Pica y Mantilla, extracción de agua por minera Collahuasi

El oasis de Pica está ubicado en las cercanías del Camino del Inca, a 114 kilómetros al interior de Iquique, en la Región de Tarapacá, y a 1.600 metros sobre el nivel del mar.

La zona de Pica es un área turística, con balnearios termales en medio del desierto. En las cercanías se encuentra el pueblo de La Tirana, famoso por sus festividades religiosas y culturales; y los poblados de La Huayca, Matilla y Lirima, asentamientos humanos ancestrales de alta riqueza agrícola en la región más árida del país. En Pica existen varios oasis en medio de la pampa del Tamarugal, donde se mantiene la actividad agrícola y se incrementa el desarrollo del etnoturismo.

Los oasis de Pica y Matilla actualmente enfrentan un grave conflicto por el agua, a causa de la extracción de agua por parte de la minera Doña Inés de Collahuasi, desde las napas subterráneas del área para alimentar sus faenas, lo que afecta gravemente la producción agrícola.

Los 4.700 habitantes de Pica y Matilla viven de la fruticultura de limones, mangos, guayabas, naranjas y pomelos, y del turismo. Pero en los caseríos del altiplano, el modo tradicional de vida sigue estando centrado en la crianza de auquénidos y el cultivo de quínoa, hoy bastante mermados desde que se instalaron las grandes compañías mineras.

El Salar de Huasco del cual se abastece el oasis de Pica, es una de las pocas fuentes de agua dulce del altiplano de la Región de Tarapacá. Esta fuente y todo el sector enfrenta la amenaza constante de la compañía minera Doña Inés de Collahuasi, que pretende aprovechar esos recursos hídricos para sus faenas extractivas de cobre.

La comunidad acusa a la empresa de haber secado otros salares como el de Michincha y Coposa. El primero simplemente se secó, mientras el segundo vio reducido su caudal de 90 a 20 litros por segundo en 5 años. De momento, no existen estudios técnicos fiables que certifiquen que la Laguna de Huasco carece de conexiones subterráneas con las vertientes que nutren al oasis, y que permiten la fruticultura en la zona. Dicho humedal altoandino está además protegido por convenciones internacionales y nacionales, debido a que constituye un ecosistema único.

A partir de 1994, las empresas Quebrada Blanca, Cerro Colorado y Doña Inés de Collahuasi, propiedad de las transnacionales Noranda, BHP Billiton y Falconbridge, Anglo American y Mitsui & Co respectivamente, entraron en funcionamiento en esta zona aledaña a Pica y Matilla.

Noranda Inc. con su matriz en Toronto, Canadá, es una de las más grandes en minería y metalúrgica a nivel mundial, con más de 48 proyectos, operando en ocho países. Es una de las mayores productoras de zinc y níquel, e importante productora de cobre, aluminio, oro, plata y ácido sulfúrico, entre otros. También tiene negocios forestales, de petróleo y gas. Noranda tiene uno de los peores prontuarios ambientales empresariales a nivel mundial. Existe registro de 87 violaciones a ley en Canadá, y multas que ascienden a 1.2 millones de dólares. Sus ilícitos incluyen derrames y descarga de tóxicos, registros insuficientes, deficiencias de almacenamiento de residuos nocivos, emisiones atmosféricas tóxicas, accidentes derivados de negligencias, contaminación de aguas costeras y zonas de pesca, y falta de información a la autoridad en sucesos o accidentes contaminantes, entre otros.

BHP Billiton es un grupo empresarial diversificado, operando en siete segmentos: petróleo, aluminio, metales básicos, materiales de acero al carbono, diamantes y productos especiales, carbón energético y materiales de acero inoxidable. El consorcio también tiene importante participación en operaciones de petróleo, gas, gas natural licuado (GNL), níquel, diamantes, plata y minerales de cromo y titanio. La compañía se creó con la fusión de BHP Limited (ahora conocida como BHP Billiton Limited) y Billiton plc (ahora llamada BHP Billiton plc). Las dos compañías continúan existiendo de forma separada pero operan juntas como BHP Billiton.

Falconbridge fue formada a partir de una fusión reciente con Noranda. Su enfoque principal está en la identificación y desarrollo de depósitos minerales de cobre y níquel de clase mundial. Posee inversiones en activos integrados de zinc y aluminio y además recicla y procesa materiales con contenido mineral. Participa en la mina de cobre y zinc Antamina en Perú; la minas de cobre Collahuasi y Lomas Bayas, y la fundición de cobre Altonorte en Chile; y la planta y minas de ferroníquel Falcondo en República Dominicana4.

Angloamerican, explora, explota, procesa y comercializa cobre en cátodos, ánodos, blíster, además de cobre y molibdeno contenido en concentrados y‘ácido sulfúrico. Cuenta con cinco divisiones productivas en cuatro regiones del país, oficina central en Santiago y la Anglo American Exploration Division, responsable de las exploraciones del Grupo en Sudamérica. Emplea cerca de 9.000 trabajadores, entre personal propio y contratistas. Opera a través de tres razones sociales: Anglo American Norte S.A. (Mantos Blancos y Mantoverde), Anglo American Sur S.A. (El Soldado, Chagres y Los Bronces), Anglo American Chile Ltda. (de servicios de administración a las dos anteriores). Posee 44% de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.

Mitsui & Co. es una empresa japonesa, con actividades productivas en todo el mundo. Su negocio abarca energía, productos químicos, alimentos, textiles, maquinaria, logística y finanzas.

En principio, su llegada trajo grandes adelantos a la economía regional, principalmente en cuanto a infraestructura vial; pero también provocó la degradación del medioambiente, del pastoreo y de la agricultura tradicional, tanto por la propia explotación minera, como por la extracción de las aguas. Esta situación dio origen a una campaña organizada por la comunidad para proteger el agua de la zona, único sustento irremplazable de la economía local.

La preocupación y desvelos de la comunidad de Pica se inician cuando la minera Doña Inés de Collahuasi publica entre el 1 y el 15 de agosto de 1988 una solicitud de exploración de aguas subterráneas en el Salar de Huasco. Inmediatamente la comunidad reaccionó, desarrollando acciones para impedir que el proyecto de extracción se llevara a cabo.

Durante más de dos décadas diversas organizaciones de la zona, como la Asociación de Agricultores de Pica, la Comunidad de Aguas Miraflores de Pica, y el Comando de Defensa de las Aguas de Pica, entre otras; con el apoyo de organizaciones no gubernamentales nacionales y regionales, han dado una dura batalla: primero para ser escuchados por las autoridades sobre la destrucción de los acuíferos de la zona, provocada por las mineras; y luego intentando detener la sobreexplotación y lograr una restauración de los acuíferos, bofedales y vegas por parte de dichas empresas.

Guillermo Bremer y Silvia Oxa, del Comando de Defensa de las Aguas de Pica, señalan que las autoridades debieran estudiar más el tema y buscar una solución «razonable». Según Bremer, «si se sigue extrayendo agua se causará una disminución en la presión natural, lo que perjudicará las termas de Resbaladero, Concova, Miraflores y Chintaguay que sustentan el turismo. La producción de mangos, naranjas y limones ya ha sido afectada, debido al consumo de 75 millones de litros diarios que hace la empresa Collahuasi».

La secretaria de la Asociación de Agricultores de Pica, Susana Guamaga, expresa que la comunidad sólo pide que el desarrollo sea benéfico para las generaciones actuales y futuras8. Los dirigentes locales señalan que, según estudios de Naciones Unidas y de expertos japoneses, la sobreexplotación del agua en dichos acuíferos, podría llevar a un agotamiento para el año 2010.

Entre las razones de la comunidad para evitar la extracción de aguas por parte de la minera destacan:

a. La distorsión entre la situación real de disponibilidad de agua y los impactos proyectados por las empresas interesadas. Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que presentan las mineras para explotar aguas subterráneas se basan en modelos de simulación, cuyos resultados dependen de los valores matemáticos y modelos hidrogeológicos que ellos mismos escogen. Ello les permite predecir que el ambiente no sufrirá impactos negativos; y cuando admiten impactos adversos, éstos se declaran de pequeña importancia y susceptibles de mitigación. Las mineras también argumentan que los impactos ocurrirán en un plazo muy largo, más allá del período de duración del proyecto minero. En consecuencia, tal como demuestran los múltiples casos de degradación hídrica y conflictos en la zona norte, no existe consistencia entre lo que señalan los estudios de las mineras, y lo que realmente ocurre en las fuentes de agua de la zona.

b. Las empresas también postulan que las aguas a extraer son fósiles, es decir que estaban acumuladas o almacenadas en bolsones subterráneos desde hace miles de años, y no están conectadas con los acuíferos subterráneos que alimentan las cuencas superficiales. Pero el tiempo les ha dado sistemáticamente la razón a las comunidades locales, en este caso a los pobladores de Pica. Las proyecciones de los modelos hidrológicos de la minera Collahuasi resultaron extremadamente inexactos, porque los acuíferos disminuyeron mucho más y con mayor rapidez de lo que predecían los modelos. Así lo demostró el completo desecamiento del salar de Michincha y la grave disminución del caudal de la vertiente del salar de Coposa, explotada también por minera Collahuasi.

La minera sostiene que no existe evidencia científica que fundamente las aprensiones de las comunidades de Pica y Matilla, pues «no se ha demostrado que alguna acción sobre la Laguna del Huasco afecte a Pica o a Matilla. Según Collahuasi la tesis de la comunidad local, sobre la interconexión de los acuíferos, presenta errores técnicos».

El caudal de agua que se entrega a los particulares en las comunas de Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte es de aproximadamente 4.587 litros por segundo. De ellos, casi el 60% se destina a las empresas mineras Quebrada Blanca, Cerro Colorado y Doña Inés de Collahuasi. Evidenciando que la actividad minera, mediante la sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos, obtiene un subsidio de facto para reducir sus costos de inversión, pues la actividad económica tradicional gira en torno a la producción agrícola, la crianza de auquénidos y el turismo; actividades que requieren disponibilidad de agua para su desarrollo, agua que se agota por la extracción del recurso por parte de las mineras instaladas en la zona.

La economía local de esta región se ve constantemente amenazada por la falta de agua. La ganadería de auquénidos es uno de los ejes del desarrollo económico local desde tiempos ancestrales. Tal actividad es desarrollada particularmente por cada familia en base al pastoreo en los humedales ubicados en diversos sectores de estos territorios. De este emprendimiento se generan subproductos como lana, cuero, carne y transporte de turistas; recreando las milenarias caravanas de llamas que unían la cordillera con la pampa y la costa. Pero de continuar la sobreexplotación de agua, se secan los humedales, y los animales mueren o tienen que pastorear cada vez en zonas más lejanas, trayendo consigo el detrimento de esta actividad, destruyéndose las costumbres y economía de los aymaras.

El turismo a su vez, que experimentó un notable incremento gracias a las aguas termales y el atractivo de los salares del Huasco, Coposa y Michincha, únicos en el mundo, no ha logrado desarrollarse con estándares internacionales a causa del uso insustentable del agua, debido a la perforación de nuevos pozos de explotación de aguas subterráneas por parte de las mineras.

La sobreexplotación del agua y la creciente degradación ambiental afecta la subsistencia de las comunidades que basan su economía en el seno de estos frágiles ecosistemas. Por esta situación muchos lugareños han tenido que emigrar hacia la precordillera.

Coposa es el ejemplo más latente del daño que ha provocado la extracción de agua por parte de las mineras. Con 60 litros de agua por segundo (algunos dicen que con 90 litros de agua por segundo) ese maravilloso salar y su ecosistema hoy está en proceso de agotamiento, como resultado de la sobreexplotación hídrica que provocó la minera Doña Inés de Collahuasi, que actualmente extrae entre 10 y 20 litros de agua por segundo. Lo anterior está secando kilómetros y kilómetros de vegas y bofedales.

Recién el 6 de octubre de 2005 las autoridades locales tomaron conocimiento y conciencia del daño que estaba ocurriendo en la cordillera y visitaron Michincha y Coposa. Se encontraron con Michincha totalmente seca y Coposa en camino al mismo destino.

Ante esto la autoridad llamó a las mineras y les pidió una explicación por este daño; les rebajó los permisos de extracción de aguas entre 250 y 300 litros por segundo en dos años; les redujo los derechos de aprovechamiento de agua, y los instó a presentar un estudio de mitigación en los bofedales afectados. Actualmente minera Collahuasi se encuentra alimentando a la vertiente mediante bombeo; una recuperación artificial, muy costosa, que podrá solventar la empresa mientras duren las faenas, pues la minera cuenta con bombas, personal y mantención. En cambio los lugareños del sector difícilmente podrían llevar a cabo este costoso plan de mitigación, después de que la compañía se marche, dado que el acuífero fue gravemente dañado.

Relación con el marco jurídico vigente.

El Código de Aguas de 1981, actualmente vigente, permite que cualquier persona interesada en un determinado acuífero tenga el derecho preferente a quedarse con él cuando realiza una solicitud de derechos de aprovechamiento ante la Dirección General de Aguas (DGA). El solicitante debe costear los estudios técnicos, la prospección y la visita de personal de la DGA para comprobar la capacidad del acuífero. Si cumple con los requisitos que estipula la ley, los derechos de agua que recibe son definitivos, concedidos gratuitamente y a perpetuidad. El nuevo dueño del recurso puede venderlos, arrendarlos o beneficiarse económicamente.

La reforma al Código de Aguas, de 2005, impuso elementos nuevos, pero ninguno abordó terminar con la gratuidad del recurso y la perpetuidad del derecho al agua. La única limitación que indujo fue que, si el agua no se usa, el dueño debe pagar una patente anual por mantener el derecho ocioso.

La confrontación entre la minera y la comunidad se inicia cuando la minera Doña Inés de Collahuasi solicitó a la Dirección General de Aguas 902.3 litros por segundo de agua del salar de la laguna de Huasco, desde donde fluyen las vertientes que alimentan el valle. La comunidad puso como precedente para oponerse a dicha solicitud lo ocurrido en 2003, cuando las misma empresa provocó el secamiento del salar de Michincha, y el grave deterioro del salar de Coposa.

Este es el principal argumento utilizado por la Asociación de Agricultores de Pica para rechazar la extracción de agua de la laguna del Huasco. “La cantidad que ellos piden, 902.3 litros de agua por segundo, significaría secar la vegetación que viene de cordillera a mar, incluyendo los valles de Pica, Matilla, Pampa del Tamarugal y otros poblados que viven de la agricultura”. La minera Collahuasi justifica las mermas que su actividad ha provocado en la laguna del Huasco con la existencia de ciclos de sequia naturales. Sin embargo, según la comunidad los ciclos de sequia se dan cada tres, cinco u ocho años, pero por ser ciclos naturales se recuperan, a diferencia de cuando existe la intervención del hombre y la sobreexplotación de los acuíferos. Eso es irrecuperable, aspecto que ni la autoridad ni la empresa han incorporado en su gestión.

Con estos argumentos la Asociación de Agricultores de Pica hizo presente ante la Dirección General de Aguas que no se puede otorgar a la minera más de 200 litros de agua por segundo del salar del Huasco. La minera por su parte afirma que el futuro de Pica no tiene ninguna relación con que se saque agua de la cordillera, y sostienen una tesis de que existe una gran roca que atraviesa la cordillera y que impide el paso del agua a los valles. Pero la comunidad plantea que esa gran roca esta fisurada y por ella fluye el agua a los valles.

La DGA por su parte no ha solicitado los estudios hidrológicos necesarios para acatar o desechar esta tesis de la permeabilidad o impermeabilidad del acuífero con el objeto de fundamentar adecuadamente la gestión del agua en dicha cuenca; o la asignación de derechos sobre la misma.

El Salar del Huasco, área afectada por minera Collahuasi, es una zona protegida por el Consejo de Monumentos Nacionales dado sus estatus de Santuario. Cabe decir que en la Primera Región hay tres santuarios de la naturaleza: Huellas de Dinosaurios, de la Quebrada de Chacarilla, el Cerro Dragón y la Laguna de Huasco. La ley de Monumentos Nacionales (Nº 17.288) señala: «Son santuarios de la naturaleza todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado».

A través de esta legislación, los tres santuarios están bajo custodia del Consejo de Monumentos Nacionales, y sin su autorización no se pueden iniciar trabajos de construcción o excavación, ni desarrollar pesca, caza, explotación rural o cualquiera otra actividad que afecte al ecosistema o a los recursos naturales. Pero «una de las debilidades de esta ley es que muchas de sus reglas quedan sólo en el aspecto formal, pues el Consejo no tiene los medios materiales para actuar anticipando situaciones perjudiciales. La mayoría de las veces, sólo reacciona luego de que los actos contrarios a la ley suceden y deben dar testimonio acreditando del daño ambiental. Por ello, aunque la laguna del Huasco tenga esta categoría de protección, no está libre de las extracciones de agua que las mineras realizan en su cuenca».

Adicionalmente, el humedal alto andino del Salar del Huasco está protegido por la Convención de Ramsar (ratificada por Chile en 1996), tratado internacional que protege los humedales de importancia global. La Laguna del Huasco surte a varios acuíferos y permite la existencia de un ecosistema considerado como único en el mundo, lo que obliga al gobierno a su protección. Sin embargo, esta obligación internacional tampoco fue obstáculo para que el Estado concediera a Collahuasi derechos de extracción de aguas. Actualmente además, y desde septiembre de 2009, el Convenio 169 de la OIT se puso en vigencia como instrumento de protección de los territorios que habitan los pueblos indígenas en el valle del Huasco. El Convenio 169 impone a los Estados la obligación de adoptar medidas para proteger los territorios y el medio ambiente indígena; reconocer sus derechos de subsistencia; proteger los recursos naturales; y tomar medidas para proteger y preservar los territorios de los pueblos indígenas, a través del consentimiento libre e informado; y la participación de esos pueblos en los beneficios de la explotación,y la compensación ante eventuales daños. La protección del medio ambiente indígena, conforme al Convenio 169 de la OIT, impone a los gobiernos el deber de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de estos pueblos significa su relación con las tierras o territorios, que ocupan ancestralmente, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

En el ámbito de la legislación nacional, referida a los recursos naturales en territorios indígenas, la Ley 19.253 de 1993 o Ley Indígena señala, en el artículo 64, con respecto al agua, que “se deberá proteger especialmente las aguas de las comunidades Aimaras y Atacameñas. Serán consideradas bienes de propiedad y uso de la comunidad indígena establecida por esta ley, las que se encuentren en los terrenos de la comunidad, tales como los ríos, canales, acequias, vertientes, sin perjuicio de los derechos que terceros hayan inscrito, de conformidad al Código General de Aguas”. La norma añade que, “no se otorgarán nuevos derechos de aguas sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y otros acuíferos que surten a las aguas de propiedad de varias comunidades indígenas establecidas por esta ley, sin garantizar en forma previa, el normal abastecimiento de agua a las comunidades afectadas”.

En 1992 el Código de Aguas fue modificado incorporando a los artículos 58 y 63 la protección y conservación de los humedales del altiplano de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, mediante la prohibición de explotar y explorar los recursos subterráneos, ya que éstos constituyen una fuente importante de alimentación. En consecuencia, la Dirección General de Aguas, a través de la Resolución N°909 de 1996, identificó y delimitó dichos acuíferos.

De esta manera, en la I Región quedaron protegidos 139 humedales, con una superficie de 335 km2 equivalentes al 0.57% del total de la superficie de la región. En la II Región se protegieron 167 humedales, con una superficie de 2798 kms2, equivalentes al 2,22% de la superficie total de la región. Así, los humedales altoandinos quedaron protegidos según la forma que se señala en el artículo 63, inciso 2º del Código de Aguas, que establece que “las zonas que correspondan a acuíferos que alimentan vegas y bofedales de las Regiones de Tarapacá y de Antofagasta se entenderán prohibidas para mayores explotaciones que las autorizadas, así como para nuevas explotaciones, sin necesidad de declaración expresa”. En cuanto a la exploración de aguas subterráneas, estos acuíferos quedan restringidos según lo establecido en el artículo 58, inciso 2º, en el sentido que “no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten vegas y bofedales en las Regiones de Tarapacá y de Antofagasta sino con autorización fundada de la DGA”.

Debido a que los límites de los acuíferos alimentadores de vegas y bofedales son altamente dinámicos y tienen una gran variabilidad a lo largo del tiempo, éstos requieren una actualización periódica que incorpore nuevas áreas, o bien, que modifique las existentes, sobre la base de antecedentes fundados y determinados en terreno.

Por lo anterior, CONADI II Región, a través de diversos análisis y estudios efectuados desde 1996, concluyó, y luego comunicó a la DGA, que algunas vegas y bofedales que eran sustento de comunidades indígenas no se encontraban adecuadamente protegidas o no estaban protegidas del todo. Atendidas las dos consideraciones anteriores, la DGA determinó, en el año 2001, realizar una actualización de la referida delimitación de acuíferos de la Región de Antofagasta, con aportes financieros entregados por CONADI II Región.

En conclusión el Estado reconoce la protección a las comunidades andinas, para que éstas puedan subsistir y autodeterminarse; situación que ha sido de difícil cumplimiento, ya que en general el Estado ha priorizado la sobreexplotación del patrimonio natural. En este caso, los minerales y las aguas, como vía para el logro del crecimiento económico, dejando desprotegidos a las comunidades y pueblos que aun subsisten de frágiles ecosistemas en el norte de Chile.

Posición y acción del Estado.

La posición del Estado ejercida a través de la Dirección General de Aguas (DGA) ha reconocido finalmente que las demandas en los acuíferos de la zona superan la disponibilidad de aguas subterráneas. Sin embargo la DGA expresa, que está obligada a determinar una fórmula para explotar intensivamente el agua subterránea, sin que ello signifique menoscabo al derecho de terceros, ni al ambiente. La DGA declara, que el oasis de Pica no corre peligro: «No hay preocupación de que Pica pierda sus afluentes de agua, debido a que el abastecimiento de la comuna es a través de vertientes que no se relacionan con el Salar del Huasco. El origen de las aguas de Pica son aguas lluvias de la alta cordillera, que se filtran en vertientes al oeste del poblado».

En base a dicha información, la DGA tramita actualmente peticiones de exploración de particulares y empresas, que el año 2005 solicitaron agua por más de 3.700 litros por segundos en Pica, Colchane, Poroma y Huaviña. En ese entonces, el subdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Cornelio Chipana, advirtió que «existe una probable especulación en la solicitud de aguas. De ser aprobadas las solicitudes de empresas y particulares implicaría un desmedro directo a la agricultura y ganadería en los poblados. El número de solicitudes es alarmante, y la mayoría es de personas que ni siquiera viven en la región y utilizan direcciones ‘prestadas’. Además, no están asociadas a ningún proyecto de desarrollo económico».

Lo declarado por la DGA no elimina la amenaza de que se autorice la extracción de agua y que ocurra lo que ya ocurrió en Michincha y Coposa, destruidas por la misma minera Collahuasi, que hoy asegura que no ocurrirá lo mismo con Pica y Matilla.

En el año 2002, la CONAMA identificó al Salar del Huasco como «el sitio de mayor prioridad para la conservación de la biodiversidad a nivel regional». Por lo mismo, promovió la ejecución del proyecto «Conservación de la Biodiversidad y Manejo Sustentable del Salar del Huasco», a cargo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED); financiado por el Fondo para el Medioambiente Mundial (FMAM) y desarrollado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A esta acción contradictoria del Estado, con respecto a este Sitio Prioritario, se suma la acción de doble estándar de minera Collahuasi que, simultáneamente al daño que provocaba en la zona, realizaba aportes monetarios, junto a instituciones públicas de la región, para la conservación del lugar.

Como una forma de limitar a las empresas en el uso del agua, el diputado RN Carlos Vilches, presentó un proyecto de ley que busca establecer un royalty al agua, que genere mayor equidad en el acceso y uso de dicho recurso. “Si las personas naturales deben pagar por el recurso que consumen en sus casas, es injusto que una minera no lo haga, si además se beneficia económicamente de él”.

Posición, acción y propuestas de la comunidad en torno al conflicto. En el contexto de la confrontación con las mineras por el agua, y habiendo sido testigo de los daños irreversibles provocados por minera Collahuasi en los salares de Michincha y Coposa a consecuencias de sobreexplotar sus aguas; la comunidad local no confía en las afirmaciones de la DGA, ni en los estudios de la empresa. Sino al contrario, la comunidad exhibe el daño en Michincha y Coposa para avalar su lucha de defensa del Salar del Huasco.

Actualmente, a la precaria situación del agua en Pica y Matilla hay que agregar el agravamiento de la escasez del recurso, por el terremoto ocurrido en el año 2005, que dañó la infraestructura de riego. La Intendencia de Tarapacá transfirió 157 millones de pesos a las comunidades indígenas para financiar la reconstrucción de las obras. Por ello, la presidenta de la Asociación de Propietarios Agrícolas de Resbaladero, Bandas y Las Animas, Luz Morales, dice que “el terremoto es una oportunidad que nos permitirá mejorar lo que teníamos. Las obras de reconstrucción están avanzadas en un 55% y han dado trabajo a unas veinte personas, beneficiando a más de 300 agricultores”. Sin embargo, aun hay trabajos inconclusos, como los de la Comunidad de Aguas de San Antonio de Matilla, que abarca 1.740 metros de tubería, y de la Comunidad de Aguas Miraflores de Pica, que espera financiamiento para revestir un estanque y reconstruir canales.

Como estrategia para conservar el recurso, la comunidad se reparte el agua de dos formas: a) las aguas de reparto se distribuyen por canales a todos los predios para regar los cultivos, b) mientras que las aguas propias corresponden al derecho de algunas familias a utilizar en forma exclusiva cada 15 días, toda el agua de la cocha; regando desde que nace el sol hasta que se pone, modalidad que parece remontarse a la tradición incaica. Aunque modificada en lo formal por el Código de Aguas, esta modalidad de riego se conserva, regulada por la comunidad y respetada por sus miembros.

La tradición para las aguas de reparto se reconocía en la década de 1960. Estas qué se median por cochadas, que son las horas de riego con que cuenta cada propietario de un huerto. La cochada no se entregaba por la superficie del predio, sino por el tiempo de uso, y se disponía por cada mita, expresión referida a cada turno del regante.

Así, desde los tiempos del incanato, durante el periodo colonial y republicano hasta la actualidad, ha existido un pequeño y frondoso valle agrícola, favorecido por el clima, la temperatura y la luminosidad. Por ello la comunidad de Pica está hoy ocupada en la defensa de sus aguas, pues perciben como amenaza la exploración y explotación de las aguas subterráneas que hace la minera Collahuasi en los salares de Michincha y Coposa; y los intentos de explotar el salar de Huasco. Estos salares, emplazados en la parte de alta de Pica, están relacionados con los escurrimientos subterráneos que van hacia la Pampa del Tamarugal. Los piqueños afirman que la extracción de agua desde el salar de Huasco afectará al abastecimiento de las aguas subterráneas que escurren hasta el pueblo, porque la lógica indica que esta agua proviene de la cuenca alta, donde se producen las lluvias de verano o del invierno boliviano, de manera que la extracción provocará la disminución y pérdida de las aguas subterráneas, lo cual, como es de prever, tendrá un impacto irreversible sobre la vida económica y social de Pica y Matilla.

Los agricultores de Pica y Matilla se oponen férreamente a los anuncios de extracción de agua en el Salar de Huasco por parte de la minera Doña Inés de Collahuasi, y también rechazan los informes que indican que la cuenca del Huasco no tiene relación ni con los acuíferos de Pica-Matilla, ni con los de la Pampa del Tamarugal. Pero según la DGA, la petición de la minera se ajusta a derecho. Un estudio interno señala que «las filtraciones entre Huasco y Pica son mínimas, por lo que una eventual extracción en las inmediaciones de la laguna, no implicaría una merma en los niveles de agua del oasis».

A pesar de los argumentos de la empresa y del gobierno, los habitantes y productores de Pica temen que el sistema hídrico del Huasco esté conectado con sus vertientes; y se han manifestado poniendo banderas negras que cuelgan de sus pequeñas viviendas para poder hacer sentir su voz. Además de ello, sumaron el arma que necesitaban para ser escuchados: la opinión de expertos.

Jaime Muñoz señala que “la investigación técnica que maneja la Dirección General de Aguas indica que no hay tal conexión. Pero no todos tienen esa opinión. Una pobladora de Pica dice que ni siquiera en la minera están seguros de ello. De otra forma nada explica que les ofrecieran 400 millones de pesos, en caso de que se secaran sus vertientes“.

Por ultimo, el geólogo argentino, Aníbal Manzur, indica que nadie puede afirmar -con los antecedentes que hay- que existe tal conexión, pero los datos tampoco son suficientemente claros para argumentar sobre la desconexión del sistema. El tema, a su juicio, es cómo se explotan las aguas subterráneas en salares altoandinos “y eso debiera ser bajo condiciones previsoras, una continua evaluación del sistema ambiental y con diseños de extracción flexibles”.

Entre las propuestas de la comunidad de Pica para resolver el conflicto, afirma que es necesario que el Estado garantice la realización de Estudios de Impacto Ambiental independientes y creíbles; pues actualmente existe una distorsión entre la información que presenta la empresa minera y la situación hídrica real de la zona. Tras la llegada de la minera Collahuasi, la disponibilidad de aguas en Pica se ha visto afectada; pero tanto la empresa como la DGA trabajan sobre supuestos y modelos ficticios. Ambas entidades aseguran que el abastecimiento de Pica proviene de vertientes que no conectan con el Salar del Huasco.

Paralelamente, las comunidades expresan que es crítico redefinir el Código Minero y el Código de Aguas, pues ambos inciden negativamente en el derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales. Esta propuesta se basa en las recomendaciones formuladas en 2003, por el Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos y libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, y en el informe del Comité de Derechos Humanos de 2007. Ambos pronunciamientos instan al Estado de Chile a modificar estas normas, y a resguardar los intereses territoriales de los indígenas afectados por los mencionados cuerpos legales, que favorecen la apropiación por terceros de sus recursos, particularmente mineros e hídricos, sustrayendo a la postre todo el territorio del control indígena.

El elemento que aumenta el temor de la comunidad es que desde el propio gobierno se emiten señales contradictorias. De hecho, en 2002 la CONAMA identificó al Salar del Huasco como «el sitio de mayor prioridad para la conservación de la biodiversidad a nivel regional». Pero ello no se condice con lo demostrado hasta ahora, ya que siempre se le autoriza a las mineras a extraer agua de zonas que no son adecuadas.

Cabe señalar que la situación crítica de escasez de agua afecta a toda la comuna de Pica. Durante el auge del salitre, el Estado había decidido entubar la escasa agua subterránea de la comuna para alimentar a Iquique y la creciente actividad salitrera. Para ello sondeó agua al norte de la vertiente natural que nutría al valle. En la época, el Estado también aseguró a la comunidad que no había conexión entre ambos recursos hídricos; pero en 10 años la vertiente se secó, y la autoridad no reaccionó ante los perjuicios económicos de la comunidad, que perdió actividades agrícolas, ganaderas y turísticas; por lo que parte importante de la comunidad debió emigrar.

La situación de Pica se zanjaría positivamente si el Estado resuelve el conflicto en favor de la comunidad, frente a un problema tan delicado como lo es el agua. El dilema esta en obtener riqueza inmediata, o en mantener las economías locales; dilema que ninguna evaluación de proyecto puede determinar. En este contexto, y aunque los proyectos mineros pueden ser muy rentables en el corto plazo, a la larga destruyen el territorio y sus recursos naturales, y son perjudiciales, tanto para la comunidad afectada, como para los chilenos que debemos hacernos cargo de pasivos sociales y ambientales.