El director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, criticó el proyecto de Ley de Glaciares del gobierno que se discute actualmente en la Cámara de Diputados. El aspecto más grave, a su juicio, es que “sea la ciudadanía la que debe probar que requiere de los glaciares, es decir del agua para su subsistencia”, lo que implicaría un proceso caro y complejo de probar por muy obvio que parezca. “Mientras, las mineras pueden seguir afectando cualquier glaciar que deseen y que no haya sido puesto en esta categoría de protección especial por la autoridad”, precisó el abogado.
Arguyó que al poner la carga de la prueba en la ciudadanía, los glaciares quedan en una complicada situación, como si fueran “un bien esencialmente destruible, disponible, irrelevante”. Costa destacó que una “ley de protección de glaciares que obligue a proteger a estos monumentos de la naturaleza uno por uno es, en realidad, una ley para que la minería se proteja de los glaciares en lugar de una ley para proteger a los glaciares de la minería”.
El timonel de FIMA, agregó que ello se aleja absolutamente de la obligación del Estado de proteger el bien común; además, atenta contra el derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. “Al parecer, los glaciares están mejor protegidos sin ninguna ley que con una que tiene estas condiciones”, dijo.
