La comisión investigadora del proyecto aurífero emitió su informe final. El texto no sólo no pide, como se esperaba, la caducidad de los permisos, sino que se plantea no aplicar el Convenio 169 ni la norma de glaciares, además de proponer nuevas reglas para blindar la inversión privada.
GUSTAVO ORELLANA | EMPRESA | 05:00 HRS
El Pulso
Se esperaba un informe lapidario; que sugiriera la revocación de los permisos ambientales y solicitara sanciones ejemplares en contra de Pascua Lama.Pero las conclusiones del trabajo que por siete meses desarrolló la comisión investigadora del Congreso sobre los efectos ambientales del proyecto fueron por una línea muy distinta. El documento, que fue aprobado hace algunos días en la comisión respectiva por 10 votos a favor y dos en contra, y al que tuvo acceso PULSO, plantea que si bien el titular del proyecto ha incurrido en reiterados incumplimientos, éstos han sido abordados por los cauces administrativos correctos, como la Superintendencia de Medio Ambiente, que sancionó a Barrick con 10.000 UTM más la clausura temporal de la iniciativa.»La comisión considera que en caso que con posterioridad a la implementación de las medidas que se le han impuesto por las autoridades competentes, la empresa reincida en incumplimientos manifiestos, procedería de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico ambiental la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental», plantea el documento.Además, se señala que no procede la aplicación de normas que fueron dictadas con posterioridad a la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) de Pascua Lama, como el Convenio 169 de la OIT.»En virtud del principio de irretroactividad de las normas, no pueden aplicarse al proyecto aquellas normas que no estaban en vigencia antes de que el desarrollo del proyecto fuera autorizado por el Estado de Chile, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; el Inventario de Glaciares y la Política y la Estrategia Nacional de Glaciares; la modificación al Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental referida a los glaciares y la modificación al Reglamento de Caudales Ecológicos de la Dirección General de Aguas», añade el documento.Asimismo, la comisión concluyó que tanto en lo relativo a los incumplimientos como al proceso de tramitación completo se manifiestan debilidades normativas en distintos puntos, entre ellos, la participación ciudadana, que a juicio de los diputados no opera como se debe y abre espacios para que las comunidades se manifiesten posterior a la aprobación por la vía de la protesta o recursos judiciales.Según la comisión, estas falencias deben ser abordadas para permitir que el principio preventivo de la ley ambiental pueda operar de manera eficiente, «evitando que la participación de la ciudadanía degenere en denuncias, protestas y disconformidad posteriores a la aprobación ambiental», se dice.También se cuestionó las condiciones para la inversión que existen en el país y la necesidad de fortalecer la normativa. «La comisión ha constatado la necesidad de reforzar la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de cualquier clase de proyecto productivo, especialmente de inversiones tan complejas como la minera», dice el documento.VOTO DE MINORÍAEl informe final, que aún debe ser votado en la sala, contó con el rechazo del diputado Alberto Robles, quien criticó las conclusiones señalando que la comisión debe elaborar un reporte político y no un análisis jurídico. Por esa razón, expresó el parlamentario radical, lo que correspondía era imponer una sanción ejemplar que enfatice la responsabilidad de una empresa extranjera. «Barrick no debería recibir una segunda oportunidad luego de los graves incumplimientos en que incurrió», dijo Robles. Marcelo Schilling (PS) también rechazó el informe.