Este sábado un fuerte contingente de agrupaciones ciudadanas, respaldadas por figuras como Camila Vallejo y Maya Fernández, marcharán para exigir la paralización de un proyecto que desde sus inicios ha desatado controversias. Tras ser aprobado su cuestionado informe de Evaluación de Impacto Ambiental, la iniciativa impulsada por la multinacional AES Corp ha sufrido cambios en sus requerimientos de inversión –pasando de U$700 millones a U$2.050 millones–, la incorporación de nuevos actores claves como el Grupo Luksic y Aguas Andinas, y la configuración de una red de ex autoridades concertacionistas. Todo en medio de un complejo panorama para el suministro energético, donde hay poco espacio para un segundo fracaso al estilo HidroAysén.
El momento no podría ser más determinante. A poco de asumida la nueva administración en marzo pasado, se ha instalado el debate de la crisis energética –traducida en el alto costo del suministro eléctrico en los hogares–, con personeros de gobierno insistiendo una y otra vez en la necesidad urgente de fomentar la inversión en proyectos que permitan sanear los huecos de la estructura actual. Lo propia Mandataria anunció la inyección de US$ 650 millones para paliar la crisis. Por su parte, el ministro de Energía ha pedido no “ideologizar” el debate, mientras su par en Medio Ambiente ha expresado su confianza en el actual Tribunal Ambiental y otras normativas reguladoras. Sin embargo, con la caída del gigante HidroAysén, megaproyecto que en junio pasado fue finalmente rechazado por el Comité de Ministros, surge el inevitable nerviosismo sobre qué interpretación darán a estos gestos los inversionistas extranjeros y si será necesario compensar con una palmadita en las espaldas de la industria energética.
En medio de este complejo panorama es que organizaciones medioambientales, juntas de vecinos y agrupaciones ciudadanas, respaldadas públicamente por actores del mundo político, como Maya Fernández, Karol Cariola y Camila Vallejo, saldrán a marchar este sábado a las 11:00 horas desde Plaza Italia. La movilización exigirá la paralización total de las obras del megaproyecto que AES Gener pretende instalar en la cuenca alta del Río Maipo, de donde proviene el 70% del suministro de agua potable de la Región Metropolitana.
Y pese a que, en 2009, la Comisión Regional del Medio Ambiente aprobó el estudio presentado por AES Gener, los últimos años han estado marcados por recursos judiciales en contra del proyecto, modificaciones en los montos de inversión, incorporación de nuevos accionistas y hasta la emisión de un lapidario informe por parte de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que estimó que el proceso mediante el cual se obtuvieron los permisos estuvo viciado. Actualmente, existen vigentes cinco recursos judiciales presentados por la Coordinadora Ríos de Maipo, principal red de opositores al proyecto. “La Superintendencia debe fiscalizar, es lo que corresponde. Y la justicia debe cautelar estos actos de fiscalización. Se está entregando información al Ejecutivo, solicitudes a Contraloría, acciones legales para que los tribunales de justicia diriman. Esas son las herramientas del orden jurídico con que contamos”, agregó la ambientalista Sara Larraín.
A esta compleja trama se suman los nexos con figuras del mundo público y privado, con extensas redes de contactos. Tal es el caso del ex ministro Jorge Rodríguez Rossi, hombre clave de AES Gener, quien en abril pasado, en medio de un clima de fuertes cuestionamientos ciudadanos, fue ubicado estratégicamente a la cabeza de Alto Maipo como presidente de su directorio.
EL PODER DE LAS REDES
AES Gener es la segunda mayor generadora de energía del país y, a través de su filial en Chile, Inversiones Cachagua Limitada, pertenece a la multinacional AES Corporation, con negocios en los cinco continentes y oficinas centrales en Estados Unidos. Según consigna su sitio web, la empresa extranjera está ranqueada en el número 151 del listado Fortune 500 –de la revistaFortune– donde figuran las empresas estadounidenses de capital abierto con mayor peso.
En Chile, su paso no ha estado exento de problemas. La instalación y funcionamiento de varias de sus centrales han debido enfrentar una férrea oposición por parte de comunidades y movimientos sociales, así como las críticas emitidas por algunos organismos públicos a sus impactos ambientales. La termoeléctrica Guacolda, emplazada en el Valle del Huasco, Región de Atacama, y la termoeléctrica Campiche, en Puchuncaví, Región de Valparaíso, son algunas de ellas. En el caso de esta última, los conflictos llegaron incluso hasta las oficinas de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos.
En junio de 2009, la Corte Suprema ordenó la paralización de las obras de Campiche, acogiendo un recurso de protección contra su aprobación ambiental, debido a un problema con el uso de los suelos. En medio de la emergencia, el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, dio la alarma al entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, quien se reunió con autoridades del gobierno de la época, las que a su vez se mostraban preocupadas por cómo esta señal podía impactar en la inversión extranjera.
En diciembre de 2009 se creó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, instruida para indagar tanto el impacto del proyecto en la zona y en los recursos hídricos de la Región como en el proceso llevado a cabo por los distintos órganos que debieron dar su visto bueno para que la RCA del proyecto fuera positiva. Las conclusiones fueron lapidarias. El documento, aprobado con 50 votos a favor y ninguno en contra, consignó que el proyecto podía impactar en la seguridad y calidad del abastecimiento de agua potable de Santiago, afectar la sedimentología de los recursos naturales de la zona, degradar de forma irreversible la cuenca del río Maipo, destruir las subcuencas Volcán, Yeso y Colorado, y afectar el monumento nacional El Morado. No sólo eso. Los parlamentarios pusieron en tela de juicio el desempeño de los servicios responsables de la evaluación ambiental del proyecto, especialmente de la Corporación Nacional Forestal, la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas y el Servicio Nacional de Geología y Minería.
Posteriormente, una carta firmada por el secretario de Comercio de Estados Unidos llegó al asesor internacional de Bachelet, Marcos Robledo, hoy subsecretario de Defensa, y a las carteras de Interior, Economía, Vivienda y Urbanismo, y Energía. Finalmente, el 31 de diciembre de 2009, el Diario Oficial publicó un Decreto Supremo modificando la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, respecto del uso del suelo de actividades productivas. Con esto, Campiche obtuvo luz verde para continuar con las obras.
El directorio de AES Gener en Chile está presidido por el venezolano Andrés Ricardo Gluski, uno de los asesores del propio Barack Obama en el Consejo de Exportación de la Presidencia de Estados Unidos. Lo acompaña, entre otros, Arminio Borjas, abogado también venezolano vinculado al rubro energético en Panamá y Venezuela, y Radovan Razmilic Tomicic, consejero electivo de la Sofofa hasta 2015 y ex director de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). En el área ejecutiva, destaca la figura de Luis Felipe Cerón, hombre fuerte de la compañía desde hace años, a través de su participación a la cabeza de empresas como Guacolda, y la abogada Mariana Soto, al mando de la vicepresidencia de Asuntos Corporativos desde 2010. Soto fue subsecretaria de Energía de la Concertación entre enero y marzo de ese mismo año, tras desempeñarse como jefa de gabinete del ex ministro Marcelo Tokman, e integrar la Fiscalía Nacional Económica hasta abril de 2007.
RSE EN SAN JOSÉ DE MAIPO
El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo fue presentado ante las autoridades, en una primera versión, a mediados de 2007. Poco después, fue retirado y se presentó la segunda versión de su informe de Evaluación Ambiental, en mayo de 2008. Para su elaboración se encargaron estudios a Arcadis Geotécnica, Norconsult, Ambitrans Ingenieros Consultores, Salmag, el Departamento de Ingeniería de la U. de Chile, entre otros. La iniciativa contemplaba la instalación de dos centrales de pasada –Alfalfal II y Las Lajas–, dispuestas en serie hidráulica, que harían uso de los recursos acuíferos provenientes del sector alto del Río Maipo, así como la construcción de las requeridas estructuras para la captación de las aguas, ductos subterráneos, una subestación eléctrica, puentes, caminos, y otros. La inversión requerida ascendía a los US$700 millones y, según este bosquejo inicial, las obras debían estar terminadas para fines de 2012. Con el tiempo, la millonaria cifra ascendería, primero, a US$900 millones y, finalmente, a US$ 2.050 millones. Este incremento fue explicado por la empresa señalando que “cuando se presentó el proyecto a evaluación ambiental la inversión estimada era más baja porque no debía contabilizar los seguros ni los costos financieros y porque los valores internacionales de los equipamientos eran más baratos. Seis años después, el costo de la mano de obra es mucho más alto en Chile, varió el tipo de cambio con el que se calculó el proyecto en un inicio y al momento de construir hay que agregar los costos financieros de llevar adelante la obra”.
Pero esta no era la primera incursión de AES Gener en la zona de Alto Maipo. Otras cuatro hidroeléctricas ubicadas en el Cajón son de propiedad de la multinacional: Maitenes (1923), Queltehue (1928), Volcán (1944) y Alfalfal (1991). La construcción de esta última le significó a la empresa estrechar vínculos con la comunidad local mediante la oferta de empleos, en una zona donde la empleabilidad y la escolarización dejan bastante que desear. Así, en 1993 y como una forma de canalizar las acciones de RSE de la empresa para con las distintas comunidades afectadas por la instalación de sus centrales, nace la Fundación Maitenes, hoy rebautizada como Fundación AES Gener.
En medio del proceso de recolección de antecedentes para la RCA del proyecto Alto Maipo, el municipio ingresó una serie de observaciones ante la COREMA para que fueran incorporadas a la iniciativa. Sin embargo, miembros de la comunidad, que participaron en este proceso, recuerdan que la sensación generalizada fue que un municipio de escasos recursos poco podía llegar a hacer en términos de evaluaciones y estudios técnicos y, finalmente, se resolvió que confiarían en los servicios públicos que en ese momento debían someter a evaluación el proyecto. Pero si Alto Maipo iba a ser aprobado, la comunidad no se quedaría con las manos vacías. Y en marzo de 2009, mismo mes en que la Corema aprueba el informe del proyecto, la comunidad (a través de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos), el alcalde Luis Pezoa (RN) y la empresa firman un convenio que crea un programa de fomento al empleo local –traducido en la contratación para las obras de Alto Maipo de al menos 500 personas– y del Programa Social Gener, que otorga un aporte de 5.807 UF por 30 años para iniciativas y organizaciones locales. Toda esta entrega de recursos canalizada a través de la fundación de AES Gener.
En el último tiempo, y a medida que las críticas ciudadanas han surgido con más y más fuerza, el alcalde Pezoa ha hecho ver su preocupación por los alcances del proyecto. Otros, como la vocera de la Coordinadora Ríos de Maipo, Marcela Mella, explican que el descontento proviene también de supuestos incumplimientos en relación a lo acordado. “A la gente que vive en la localidad le han ofrecido menores sueldos porque no gastarían en la locomoción ni en comida. Van poniendo al alcalde en un escenario complicado. Logramos concordar con él en que va a solicitar a la Presidenta Bachelet que se revoque la Resolución de Calificación Ambiental, que se detengan los trabajos y que entre a tramitación un nuevo Estudio de Impacto Ambiental”, asegura la dirigente. Sin embargo, esta preocupación no ha tenido ningún efecto sobre el convenio con AES Gener, que permanece vigente.
En tanto, desde la empresa señalan que actualmente “existen 240 trabajadores locales en el proyecto, lo que representa el 22% del total”. En tanto las obras, ya iniciadas, cuentan con “más de 1.100 trabajadores en terreno y llevan 4% de avance”. A esto agregan que “el proyecto Alto Maipo cuenta con todos los permisos requeridos para su construcción, el financiamiento necesario y los contratos principales adjudicados a finales de 2013”.
APROBACIÓN CON REPAROS
En diciembre de 2009 se creó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, instruida para indagar tanto el impacto del proyecto en la zona y en los recursos hídricos de la Región como en el proceso llevado a cabo por los distintos órganos que debieron dar su visto bueno para que la RCA del proyecto fuera positiva. Las conclusiones fueron lapidarias. El documento, aprobado con 50 votos a favor y ninguno en contra, consignó que el proyecto podía impactar en la seguridad y calidad del abastecimiento de agua potable de Santiago, afectar la sedimentología de los recursos naturales de la zona, degradar de forma irreversible la cuenca del río Maipo, destruir las subcuencas Volcán, Yeso y Colorado, y afectar el monumento nacional El Morado. No sólo eso. Los parlamentarios pusieron en tela de juicio el desempeño de los servicios responsables de la evaluación ambiental del proyecto, especialmente de la Corporación Nacional Forestal, la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas y el Servicio Nacional de Geología y Minería.
Una de las primeras que salió a defender la resolución fue la entonces ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, quien recalcó que “se llevaron a cabo todas las acciones destinadas a evaluar ambientalmente en forma adecuada el proyecto”.
Poco antes de que se aprobara el proyecto, salieron a la luz antecedentes que generaron los cuestionamientos al visto bueno entregado por parte de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Y es que, pese a la oposición de la dirección regional del organismo, a raíz de una eventual vulneración de la Ley de Bosque Nativo, la directora de la Conaf, Catalina Bau, decidió otorgar su aprobación al informe. Esto habría quedado consignado en un correo enviado por Bau a la directora regional, María Teresa Latorre, en donde señalaba que la corporación consideraba satisfactoria las aclaraciones solicitadas a la empresa y que finalmente decidirían otorgarle el permiso ambiental. Bau estuvo casada con Enrique Correa, dueño de Imaginacción, una de las asesoras de Alto Maipo.
Asimismo, la RCA fue firmada por el entonces intendente de la Región Metropolitana, Igor Garafulic Olivares. La autoridad no era una total desconocedora del rubro. En 2005, fue electo como miembro del directorio de la empresa Aguas Cordillera, que pertenece a la sanitaria Aguas Andinas. Esta última ha sido un actor no menor en el proceso que el proyecto Alto Maipo ha debido sortear. Hasta la aprobación de su evaluación ambiental, su entonces gerente general, Felipe Larraín Aspillaga, llevó adelante una dura oposición al proyecto. La empresa emitió un informe manifestando su preocupación sobre el impacto que éste podía tener sobre la infraestructura sanitaria y el acceso a esta, criticando la falta de menciones a medidas de mitigación, reparación o compensación de los daños.
Sin embargo, en junio de 2011 y tras haber concluido las negociaciones de carácter reservado, Aguas Andinas suscribió un convenio con AES Gener. Entre otros puntos, este consigna que “la entrega a Gener para su uso consuntivo en el Proyecto, de un caudal de hasta 2,5 metros cúbicos de las aguas efluentes de las lagunas Negras y Lo Encañado, con obligación de Gener de restituir aguas arriba de la bocatoma independiente”. Para estos fines, la sanitaria solicitó a la empresa presentar un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente a estas dos lagunas.
Llama la atención la incorporación de las aguas de Laguna Negra y Lo Encañado al convenio, teniendo en cuenta que ninguna de estas estaba considerada en el proyecto original de AES Gener. Asimismo, desde la empresa explicaron a este medio que la iniciativa actual tampoco las contempla y que presentarán la pertinente evaluación sólo si en el futuro deciden explotar estos recursos. Con este acuerdo, agregó la empresa, “se reafirma la prioridad al uso de las aguas para consumo humano, pero, a la vez, se posibilita hacer un uso óptimo de dichas aguas, al poder utilizarlas para generar electricidad muchos kilómetros antes que las aguas sean tratadas para uso humano”.
De esta forma se zanjó el conflicto entre la sanitaria y la multinacional. Según consta en el resumen de hechos esenciales de 2011 elaborado por Aguas Andinas, las conversaciones para llegar a este acuerdo datan de diciembre de 2010. Sin embargo, el acuerdo no salió a la luz pública sino hasta febrero de 2013, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso presentado por la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo y obligó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios a dar a conocer el documento. Anteriormente, el organismo había rechazado la solicitud de la organización de revelar el acuerdo, al igual que el Consejo por la Transparencia, que también denegó la petición.
LA LLEGADA DE LUKSIC
En medio de las críticas al acuerdo de Aguas Andinas y AES Gener, agudizadas aún más por el secretismo con que se tramitaron las negociaciones, Felipe Larraín –quien a esas alturas había dejado su cargo como gerente para asumir como presidente del directorio de la sanitaria– aclaró, en entrevista con el diario La Tercera, que con el acuerdo lo que se buscaba era asegurar “la preferencia para el uso del agua para el consumo humano versus la energía eléctrica”.
Sin embargo, en julio de ese mismo año, el Grupo Luksic movió sus piezas y golpeó con una medida estratégica para paliar con seguridad la crisis energética y asegurar los recursos para la minera Los Pelambres en Coquimbo, controlada a través de su holding Antofagasta Minerals.
El grupo ingresó al proyecto Alto Maipo adquiriendo el 40% de sus acciones. Asimismo, sacó adelante un contrato que asegura un suministro de 110 MW para Los Pelambres a contar de 2018, según aclararon a este medio. Con esto, el proyecto que prometía centrar sus servicios en el suministro energético para los hogares de la Región Metropolitana, adquirió un nuevo cariz, vinculado a la urgente necesidad de la industria de asegurar una fuente de energía.
Pero este no es el único vínculo que une al Grupo Luksic con el cuestionado proyecto. En julio de 2011, un mes después de firmado el convenio entre Aguas Andinas y AES Gener, Rodrigo Manubens –hombre de confianza de Andrónico Luksic–, ingresó al directorio de Aguas Andinas, tras incorporarse el Grupo al listado de accionistas de la sanitaria.
La compra de las acciones de Alto Maipo no es la primera incursión que ha llevado a cabo Grupo Luksic en el rubro energético. Actualmente posee el 40% de la central termoeléctrica Hornitos y el 30% de la propiedad del parque eólico El Arrayán –el más grande del país–, que espera entrar en funcionamiento durante el segundo semestre de este año. No sólo eso, Antofagasta Minerals posee el 60% de la empresa Energía Andina, iniciativa que explotará el rubro de la energía geotérmica, y en 2009 firmó una asociación con la compañía australiana Carbon Energy para desarrollar un proyecto de explotación no tradicional de carbón en Mulpún, Región de Los Ríos. Todo indica que Grupo Luksic ha decidido anticiparse a la crisis.
UN EXPERTO AL TIMÓN DE ALTO MAIPO
En medio del arribo de los Luksic y del complejo panorama que pintan las autoridades medioambientales de este nuevo gobierno, otro factor se suma a la ecuación que configura este nuevo ciclo, en que el proyecto deberá sortear los conflictos ciudadanos y eventuales fiscalizaciones. Se trata de la llegada de Jorge Rodríguez Grossi al mando del buque de Alto Maipo, como presidente de su directorio.
El economista DC no sólo es un experto en el rubro energético, sino que además, a través de distintos roles, se ha consolidado como uno de los hombres fuertes de AES Gener. Entre 2007 y 2011, fue miembro del directorio de la empresa, así como también de la central termoeléctrica Guacolda, la cual presidió y dirigió en distintas oportunidades a partir de 1994. Antes de eso, Rodríguez Grossi fue presidente de Codelco, así como subsecretario de Hacienda y subsecretario de Desarrollo Regional en el gobierno de Patricio Aylwin. Más tarde, en el 2001, se incorpora a la administración de Ricardo Lagos, llegando a ser triministro, a la cabeza de las carteras de Economía, Minería y de la Comisión Nacional de Energía.
Fuentes conocedoras del rubro aseguran que su prueba de fuego fue Guacolda, un proyecto fuertemente cuestionado por la comunidad de Huasco producto de la contaminación, los problemas medioambientales y el impacto en la salud de los vecinos. Pese a los cuestionamientos, la iniciativa logró su aprobación, mientras Rodríguez Grossi se desempeñaba como director. Quienes lo conocen aseguran que su punto fuerte está en su capacidad para negociar, hacer concesiones, ceder en lo oportuno y tensar las cuerdas en lo que considera primordial.
Además, ostenta extensas redes que atraviesan varias esferas. El aparato público, la vieja Concertación, el mundo académico a través de su rol como decano de Economía y Negocios en la Universidad Alberto Hurtado, y la Democracia Cristiana, donde comparte amistad con figuras tan disímiles como el timonel Ignacio Walker, Ricardo Hormazábal y Gutenberg Martínez. En el rubro empresarial, coincide en el directorio de British American Tobacco (BAT) con figuras como el ex ministro de Augusto Pinochet, Carlos Cáceres; Roberto Guerrero del Río, socio fundador del estudio de abogados Guerreros, Olivos, Novoa (por el UDI Jovino Novoa) y Errázuriz, y la ex ministra de Energía y de Minería de Bachelet, Karen Poniachik.
Consultado por este medio sobre su valoración del proyecto, el economista se mostró satisfecho y aseguró que “Alto Maipo es el proyecto más amistoso con el medio ambiente que hay hoy en Chile, va a ser un aporte muy importante, limpio y barato a la oferta de energía eléctrica”. Asimismo, descartó cualquier impacto negativo en el suministro de agua potable de la región. En la misma línea, hizo un guiño al curso que están tomando las acciones y políticas medioambientales que ha impulsado el actual gobierno. “Está en línea con el abastecimiento dentro de normas ambientales que son de muy alto estándar, que son las que tiene Chile. Dentro de eso, Alto Maipo es de primera categoría”.
Por último, el ex ministro desestimó los cuestionamientos de los que ha sido blanco el informe presentado por la empresa y que consiguió una criticada aprobación por parte de las autoridades gubernamentales. “Toda la vida ha habido quejas de los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental, y cuando son serias, estas quejas tienen que canalizarse a través de los mecanismos institucionales que tiene Chile. Si se ha hecho algo, el proyecto ha salido exitoso en los cuestionamientos que se puedan hacer. De lo contrario, la incertidumbre jurídica que se generaría paralizaría las inversiones”, recalcó.
En tanto, desde el mundo medioambiental, no ven con buenos ojos su arribo a Alto Maipo. “No es casualidad que, donde el proyecto Alto Maipo tiene una tremenda crisis de legitimidad por las irregularidades en su aprobación, y al mismo tiempo causas judiciales no resueltas, quisieron blindarse con una figura de alto perfil político que les ha sido absolutamente funcional”, señaló la presidenta de Chile Sustentable, Sara Larraín.