El 3 de diciembre de 2010, la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de Arica y Parinacota dio luz verde al proyecto de exploración minera «Catanave», de la empresa Southern Copper Corporation.
El lugar elegido y en el que se pretenden instalar siete plataformas para realizar 14 sondajes, es la ladera oeste del cerro Catanave.
Esto, dentro de la Reserva Nacional Las Vicuñas, ubicada a unos 60 kilómetros al sureste de la localidad de Putre.
En dicho municipio, la decisión fue fuertemente cuestionada, debido a que la zona es un bofedal de gran fragilidad ecológica y que subsiste gracias a las aguas subterráneas existentes, que serían utilizadas por la empresa. Además, el sitio es un lugar ancestral de pastoreo de la comunidad indígena de Ticnamar y de comunidades aimaras aledañas.
En vista de esto, el alcalde de Putre, Angelo Carrasco, presentó un recurso de protección en contra de la resolución de la Corema, que se fundamentaba en que no se realizó el proceso de consulta estipulado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por Chile en 2009 y que obliga a consultar a las comunidades indígenas afectadas por un proyecto. Lo que, a juicio del municipio, no sucedió, ya que sólo se informó de la iniciativa.
La Corte de Apelaciones decidió no acoger el recurso en primera instancia. Tampoco lo hizo la Tercera Sala de la Corte Suprema el 16 de junio pasado, la cual, con un voto en contra, decidió rechazar la solicitud.
El voto de minoría, dado por el ministro Haroldo Brito, acogía la necesidad de que la Corema hubiese realizado el proceso de consulta estipulado por el Convenio 169.
Los pasos a seguir
Frente al fallo, el abogado del municipio, Lorenzo Soto, señaló que «valoramos la apertura de al menos una visión al interior de la Corte Suprema de que existen derechos indígenas consagrados internacionalmente que deben ser respetados».
En todo caso, aseguró que están evaluando acciones y mecanismos legales a utilizar. Y recalcó que «con este fallo no se agota la vía judicial, ya que se abre la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Derechos Humanos o a la OIT».
En tanto, el seremi de Minería, Alfredo Arriagada, valoró el fallo y explicó que las áreas silvestres protegidas de la región alcanzan a 45% del territorio, por lo que «puede que más de un proyecto se tope en una zona de reserva o muy próxima a ella».