a la Corte de Apelaciones de Concepción, presentando por el senador Alejandro Navarro y la dirigente Carmen Paine Tranamil.
A las diez de la mañana en la sala de reuniones de la Dirección General de Aguas en Concepción comenzó el primer remate de derechos de aprovechamiento de uso no consuntivo sobre las aguas superficiales y corrientes del Estero Llauquereo, ubicado en la Provincia y Región del Biobío. Dicha solicitud de derecho fue presentada por Juan Vera Moris el 29 de enero de 2016, declarándose desierto, debido a que no se presentó el interesado ni otros postores, generando los afafan (grito de aliento) de los lonkos (autoridad ancestral mapuche) y dirigentes presentes.
Una hora después, comenzó el segundo remate de derechos de aprovechamiento de uso no consuntivo sobre las aguas superficiales y corrientes del río Queuco, en este caso, la solicitud fue presentada por la Sociedad de Ingeniería e Inversiones Ignalux Limitada, Exploenergías Limitada, Ricardo Pascual Poblete y Gustavo Navarrete, ninguno se presentó.
Inversiones Ignalux Limitada, creada el 2011, el año 2015 solicitó tres derechos no consuntivos en el rio Biobío por un caudal de 2000 m3/s en cada una. Mientras que Exploenergías Limitada tiene 46 solicitudes de derechos de agua.
Al mediodía el Director Regional de Aguas de la región del Biobío, Víctor Romero, anunció que la Corte de Apelaciones había acogido un recurso de protección que presentó el senador Alejandro Navarro, junto a Carmen Paine, werkén (vocera) de la comunidad indígena Butalelbun a fin de paralizar el remate del estero.
Desde la Dirección General de Aguas explicaron que si las aguas no se rematan, siguen siendo de servicio público y que los derechos quedarían disponibles si otra persona la quiere pedir.
Estos remates se enmarcan en el artículo 142 del Código de Aguas, el cual establece que «si dentro del plazo de seis meses contados desde la presentación de la solicitud, se hubieren presentado dos o más solicitudes sobre las mismas aguas y no hubiere recursos suficientes para satisfacer todos los requerimientos, la Dirección General de Aguas, una vez reunidos los antecedentes que acrediten la existencia de aguas disponibles para la constitución de nuevos derechos sobre ellas, citará a un remate de estos derechos. Las bases de remate determinarán la forma en que se llevará a cabo dicho acto».
Afafan
Luego de la finalización de los remates sin adjudicación, la manifestación se convirtió en un celebración, los dirigentes informaban a las comunidades lo que había ocurrido en la sala de la DGA, terminando las palabras con espontáneos afafan, la consigna era que los pehuenches estaban unidos. La sensación era que habían lograron ejercer presión a los postores, sin embargo, los dirigentes mapuche guardan cautela.
Según el lonko de la comunidad de Trapa Trapa, Juan Eugenio Mariluan, «la lucha sigue, porque no sabemos que está haciendo el Estado. Nosotros esperamos que los ríos estén a nombre de la comunidad. Las aguas son tan importantes, no queremos dejar una mala herencia a nuestra comunidad, a los que vienen detrás de nosotros. El remate que querían hacer fue un logro que no llegaron ellos, tienen que entender que deben respetar al pueblo pehuenche».
Por su parte, Luis Tranamil, dirigente del sector de Trapa Trapa, dijo a INTERFERENCIA que “quedamos conforme en cierta parte, porque no se sabe si en un par de años más vamos a volver a lo mismo. Creemos que hay que reunir a los políticos, a los consejeros regionales, parlamentarios, para darle énfasis a la tema, sino tendremos el problema por muchas generaciones más. Al igual como pasa con la tierras, que nunca se han regularizado, todas las aguas que tenemos en nuestra comunidad están de mano de particulares. Tenemos solo dos escrituras legales”.
«¿Dónde está la CONADI que tiene el fondo de tierras y aguas? No ha intervenido ni en comprar ni siquiera una vertiente. No hay políticos que hablen nuestro idioma mapuche, pero nosotros si los escuchamos a ello, por eso la cosa siempre es desigual”, agregó Tranamil.
Fredy Queupil, miembro de la organización We che newen dijo a INTERFERENCIA que «quedé con una sensación de alegría, porque se logró que se uniera más el pueblo pehuenche y demostramos con esto que podemos lograr muchas cosas, el Estado no nos puede seguir pasando por encima. De todas formas estaremos atentos a lo que venga».
