La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) ha fortalecido el diálogo y el trabajo conjunto entre los Estados y los actores no estatales- particularmente las organizaciones de la sociedad civil- para fortalecer el acceso a la información, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas como principios fundamentales para la profundización y estabilidad de las democracias.
Los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas son transversales a la agenda de gobierno abierto, y pueden servir para mejorar las intervenciones estatales en diversos sectores como el relativo al AGUA y al saneamiento. La Alianza para el Gobierno Abierto deviene así una plataforma para promover compromisos de diversa índole que reivindiquen el rol de los gobiernos en garantizar el derecho de acceso a este recurso a todos los ciudadanos, mejorar la prestación de los servicios básicos y avanzar hacia una gestión participativa y ambientalmente sustentable de los recursos hídricos en el contexto nacional y global ante las restricciones y objetivos de adaptación al cambio climático.
América Latina y el Caribe enfrentan graves problemas de abastecimiento, distribución y contaminación de las aguas, lo cual dificulta el acceso equitativo y de calidad a este recurso indispensable para la vida. A esto se agrega que la mayoría de los países carecen de sistemas de rendición de cuentas y transparencia de la información que aporten datos verídicos y actualizados que permitan conocer cuál es el estado actual de los recursos hídricos, medir la eficiencia de las políticas públicas, identificar problemas y diseñar estrategias de corto, mediano y largo plazo. En este sentido, los temas de acceso a la información, planificación, gestión, protección, conservación y monitoreo relativos al agua devienen prioritarios y merecen ser incorporados en los Planes de Acción Nacionales a los que se comprometen los gobiernos miembros ante la OGP.
La inclusión de compromisos relativos al agua y saneamiento cobra especial importancia en el contexto de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que los países se han comprometido a lograr en los próximos 15 años, destacan el Objetivo 16 referido a la creación de instituciones eficaces, responsables e inclusivas, y especialmente el ODS 6 que busca “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.” Con la incorporación de compromisos relacionados con el acceso al agua y saneamiento, los planes nacionales de OGP pueden convertirse en herramientas efectivas para la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible.
Los Planes de Acción en el marco de OGP ofrecen una oportunidad y un instrumento concreto para avanzar -con el involucramiento y participación de la ciudadanía- en la implementación del derecho humano al agua, y en políticas públicas tendientes al cumplimiento de los ODS y la adaptación efectiva al cambio climático.
Algunos países ya han incorporado compromisos específicos relacionados al sector AGUA en sus planes nacionales ante OGP. En Brasil, el gobierno publica información sobre la ejecución del programa “Agua para todos” mediante un portal de datos. Ello permite el monitoreo ciudadano continuo sobre el progreso y resultados en la gestión del programa, propiciando la transparencia y la rendición de cuentas. En Paraguay, el gobierno ha involucrado a la sociedad civil y al sector privado en un diálogo multisectorial sobre la política de agua y saneamiento, facilitando así la participación ciudadana.
Por otra parte, existen experiencias pioneras que, si bien no están integradas todavía en la agenda de OGP, reflejan el potencial de impulsar políticas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana para mejorar el acceso, gestión y distribución de agua. En México, la sociedad civil ha realizado una iniciativa de amplia participación para una ley de aguas, que tiene como principios básicos la participación organizada desde las microcuencas y la contraloría social en la gestión hídrica. En Chile, organizaciones ciudadanas han diseñado una reforma al Código de Aguas, que fue adoptada por parlamentarios y luego patrocinada por el gobierno. En Argentina, organizaciones de la sociedad civil han mapeado villas y asentamientos precarios de la Ciudad de Buenos Aires que enfrentan serios problemas de acceso al agua (territorios invisibilizados donde no es clara la distribución de responsabilidades en materia de gestión y distribución de agua entre empresas de servicios y organismos públicos) y han desarrollado una plataforma que habilita la participación ciudadana a través de la georreferenciación de reclamos ante deficiencias en la prestación y acceso al agua. Con seguridad podemos multiplicar los casos de aportes colaborativos desde la sociedad civil organizada para temas hídricos sumando otros casos en los diferentes países de la región.
Una perspectiva y abordaje sectorial en la agenda de la OGP que incorpore compromisos vinculados al tema de AGUA y saneamiento permite involucrar a diversos actores de la sociedad civil y del sector público y privado: ministerios, gobiernos locales, organizaciones afectadas en el acceso al agua potable y saneamiento, grupos de investigación y universidades ubicadas al tema de recursos hídricos, empresas públicas y privadas que prestan servicios de gestión y distribución de aguas, organismos de control y fiscalización que auditan la gestión y prestación de agua potable, defensorías del pueblo u ombudsman sobre el derecho humano al agua, entre otras. Ello permitiría generar sinergias entre el logro de los ODS , en particular el referido al acceso y gestión del agua y la implementación de los Planes de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Publicada en: opengovpartnership.org