A fines de noviembre se vence el plazo para responder dos recursos de invalidación interpuestos por la ciudadanía contra el proyecto energético. El Ejecutivo ni siquiera ha notificado a las partes. Opositores plantean que es “un intento más de retrasar el proceso”.
Una de las presentaciones es contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y apunta a importantes omisiones en la tramitación y aprobación del proyecto. La otra exige que se declare nula la notificación, ya que ésta se hizo a través de la prensa escrita y no personalmente, a quienes presentaron observaciones al estudio de impacto ambiental, lo que afectó sus posibilidades de presentar reclamaciones a tiempo.
Entre los firmantes del documento figuran destacados personajes de la zona, como la abogada y ex intendenta Viviana Betancourt; la comunicadora social Claudia Torres; el dirigente de los pescadores artesanales Iván Fuentes; el presidente de la Fundación Aysén Futuro, Antonio Horvath Gutiérrez; su padre, el senador RN Antonio Horvath Kiss; la empresaria regional Miriam Chible; y el obispo Luis Infanti.
El secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Segura, indicó que “se presentaron estos tres recursos de inadmisibilidad y, conforme a las leyes de base de procedimiento administrativo, hay seis meses para resolverlos, que se cumplen a fines de noviembre. El Gobierno no ha notificado a las partes, ni siquiera los ha subido al portal electrónico del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), como si los recursos no existieran. Esto porque ponen en riesgo la tramitación del proyecto, ya que si se aceptan, van a hacer que Hidroaysén se caiga. Son los otros recursos sobre este megaproyecto energético que el Gobierno no quiere resolver”.
El dirigente apuntaba a la decisión que habrían tomado las autoridades de postergar la reunión del Consejo de Ministros, que debe zanjar las reclamaciones presentadas por la empresa y la ciudadanía, para después de las elecciones presidenciales, con el fin de no politizar la decisión.
Con esto coincidió el obispo de Aysén, Luis Infanti, quien criticó la forma en la que se ha conducido el trámite de las centrales: “Ha habido reiteradas irregularidades y esta es una más. Confiamos en que, en algún momento, se tome una decisión más definitiva sobre este proyecto, porque políticamente nadie quiere asumirlo. Recibe mucho rechazo de la ciudadanía y, por lo tanto, cualquier opción que intente aprobarlo se va a ver perjudicada políticamente”, dijo.
El religioso recordó que el Comité de Ministros debió haberse reunido el enero y añadió que “la ciudadanía ya ha manifestado su opción y vemos que los políticos nuevamente van de acuerdo a las conveniencias propias y no el bien común, no sólo el de Aysén, sino de todo el país, porque el tema Hidroaysén afecta todo lo relacionado con el medioambiente, las aguas y la energía”.
En ese sentido, Infanti sostuvo que hay un proyecto país y una definición de política energética que se sigue postergando y que afecta gravemente a futuro las opciones del país, lo que perjudica a la propia población chilena.
Cabe señalar que a la hora de cierre de este artículo, ni el ministerio de Medio Ambiente ni el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental respondieron nuestras solicitudes de información sobre el destino de estos dos polémicos recursos, cuando queda menos de un mes para que se venza del plazo.