Nuestro sistema democrático se encuentra fuertemente cuestionado por la ciudadanía. Los altos niveles de rechazo a las instituciones y principalmente a los partidos políticos, sumado a los bajos niveles de participación electoral, son sólo la expresión más visible de un malestar que se ha forjado al calor del neoliberalismo criollo y que tiene su origen en la alta dependencia del sistema político a los intereses de los grandes grupos empresariales. A este respecto, el caso Pentagate es sólo la expresión más grosera de un tipo de relación que se encuentra arraigada en las prácticas de nuestro corroído sistema institucional.
En materia ambiental, el apoyo cerrado del actual gobierno al Proyecto Alto Maipo, es una clara muestra del peso gravitante que ejercen los grupos empresariales sobre nuestra democracia. Sus orígenes se remontan al año 2007, cuando la transnacional AES Gener –una de las tres empresas controladoras del mercado energético–, ingresó a tramitación el megaproyecto hidroeléctrico. Éste busca desarrollar un túnel subterráneo (el más largo de este tipo en el mundo) en el Cajón del Maipo, que canalice las aguas de los ríos Volcán, Yeso y Colorado (afluentes del Río Maipo), para devolverlas 70 kilómetros más abajo, luego de haber sido utilizadas en las turbinas generadoras de electricidad.
Según expertos y organizaciones sociales, de implementarse el proyecto, se acelerará la desertificación de la cuenca del río Maipo y se pondrá en grave riesgo la principal fuente de agua potable y de regadío de Santiago, sumado al invaluable deterioro y pérdida de los ecosistemas del Cajón. Si en un primer momento, la aprobación del proyecto sufrió un revés y debió ser retirado y reformulado por la empresa, el ingreso del grupo Luksic en el año 2013, asegura –hasta el momento–, su viabilidad política. Éste se incorpora a través de Antofagasta Minerals mediante la compra del 40% de las acciones de la filial de AES Gener, buscando asegurar así el suministro energético del yacimiento de su propiedad, Los Pelambres. La energía generada no será utilizada para el consumo residencial, tal como arguyen los titulares del proyecto, refiriéndose al déficit energético del país. Al contrario, el de esta será destinada al yacimiento del grupo Luksic, explotación que poco o nada aporta al país en términos de recaudación fiscal.
El apoyo cerrado de la Concertación al Proyecto Alto Maipo se explica por dos motivos, los estrechos vínculos entre el bacheletismo y su principal financista, el grupo Luksic, y la silenciosa agenda energética que impulsa el ministro Pacheco, carta con la que se busca recomponer los apoyos del empresariado nacional al proyecto concertacionista.
Dada la precariedad actual del caudal del río Maipo, será necesario que Aguas Andinas, empresa monopólica encargada del abastecimiento de agua potable, aporte de forma permanente con agua del embalse el Yeso. De esta manera, desatiende su función prioritaria de abastecimiento de agua potable a los habitantes de la Región Metropolitana, con el objeto de desarrollar proyectos que benefician exclusivamente a intereses empresariales y que podrían comprometer seriamente el desarrollo de su función estratégica.
Frente a la fuerte oposición ciudadana y de la comunidad del Cajón del Maipo y el calculado silencio de autodenominadas fuerzas progresistas que hasta hace poco criticaban el proyecto, el gobierno no ha dudado en enviar no una, sino varias señales respecto de su irrestricto apoyo. La iniciativa ha sido encabezada por el otrora director del grupo Luksic, hoy ministro de Energía, Máximo Pacheco, amigo de los empresarios Andrónico Luksic y Bernardo Matte, y secundada por la Presidenta de la República. Desde el gobierno se ha señalado que el proyecto cumple con los estándares legales y que, en un escenario de estancamiento económico, se debe fomentar la acción de los privados, quienes, en palabras del ministro Arenas en la reciente Enade, constituyen “el corazón de la economía”. El apoyo cerrado de la Concertación al Proyecto Alto Maipo se explica por dos motivos, los estrechos vínculos entre el bacheletismo y su principal financista, el grupo Luksic, y la silenciosa agenda energética que impulsa el ministro Pacheco, carta con la que se busca recomponer los apoyos del empresariado nacional al proyecto concertacionista.
Esta agenda, busca resolver uno de los principales obstáculos que las organizaciones empresariales han señalado para retomar la senda de crecimiento económico: el negativo impacto de los elevados costos de la energía para el desarrollo de proyectos de inversión. De esta manera, la acción política estatal nuevamente se coloca al servicio de los grandes grupos económicos, desatendiendo las demandas sociales y una necesaria discusión ciudadana sobre la matriz energética que Chile necesita.
Hasta el momento, el anunciado “nuevo ciclo político” ha demostrado que sólo tiene oído para los intereses sociales de los grandes empresarios y de los poderes fácticos, ignorando las demandas de organizaciones socioambientales, de estudiantes, profesores, entre otros, quienes desde diversas perspectivas demandan la existencia de un Estado que se oriente al bien común y a la resolución de las demandas ciudadanas y no a la mera realización de intereses particulares. En un escenario donde la política se encuentra colonizada por el poder empresarial, son las fuerzas sociales movilizadas y la ciudadanía activa, las llamadas a democratizar la política.