A propósito de la última movilización nacional por la recuperación y defensa del agua que se llevó a cabo el día 26 de abril del año en curso, es necesario destacar que la historia es un elemento imprescindible para analizar el presente y proyectar el futuro. El agua, o más bien dicho, del agua depende la vida, y no sólo la vida humana y animal, si no también la vida, crecimiento y desarrollo de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas y por cierto el desarrollo de las economías locales. Distintas fuentes, y en particular la Organización de Naciones Unidas, sostienen que a nivel mundial son cerca de 900 millones de hombres y mujeres los que viven privados de acceder a agua potable, en ese mismo sentido no es irresponsable reafirmar que el Agua para el siglo XXI, va a tener la misma importancia que el Petróleo para el siglo XX. En América Latina, durante la década del 70 y parte del 80, 18 de 20 países tuvieron gobiernos Dictatoriales, los que se caracterizaron por la aplicación del Neoliberalismo en su expresión más brutal y desigual, privatizando derechos sociales y bienes naturales imprescindibles para la vida de todos y todas. En materia de Neoliberalismo, Chile fue y continua siendo, el alumno más aplicado de la región, la privatización de la Educación, la Salud, la privatización de los fondos de pensiones de los Trabajadores, la privatización del Agua, son las credenciales de buena conducta del país ante los halcones del Neoliberalismo. Y como lo que motiva esta columna es el Agua, habría que señalar que Chile tuvo un código de aguas formulado en el marco de la reforma agraria (1967), dicho código sostenía en su artículo número 9, que todas las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso público, contemplaba la indivisibilidad del agua con la tierra, impedía la comercialización del agua, asignaba el derecho de aprovechamiento del agua con arreglo a las necesidades, y establecía caducidades de 2 años si las aguas no se utilizaban, caducidades si se daba a las aguas una utilización distinta a la solicitada, y finalmente caducidades por ceder el derecho a terceros. El código de Aguas del año 1981, formulado en plena Dictadura, y vigente al día de hoy, tuvo como propósito transformar a las aguas en objeto de lucro y usura, señalando a las mismas como bien privado, separó la propiedad del agua del dominio de la tierra, se encargó de concederle la prerrogativa al Estado de ser este quien concede los derechos de aprovechamiento de aguas a los privados, derechos concedidos de manera gratuita y a perpetuidad, los que una vez obtenidos, y amparados por las garantías constitucionales del derecho de propiedad, artículo 19 número 24, de la constitución del 80, transforman al agua en un bien de capital transable en el mercado bajo la lógica de la oferta y demanda, el mismo código de aguas del 81 creo dos categorías de Derechos de aprovechamiento de aguas, aguasConsuntivas y aguas No Consuntivas, y la diferencia entre ambas categorías de derecho, dice relación con la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río. Hoy el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas Consuntivos (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas Mineras y Agroexportadoras, y en el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas No Consuntivos (devuelven un caudal al río) y que se utilizan preferentemente para la generación de Hidroelectricidad, el 81% de estos derechos pertenecen a ENEL, una empresa pública-privada de origen Italiano, es decir, y como señalamos cada vez que nos toca exponer, Chile no tiene soberanía sobre el bien natural más importante, me refiero al agua. A lo anterior, y para ser riguroso con la Historia, hay que agregar que el año 1997, y durante la administración concertacionista liderada por Frei Ruiz Tagle, se privatizaron las sanitarias, y a fines del mismo año, Frei en Antofagasta y Menem en San Juan, firmaron el tratado Binacional Minero, tratado que se encargó de entregar la naciente de las cuencas a la Megaminería. En los días previos a la última movilización nacional por el agua (26/04/2014), y también en los días posteriores, parlamentarios repusieron la discusión en el congreso acerca de la nacionalización del agua, el delegado presidencial para la sequía, designado por Bachelet en este su segundo mandato, ha reactivado su agenda, designando contrapartes en regiones, medios de difusión que durante años han invisibilizado la lucha por el agua, hoy llevan panelistas de viejo cuño, como Bitar o Gutemberg Martínez, para que diserten de las bondades del agua como bien público. En tanto las comunidades y territorios siguen ausentes en el debate sobre el agua, comunidades privadas de agua se bañan por presas y hacen sus necesidades en bolsas plásticas, la arquitectura caminera en vastos territorios del país se repleta de camiones aljibes repartiendo agua, miles de pequeños agricultores pierden sus siembras y plantaciones, puesto que la codicia de la agricultura de exportación no trepida en obras irregulares para captar agua de forma impropia, la agroindustria y minería contamina los cauces de agua, la forestales secan las napas freáticas y erosionan los suelos, las hidroeléctricas dueñas del agua represan las mismas, destruyen patrimonios, territorios, fragilizan la vida. A fines del año 2013, el informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales sostuvo en su capítulo número 7, que el Estado hoy no garantiza el Acceso al agua de su población, irrespetando el derecho Humano al agua, en la misma línea, el Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló que en Chile el agua librada al arbitrio del mercado, y la falta de regulaciones, atenta contra el principio humano de acceder al agua. 33 años de lucro, usura y exclusión derivados de la privatización del agua en Chile, son una atentado al sentido común, 33 años de lucro con el agua nos tiene desde Arica-Parinacota, hasta Magallanes, peleando por la Recuperación del agua para nuestras comunidades y territorios, insistiendo en la Derogación de los instrumentos privatizadores del agua, señalando cada día con más fuerza, que el agua debe ser un Bien Público, consagrado constitucionalmente como un Derecho Humano, porque en definitiva NOSOTROS comprendemos que la lucha por el agua es la defensa de la vida, los otros, bueno, los otros seguirán cautelando el interés privado del agua. Rodrigo Mundaca Secretario General MODATIMA
