Otro de los puntos que planteará el empresariado es la falta de institucionalidad pública clara en este tema, donde hoy tienen injerencia a lo menos seis ministerios.
En la etapa de redacción de la propuesta -que antes de que finalice este año presentarán al Gobierno- se encuentra el comité hídrico de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que este miércoles sostuvo su décima reunión.
Según Patricio Crespo (SNA), presidente de dicha instancia, ya existe acuerdo en cinco propuestas, entre ellas apoyar el modelo de financiamiento compartido de las obras hídricas (como embalses) que establece el DL 1.123.
Esto, porque según el análisis realizado por expertos de los sectores minería, agricultura, sanitarias e hidroelectricidad tal normativa no ha tenido un uso significativo. Pero, a juicio de los privados, debiese potenciarse ya que establece un modelo donde el Estado invierte y realiza las obras, haciéndose cargo de las expropiaciones necesarias, y luego las traspasa al sector privado a cambio de una contraprestación. Se trata de un sistema de pago en cuotas, como el dividendo de una casa.
«Hay disposición de los privados a financiar, pero es el Estado el que debe materializar las obras», sostiene Crespo.
Otro de los temas que abordará la propuesta son las sanciones en los robos de agua. A juicio de la comisión, la Dirección General de Aguas (DGA) debiese cumplir un rol importante en esta materia, ya que actualmente existe un procedimiento judicial, pero es largo y caro. Por ello, muchas veces los dueños de derechos de agua desestiman esta vía. «La gente sabe que puede robar porque es casi imposible que se castigue», dice Crespo.
Respecto de las infiltraciones de acuíferos, los empresarios coinciden en que la actual política es muy restrictiva. De hecho, sólo se puede extraer el agua que entró a las napas el último año, la denominada recarga anual, lo que genera una subexplotación de este recurso.
A nivel de institucionalidad, hay consenso en la falta de una entidad que lidere el tema del agua, ya que hoy intervienen a lo menos seis carteras, entre ellas Obras Públicas, Agricultura, Economía, Hacienda, Desarrollo Social y Medio Ambiente.
Una de las zonas más críticas pesquisadas es la V Región, donde no existen embalses, por lo que el Valle del Aconcagua y La Ligua-Petorca hoy enfrentan una situación muy compleja. Finalmente la comisión se pronunciará sobre el rol de las organizaciones de regantes y la necesidad de que éstas construyan información sobre derechos de agua disponibles y zonas críticas en materia de recurso hídrico.
Imagen destacada (cc): Eiti Kimura