Se acerca el fin del segundo periodo presidencial del gobierno de Michelle Bachelet y en pocos días una nueva elección presidencial, y la renovación de la Cámara y de parte del Senado. Son días de abundantes fotos e inauguraciones, nuevos e importantes anuncios y compromisos, profusos análisis y comentarios sobre las promesas y el legado ambiental del quinto gobierno de la nueva mayoría.
Uno de los anuncios más recientes en esta materia ha sido el ingreso, vía mensaje, de un proyecto de ley que prohíbe las bolsas plásticas en los municipios de las zonas costeras chilenas, un tema clave para la protección oceánica en nuestro país y en el mundo, ya que las bolsas y los plásticos en general causan estragos en la diversidad marina. Este anuncio fue adelantado en la reunión de alto nivel “Los Océanos: una riqueza de oportunidades” en el marco de la 72 Asamblea General de las Naciones Unidas. Este hecho, sumado a una publicitada determinación del Consejo de Ministros de rechazar el proyecto minero Dominga, liderada por el ministro de medioambiente, Marcelo Mena, le valió elogios a la Presidenta, llegando incluso a ser catalogada por algunos como la nueva “capitana planeta”.
Sin desmerecer la importancia de eliminar las bolsas plásticas y de evitar la minería en la comuna de La Higuera, contigua a la Reserva Pingüino de Humboldt en la Región de Coquimbo, el problema es que en un país con nula cultura cívica, se confunden anuncios con leyes en tramitación o vigentes, y no existe información sobre el conjunto y relevancia de las políticas públicas.
La realidad es que tras la profusión de anuncios, existen importantes proyectos ingresados con bombos y platillos o bien patrocinados por el gobierno, tales como la Reforma al Código de Aguas, la Ley de Protección de Glaciares o la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que debiesen estar con suma urgencia para ser aprobados antes de que termine este mandato, pero como el gobierno no asume un claro liderazgo para tramitarlos, hoy corren el peligro de quedar congelados o archivados, debido a las presiones de los gremios como la gran agroindustria, la generación eléctrica o la minería, que no desean perder los privilegios que les entregó por ejemplo el Código de Aguas de 1981, que nadie discutió en esa época – donde no existía Congreso Nacional, – y prefieren seguir lucrando individualmente, antes reconocer y ceder ante el bien común en un país afectado gravemente por la escasez hídrica y el cambio climático.
Además de la insólita situación del proyecto de Ley de Protección de Glaciares, patrocinado por el gobierno, y que está congelado sin ser tramitado por la Comisión de Hacienda de la Cámara, presenciamos consternados el bloqueo de la Reforma al Código de Aguas por la Comisión de Agricultura del Senado, presidida por la oposición. Ante ello, la administración de Bachelet no le pone suma urgencia, única alternativa para concluir la tramitación de la ley en los tres meses legislativos que le quedan al actual gobierno; lo cual resulta incoherente con los compromisos de la presidenta de que “las aguas deben ser Bien Nacional de Uso Público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas». Similar falta de celeridad y voluntad política se observa en la lenta tramitación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas; las reformas al SEA Servicio de Evaluación Ambiental, comprometidos en el Programa de Gobierno, urgentes para el país y que no se pueden seguir esperando.
Estamos en periodo de elecciones de nuevos representantes para dirigir el país, diseñar y aprobar nuevas leyes y mejorar la equidad y la democracia. Ahora es cuando, los ciudadanos están evaluando los dichos y los hechos. Ahora es cuando los ciudadanos estamos esperando se realicen las acciones concretas para honrar los compromisos políticos. No solo es cuestión de seriedad política, sino de acciones prioritarias y necesarias, con carácter de urgencia. El acceso al agua y su gestión equitativa y sustentable es una de las más urgentes.
Nathalie Joignant
Coordinadora Observatorio Parlamentario Ciudadano
“Ojo con el Parlamento” – ChileSustentable.