Vecinos de San Fabián expusieron en el Congreso

ecinos de San Fabián de Alico, opositores al Embalse La Punilla, expusieron, durante la tarde de este miércoles, los efectos negativos, que a su juicio, tendría la concreción de la obra, esto ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. 

En la instancia, las familias afectadas con los desalojos estuvieron acompañadas por el abogado Ricardo Frez, de la ONG “Defensa Ambiental” quien busca el apoyo de los parlamentarios para “hacer respetar todas las normativas que hasta ahora no se habrían respetado”. 

“La idea es visualizar el conflicto que se está dando. Visualizar los hechos que se han dado con los vecinos, las irregularidades y ver que herramientas en conjunto podemos establecer, con los parlamentarios, para que podamos establecer soluciones y se regularice una vez por todas el avance de este proyecto, que al parecer va avanzando sin un rumbo claro y sin mucha conciencia de todas las obligaciones que tienen que respetar”, dijo el abogado.

Por su parte, el integrante de Ñuble Libre, César Uribe, señaló que otro de los objetivos es pedir la salida del inspector fiscal, ya que asegura que no cumplió con su rol.  

“Queremos dar a conocer a las autoridades políticas el hecho de que este es un proyecto que no es tan bonito ni tiene tantos beneficios como se ha planteado y además creemos que el fiscal tiene una responsabilidad directa en lo que ocurrió y nos parece que debiese, a lo menos, salir de su cargo”, sentenció Uribe.

Animales

Uno de los principales reclamos que han realizado las familias desalojadas tiene que ver con los animales que se encuentran retenidos, ya que aseguran que están en pésimas condiciones, ya que no se les estarían entregando los cuidados que requieren. 

“La empresa Astaldi me tiene en estos momentos 11 vacas paridas, un caballo, dos mulares, una oveja y un chancho. Además cuando dejamos a las aves teníamos más de 200 y ahora deben quedar entre 60 y 70. Yo creo que murieron de hambre y sed (…) pero acá la empresa se lava las manos”, dijo Héctor López, uno de los desalojados.

Gobierno

Frente a los reclamos planteados por los vecinos, Cristóbal Martínez, gobernador de la provincia de Punilla, considera legítimas las manifestaciones de los opositores al proyecto, pero reiteró el compromiso del gobierno de continuar con este proyecto.

“Nos seguiremos ciñendo estrictamente a lo que establece la ley, y entendemos que quienes discrepan de este proyecto tan importante como es el embalse, pueden buscar las vías para expresar sus visiones, el objetivo de nosotros es seguir avanzando en el diálogo y lograr que el proyecto siga su curso y como autoridad hemos seguido todo el proceso”, señaló Martínez.

Cabe señalar que el 2014 comenzó el proceso de expropiación de terrenos en La Punilla,  donde no se les habría dado la posibilidad a los habitantes del sector a negarse a las expropiaciones por ser un proyecto de gubernamental, complicando principalmente a quienes, por distintos motivos, no son propietarios de las tierras que habitan y a quienes, por los montos cancelados, se verán en la obligación de dejar la zona.

Por lo mismo, se pidió elaborar un Plan de Desarrollo Social, donde se considerara la reubicación de las familias y las distintas medidas paliativas para enfrentar los cambios a los que se enfrentarían. Esto último es lo que ha molestado a los desalojados, ya que aseguran que el plan no cumple con lo solicitado, ya que se encuentra desactualizado.

Actualmente,  a 21 días de los desalojos, las familias han regresado a sus terrenos, luego que el Tribunal Ambiental de Valdivia obligara a la empresa Astaldi a restituir los bienes retenidos, como animales e inmuebles.