Desertificación, gestión del agua, reducción de emisiones de efecto invernadero o la búsqueda por un acuerdo internacional en materia de biodiversidad. El Desconcierto revisó los programas de seis candidatos presidenciales junto a organizaciones ecologistas y ninguno de esos temas están presentes en sus propuestas. Ninguno de los aspirantes plantea una reforma al modelo de desarrollo extractivista, tampoco ninguno fomenta vías alternativas para fomentar la productividad.
En lo que llevamos de precampaña electoral, prácticamente no ha habido debate en los medios en torno a cómo se enfrentarán los temas ecológicos desde las distintas candidaturas. Más allá de la anécdota protagonizada por Manuel José Ossandón, quien evidenció su desconocimiento sobre el Acuerdo de París en el programa Tolerancia 0, no se han escuchado propuestas vinculadas a la minería, a la gestión del agua o a los conflictos socio ambientales.
Eso, pese a que Chile es uno de los países del mundo con más conflictos ambientales por habitantes, según un análisis del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (Cnid), organismo asesor de la presidencia.
La instancia coloca a Chile en el puesto 12 del ranking, con 46 conflictos, pero el país sube al 5° lugar si se analiza la cantidad de disputas por el número de habitantes. Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), 37 estarían vinculados a la minería, uno de los principales obstáculos para el desarrollo sustentable de nuestro país.
“El medioambiente no da votos”
Que los temas medioambientales no son prioritarios para los candidatos a la presidencia no es algo difícil de constatar. De las seis principales opciones analizadas por este medio, sólo la mitad hace alguna referencia a los temas medioambientales, lo que para el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Luciano Cuenca, es “muy deficiente”.
Carolina Goic, candidata de la DC; José Antonio Kast, independiente de derecha; y Sebastián Piñera, por Chile Vamos, son los tres postulantes que omitieron el tema, tal y como puede verse en las propuestas programáticas oficiales que figuran en sus respectivos sitios web.
El Desconcierto contactó con los comandos de Sebastián Piñera y José Antonio Kast –también con el de Goic, que nunca respondió la solicitud de información-. Ambos coincidieron en que los documentos que aparecen online no son los definitivos ya que sus equipos están aún trabajando en el contenido de una propuesta definitiva, donde “seguro” –dicen– aparecerán temas relevantes sobre medioambiente.
Para Cuenca, “deja mucho que desear que a estas alturas, estos candidatos no tengan una visión o unas medidas generales para plantear”. El activista califica de “excusa” la argumentación de los líderes más conservadores que, “sin tener una visión de estos temas, deciden levantar sus candidaturas”. “No reconocer que hoy día la crisis ambiental es un componente central de la crisis política que vive el país, es estar ciego y no tener una mirada estratégica de lo que se quiere para el país”, agrega.
Igual de escéptica se muestra Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, enfocada en las políticas públicas medioambientales, quien es contundente al asegurar que de candidatos como Sebastián Piñera, investigado por supuestos vínculos con la Minera Dominga, sólo espera un programa “pro minero o pro litio”, nada más allá de eso.
Sean como sean las iniciativas de los candidatos de derecha, Liberona tiene claro que “por más propuestas que incluyan, no las cumplirán” porque –sentencia– “el medioambiente no da votos”.
Guillier, perfeccionando el extractivismo
Alejandro Guillier, abanderado del PS, PPD, PC y PR; Beatriz Sánchez, líder del Frente Amplio; y Marco Enríquez-Ominami, rostro del PRO, son los tres postulantes a La Moneda que optaron por incluir alguna idea sobre medioambiente en sus respectivos programas.
ME-O presenta una propuesta que más que enfocada hacia el medioambiente, se centra en la industria minera. El candidato plantea que, como parte de la Reforma Tributaria, la gran minería pague la tasa a partir de las 2.000 toneladas en vez de hacerlo a partir de las 12.000, como está establecido ahora.
En cambio, quien detalla con mayor amplitud cómo abordaría, en caso de llegar a ser presidente, los temas relacionados con el medioambiente y el desarrollo sustentable es Alejandro Guillier.
El senador por Antofagasta es partidario de “propiciar que la próxima generación de grandes proyectos mineros se desarrollen en nuestro país”, pero matiza que esto se dé “con el debido respeto a la naturaleza y el medioambiente”. Junto con eso, pretende “posicionar a Chile como país base para la minería en Latinoamérica”.
Sobre la tributación de la Gran Minería, propone “respetar” el actual marco que, gracias a la ley que modificó el ex presidente Sebastián Piñera estará en vigencia hasta 2029. “La estabilidad y certidumbre de la política tributaria es uno de los elementos esenciales para la atracción de inversiones en el sector”, asegura en el documento programático.
El candidato, quien otrora integró la Fundación de la Minera Escondida BHP-Billiton –operaria de los yacimientos Escondida, Spence y Cerro Colorado–, también toca otro de los temas que generan más controversia en las organizaciones ecologistas: la explotación de litio, potasio y agua en el Salar de Atacama. “Debe propiciarse la entrada de nuevas empresas que participen en las diferentes áreas de explotación y producción de los minerales no-metálicos y del litio”, precisa su texto.
Para el director del OLCA, el programa de Guillier es totalmente “continuista” y plantea la profundización y el perfeccionamiento del extractivismo minero. “Si bien se plantean como problema los conflictos ambientales y enuncia elementos de diagnóstico de cómo ciertas actividades están sobrepasando los límites en los territorios, no se analiza cómo se abordan estos conflictos desde la expansión de la minería, una de las principales causas”, explica Luciano Cuenca.
El representante de la organización pone como ejemplo la Ley de Glaciares, una de las medidas que el candidato del oficialismo quiere impulsar, y asegura que la norma está paralizada porque “no logró demostrar que efectivamente protegería los glaciares y que estaba más enfocada hacia la minería que en proteger los glaciares”.
Cuenca identifica varias incoherencias en el documento: “Habla de mantener el sistema tributario, si bien plantea tibiamente que se debe abordar la renta de las explotaciones mineras”, critica. Y agrega: “Plantea abordar la desertificación, la mejora del Código de Aguas y la Ley Ambiental, pero no propone medidas estructurales que vayan a resolver estas problemáticas, porque esto significaría frenar la expansión de la minería”.
“El Frente Amplio no marca diferencia”
“Los impuestos que ha pagado la gran minería han sido históricamente bajos (en algunos casos inexistentes) y aquello contrasta con las descomunales ganancias del último ciclo de precios altos. Por esto, proponemos llevar a cabo un cambio tributario que logre recaudar más ingresos de forma significativa, sobre todo en los años de precios más altos”.
Así explica Beatriz Sánchez su fórmula para llevar a cabo una reforma tributaria y tocar las orejas de las grandes compañías extractivas. Junto con esto, en el desglose para “una nueva estrategia de desarrollo”, la aspirante del Frente Amplio habla de impulsar un cambio “paulatino” de la matriz productiva y de llegar a un “crecimiento sostenido y sustentable en términos ambientales”.
Ante los lineamientos de la coalición de izquierda, Flavia Liberona se muestra “sorprendida” por “lo liviano que toman el tema”, y critica que “sigan insistiendo en la minería y no en propuestas concretas para diversificar la matriz productiva”.
Según ella, la obstinación con el tema tiene que ver con una cultura que existe en nuestro país, “con la que todos nos hemos criado, que se basa en considerar que el cobre es el sueldo de Chile, aunque –según ella– en realidad, los impuestos llegan por otras vías mucho más importantes, como bienes y servicios”.
La directora de Terram lamenta que el Frente Amplio caiga en las mismas lógicas que el “progresismo latinoamericano”, que termina siendo “igual de extractivista” que cualquier otro gobierno: “El FA no ha marcado una diferencia en este sentido”, sentencia.
Por su parte, Luciano Cuenca le reprocha a Beatriz Sánchez que no vaya más allá de “simples enunciados generales”, sin que haya “adopción de nuevos principios que sustenten su estrategia ambiental”. Sin embargo, reconoce que “deja abierta la posibilidad de abordar cuestiones más de fondo cuando plantea la estrategia de desarrollo con una nueva matriz productiva, o la innovación para generar otro tipo de economía”, sostiene.
Prioridades para las organizaciones
Las organizaciones ecologistas y medioambientales se sienten decepcionadas con las posibilidades de cambios reales que, en vista a las elecciones presidenciales, por ahora, ven encima de la mesa. Ninguno de los y las aspirantes plantea una reforma concreta al modelo de desarrollo extractivista ni fomenta vías alternativas de fomentar la productividad.
Desde el OLCA y Terram consideran como prioritario abordar la expansión de la minería y sus problemas derivados como los conflictos socioambientales con los pueblos indígenas y las comunidades campesinas o la soberanía alimentaria.
Además, opinan que es imprescindible revisar la renta minera y gravar con impuestos la extracción de otros recursos más allá del cobre, como el molibdeno, del que Chile es primer productor mundial; disponer de estadísticas del uso de agua –tanto de mar como dulce– por parte de la minería a nivel local; y promover una ley de vacíos ambientales mineros que se haga cargo de todas las faenas abandonadas históricamente en el país y que permita iniciar un proceso de descontaminación de los territorios.
La desertificación, la gestión del agua y la reducción de emisiones del efecto invernadero, son otros de los desafíos pendientes que subrayan como necesarios desde el activismo.
Pese a que aún no han mantenido encuentros formales con los presidenciables, las organizaciones trabajan ahora en varios documentos que recogen sus prioridades para hacerlas llegar a los respectivos comandos de campaña. Pretenden que sus informes sirvan para que los programas electorales definitivos incluyan más y mejores ideas en materia medioambiental.
Los ecologistas no claudican e insistirán para ser escuchados y que quienes pretenden llegar al poder muestren mayor interés en este ámbito. Pero saben que el suyo es un terreno árido y que, hasta hoy, nunca un candidato ha representado los intereses ambientales.