A fines del mes de octubre del presente año 2017, el Ejecutivo retiró la suma urgencia en la tramitación a uno de los proyectos de ley emblemas del presente Gobierno -y también uno de los más controversiales- como lo es la Reforma al Código de Aguas (boletín 7543-12). La iniciativa legislativa se encuentra en el Senado, en su segundo trámite constitucional, específicamente en la Comisión de Agricultura. Precisamente es en el gremio agrícola, encabezado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Confederación de Canalistas (CONCA), donde el proyecto ha recibido mayor oposición; precisamente el mismo sector que presionó durante más de doce años para dilatar la tramitación que recibió el año 2005 en mismo cuerpo normativo en comento, con el fin de fortalecer las atribuciones públicas en materia de aguas y acabar con el acaparamiento y la especulación de los derechos de aguas.
En el caso de nuestro país, el reconocimiento internacional del derecho humano al agua y el saneamiento, cobra tremenda importancia debido a la proliferación de conflictos por el agua, a lo largo de todo el país, que tienen como foco la disputa por el uso el agua entre la comunidad y los sectores productivos y la inexistencia de reglas de priorización que permitan hacer efectiva la implementación del derecho humano al agua. Dicha problemática ha sido visibilizada en diversos conflictos como el de la contaminación del Estero Pupío, parte de la Minera Los Pelambres; la ejecución del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo y la potencial amenaza a la disponibilidad hídrica para consumo humano del Río de Maipo; o también el caso de la Provincia de Petorca, cuya problemática en torno a actividad agroexportadora y la vulneración del derecho al agua ha sido recientemente presentada en el documental “Secos”. Al año 2014, la iniciativa chilena “Agua que has de beber” diagnosticaba casi 50 zonas del país con conflictos por el agua, donde existía no sólo vulneración al mencionado derecho al agua, sino también a otros derechos fundamentales como el derecho a la salud, al medio ambiente libre de contaminación, a la vivienda digna e incluso a la vida.
La tarea de las APR cobra especial relevancia en tiempos de escasez hídrica. Se estima que alrededor de 500 mil personas, en 175 comunas del país, tienen problemas de abastecimiento de agua potable, debiendo suplir el esencial servicio con reparto mediante camiones aljibes, al no contar la APR, con fuentes de abastecimiento, ni tampoco contar la legislación nacional con mecanismos de priorización del agua. Frente a estos casos tampoco se cuenta con un estatuto jurídico que permita hacer frente estos problemas de desabastecimiento de agua potable. En la práctica, el costo lo termina asumiendo el Estado, mediante la Oficina Nacional de Emergencia, con un costo anual de alrededor de 30 mil millones de pesos. Si a esto, sumamos las proyecciones científicas que estiman que Chile será uno de los países de la región más azotados por la escasez hídrica, el problema no se puede solucionar de un modo natural o por medio de un mero arreglo entre privados.
Por lo anterior urge que el Ejecutivo retome la suma urgencia en la discusión de la reforma al Código de Aguas. La iniciativa claro está que no es perfecta, pero sí intenta hacerse cargo de priorizar el uso del agua para fines de consumo humano. Por mucha resistencia que haya de algunos sectores productivos, se debe entender que legislar en materia de aguas hoy no es meramente un asunto técnico, sino también es un tema de derechos humanos. Una inobservancia de este aspecto puede llevar al Estado chileno al incumplimiento de tratados internacionales y a ser un cómplice en la vulneración de derechos fundamentales; ante la privación de un elemento vital como es el agua.