Copiapó: seco por indiscriminado otorgamiento de derechos de aguas

Jorge Godoy, coordinador por la Defensa del Agua y el Medioambiente, Copiapó

El Río Copiapó cruza la capital de la Región de Atacama, ciudad sobre la cual se cierne la irreversible amenaza de la escasez de agua debido a que la Dirección General de Aguas otorgó a través de los años derechos de aguas de forma indiscriminada, los que superan la capacidad hídrica de la cuenca. Si hoy todos los que obtuvieron derechos de agua los utilizaran al mismo tiempo, se entraría en una de las más grandes crisis hídricas y humanas del país.

La cuenca del río Copiapó abarca las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. Geográficamente la superficie de la cuenca equivale al 25% de la superficie total de la III Región de Atacama. En la cuenca existen 20 localidades pobladas, de las cuales 2 son ciudades y el resto corresponden a poblados, asentamientos rurales y caseríos. Las ciudades emplazadas en la cuenca son Copiapó (capital regional) con 129.091 habitantes y Tierra Amarilla con 12.888 habitantes, según el Censo del año 2002.

En un diagnóstico realizado por la Dirección General de Aguas se determinó que la extracción del agua se destina principalmente para riego. La mayor parte de esta área bajo riego en la cuenca del río Copiapó se dedica al cultivo de parronales, para la producción de vid de mesa y otros como los olivos y hortalizas surtidas. La superficie regada alcanza a 16.084 hás.

En la cuenca del Copiapó, las localidades de Copiapó y Tierra Amarilla son abastecidas de agua potable exclusivamente a través de aguas subterráneas que se captan en la misma cuenca4. También en esta cuenca el agua se usa para generación eléctrica en la central Elisa de Bordos que utiliza las aguas del río Copiapó y que es propiedad de la Cía. Minera San José Ltda. La actividad minera demanda un 5% de los recursos hídricos superficiales, de acuerdo a los derechos de agua otorgados al sector minero5; principalmente a las Empresas Anglo American, Explor-Sierra Moren, Compañía Nacional de Minería y Minera Mantos de Oro (ver cuadro).

En cuanto a los usos ancestrales, no existen en la cuenca del río Copiapó derechos de aguas otorgados a las comunidades indígenas.

En el 2006, un estudio encargado por empresas privadas de la zona a Golder Associates, determinó que el 75% del agua extraída en el valle era usada por la agricultura, mientras que un 13% correspondía a la minería. Un nuevo estudio hecho el año 2008 por el experto estadounidense Charles M. Burt -por encargo del gobierno regional- cambió un poco las proporciones. Según sus cifras, la minería es responsable del uso del 31% del agua y la agricultura del 53%.

Quienes concentran los derechos de agua son las actividades económicas como la agricultura y la minería. Ninguna de las dos actividades está dispuesta a disminuir el uso de sus aguas para restaurar la cuenca. Copiapó se esta secando porque se consume mucho más de lo que el acuífero recarga, lo que podría empeorar, ya que los derechos de aguas otorgados cuadruplican esa cantidad.

El desarrollo económico simplemente no consideró el factor agua. Los agricultores enfrentan serios problemas para regar sus cultivos y las mineras pagan hasta US$ 60 mil por litro/ segundo de agua para asegurar su abastecimiento. Gracias a esto, empresarios locales se han embolsado hasta US$ 4 millones por vender sus derechos. Así, la escasez del recurso ha generado el enriquecimiento de aquellos que recibieron gratuitamente derechos de agua por parte del Estado.

Según información de prensa, Copiapó tiene un nuevo plazo fatal, el agua potable alcanzaría tan sólo para dos o tres años más, si es que no se encuentran nuevas fuentes de abastecimiento. La situación es gravísima para una población de más de 100.000 habitantes. La gran pregunta es ¿qué hacer para poder revertir esta situación? ¿cuánto pretende sacrificar cada actor y finalmente cuál será el rol del Estado frente a la crisis de recursos hídricos en Copiapó?

La ciudad está en riesgo y todos los actores involucrados lo saben. La preocupación va desde los gerentes de las grandes mineras trasnacionales, hasta el más pequeño de los agricultores. Chile ha tenido, desde la era del “Derecho de Aguas Codificado” cuatro Códigos: 1950; Ley de Reforma Agraria (o Código de 1969); Código de 1981 y su reforma a través de la ley 20.017 en el 2005, es una regulación principal que se centra en las condiciones o requisitos que exige el Estado para otorgar el aprovechamiento exclusivo del agua: se comienza con un Código que establece un vínculo entre uso efectivo y otorgamiento, el cual se intensifica en 1967, pero que termina por dividir el uso efectivo del otorgamiento, en el año 1981. Su consecuencia fue el otorgamiento indiscriminado de derechos de agua sin estudios adecuados. Actualmente los derechos otorgados superan en forma exponencial la disponibilidad de aguas de la cuenca.

Estudios explican que ciertos tramos del acuífero no recuperan su nivel normal desde el año 1988. Los números son elocuentes: el acuífero recarga naturalmente cerca de 4.500 litros por segundo, pero actualmente se extraen más de 7.000, casi el doble, con lo que no se alcanza a recuperar. Lo más preocupante es que los derechos otorgados cuadruplican la recarga, lo que indica que si todos los que poseen derechos intentaran ocupar el agua, el desabastecimiento sería total.

Copiapó entonces es un oasis en peligro de extinción. El valle es regado por el río Copiapó. Se alimenta de afluentes que bajan desde los glaciares de la Cordillera de los Andes y solía escurrir a lo largo de 160 kilómetros hasta llegar a las costas del Océano Pacífico. Pero hoy ya no llega. La última vez que se vio recorrer el río Copiapó de cordillera a mar fue en 1997, luego de una gran lluvia.

La zona ha sido históricamente una zona agrícola y minera. En los años ’80 y los ’90 se intensificaron ambas actividades a tal punto, que hoy se culpan mutuamente como las causantes del agotamiento del agua. De las 10 mil hectáreas cultivadas, cerca del 70% corresponde a uvas de exportación. Hacia ellos apuntan los pequeños agricultores, que río abajo se quejan de que el agua es absorbida en la parte alta y ellos sólo reciben las sobras.

Algunos relatos de agricultores grafican los impactos que ésta ha tenido en la zona. Angelo Gighlino, agricultor de la zona relata que el nivel de sus pozos disminuye en forma inusualmente acelerada: un metro por mes. Ha hecho cuatro pozos en los últimos años y en el último le quedan sólo 20 metros de líquido. A medida que el agua se ha hecho escasa, ha debido disminuir la superficie de cultivos. Ya pasó de 60 a 37 hectáreas y cuando su último pozo se seque, tendrá agua superficial para regar sólo 12. “En algún momento voy a tener que parar”, vaticina.

En el sector de Chamonate están las tierras de Cristián Palaviccino, quien concentra sus cultivos en uva pisquera y olivos. Sus problemas no son muy distintos a los de Giglhino. El agua cada vez le alcanza para regar menos. No puede vivir de la agricultura y los ingresos los obtiene del arriendo de maquinaria. Como presidente de la Comunidad de Aguas de Chamonate ve que a sus vecinos el asunto está empezando a estrangularlos. Cada vez hay que hacer pozos más profundos para extraer el líquido, lo que multiplica los costos en energía para las bombas y hace inviable el negocio. A su juicio, el Código de Aguas de 1981 permitió que se entregaran derechos de papel. Sin agua. “Detrás hay familias y trabajadores que perderán sus empleos”, reclama. La situación de su comunidad se ve agravada debido a que Minera Candelaria, una de las más grandes de la zona, compró a Aguas Chañar las aguas servidas tratadas. Las mismas que se usan para regar la zona de Chamonate y Toledo. Palaveccino cuenta que la antigua empresa sanitaria –Sendos– hizo pozos que secaron las vertientes que ellos usaban para regar. En compensación, recibieron el uso de las aguas tratadas, que aseguran tener legalmente inscritas. El asunto se ventila en un proceso judicial de alto voltaje en la región y pone en riesgo la supervivencia de estos agricultores.

Actores y sectores involucrados en el conflicto.

El rol principal en este conflicto fue desempeñado por la Dirección General de Aguas, DGA, ya que como organismo del Estado responsable de la gestión de los recursos hídricos, sólo se encargó de otorgar los derechos de agua como la ley sectorial lo estipula, sin fundamentar el otorgamiento de dichos derechos con estudios acabados sobre la disponibilidad hídrica de la cuenca. Este error en la gestión del Estado redundó en el irresponsable otorgamiento de derechos de agua no disponibles en la cuenca del río Copiapó. Estudios oficiales han determinado que la autoridad entregó 4 veces más agua de la que existe en la cuenca.

Esta absurda situación es provocada por la intensa presión de las mineras y amparada por las directivas del Código de Aguas de 1981, que genera el problema de fondo de entregar la entera gestión a los privados, sin resguardo de los aspectos ambientales, sociales y estratégicos de la gestión del agua. Estas regulaciones del Código han levantado un gran movimiento ciudadano a nivel nacional, con el objeto de recuperar la gestión pública de este recurso para el bien común y caducar su carácter mercantil y revertir la concentración económica de su propiedad, orientando la política hacia una gestión integrada de cuencas y de recursos hídricos.

Las empresas mineras y agroindustriales del valle de Copiapó, a pesar de la crisis hídrica, están demandando más agua para ampliar sus labores productivas, por ello es necesaria la planificación al otorgar los derechos, ya que no se puede abusar y presionar zonas que además tienen escases del recurso como lo que se sucita en Copiapó, que prácticamente está llegando al agotamiento total del agua. Tanto agricultores como la minería tienen distintos grados de responsabilidad, en cuanto a gestión de los recursos hídricos, así como también el Estado al no generar estudios en la zona sobre el tipo o cantidad de extracción que se realiza sobre la cuenca.

La Coordinadora Regional por la Defensa del Agua y el Medioambiente en Copiapó, es la principal articulación ciudadana que da seguimiento y vigilancia a la política gubernamental y la crisis de los recursos hídricos en Copiapó. Creada el 24 de enero de 2009, como una forma de enfrentar la escasez de agua en la zona, ésta reúne al Obispado de Copiapó, las coordinadoras por la defensa del agua del valle de Copiapó y del Huasco, agrupaciones de parceleros, la comunidad colla Serranía Poblete, el Servicio País Tierra Amarilla, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, las juntas de vecinos, la pastoral Salvaguarda de la Creación de Alto del Carmen, la Comunidad Diaguita, la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas y Rurales – Anamuri, el Club de Montaña Lonko Mawyda, el Sindicato de la Construcción de Copiapó, la CUT provincial y agrupaciones artesanales y de pequeños agricultores de la Región de Atacama.

La Coordinadora se conformó en reacción a la fuerte extracción de los recursos hídricos que realiza la actividad minera en la zona y sus impactos sobre la comunidad local y la agricultura. Dicha actividad, extraer entre 12 a 13 mil litros de agua por segundo de las cuencas de los ríos Huasco y Copiapó, los cuales sólo reciben una recarga 5 mil litros por segundos, de acuerdo a información de Sernageomin Atacama. Además de la concesión indiscriminada de derechos de agua, el gobierno otorgó en años recientes más de 4 millones de hectáreas para concesiones mineras, lo que incrementará la demanda de agua y agravará el estrés hídrico que sufren ambas cuencas de esta región.

La Coordinadora ha denunciado reiteradamente que esta crisis afecta a centenares de pequeños agricultores y comunidades indígenas ancestrales que viven de la agricultura y la ganadería de subsistencia; a lo que hay que agregar alzas futuras del precio del agua en los centros urbanos y la desaparición de la flora y fauna autóctona de los valles de la región.

El Obispado de la Región de Atacama también ha mantenido una permanente preocupación y apoyo a las comunidades afectadas por la crisis hídrica. Los obispos a cargo de la diócesis durante los últimos años, y el actual obispo, monseñor Gaspar Quintana, han alertado a las autoridades sobre la situación. Este último ha señalado que “el agua es vital para la vida humana, cosa que ya sostuvo el papa Juan Pablo II, para quien el acceso al agua es un derecho humano fundamental”. Agrega que “el agua dulce es un tema medioambiental local y global. Afecta al consumo doméstico y las redes productivas. Por ello hay que ser responsables, de manera de que el agua no se convierta en una mercancía, sino que sea accesible a todos”.

La Mesas del Agua Público-Privadas, son iniciativas gubernamentales para enfrentar y dar gobernabilidad a la crisis del agua en Copiapó. Se constituye en el año 2006 y han trabajado en tres líneas estratégicas: a) Fortalecimiento de la Institucionalidad, b) Gestión Eficiente del Recurso Hídrico, buscando construir un modelo de simulación hidrológica operacional, que integre los componentes superficiales y subterráneos, y que permita evaluar distintas alternativas de gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca del río Copiapó, c) Contar con un Estudio de Nuevas Fuentes, cuyo objetivo es contar con recursos hídricos adicionales a la cuenca del río Copiapó, a fin de contribuir al equilibrio hídrico entre las entradas y salidas de agua en la cuenca.

Las mesas del agua de Copiapó y Huasco son el espacio al cual ha convocado el Estado a los diversos sectores, para consensuar y tomar las medidas para responder a las necesidades de agua de hoy y de las futuras generaciones. Una de las recomendaciones de la Mesa del Agua de Copiapó es que en Atacama los nuevos proyectos productivos deben contemplar medidas de protección del agua e innovación tecnológica para los sectores más intensivos: uso de agua de mar para procesos, desalinización de agua salada, reciclaje y reutilización de las aguas, y poner límite a la extracción de agua dulce continental.

Según Cristian González, gerente de la Junta de Vigilancia del río Copiapó, instancia que administra el uso de las aguas superficiales, el conflicto está instalado: “Si tú le entregas los derechos a la gente y ellos pueden seguir creciendo, por qué no lo van a hacer. Si ves que al lado la minería compra derechos y no es tan sustentable e igual los usa, nadie quiere parar. Esta es una guerra en que nadie quiere salir herido”.

Relación con el marco jurídico vigente.

La crisis y conflicto por el agua en la cuenca del río Copiapó evidencia la crisis de la gestión del agua en Chile y la existencia de un marco legal inadecuado, el Código de Aguas de 1981, cuya aplicación ha provocado esta catastrófica situación.

En el anterior Código de Aguas, vigente en Chile desde 1969, por ejemplo, el derecho de aprovechamiento de aguas era un derecho real administrativo, que recaía sobre las aguas y consistía en su uso. Las mercedes de aguas se otorgaban en la medida en que se justificaba su necesidad y sólo en la dotación necesaria, de acuerdo a una “tasa de uso racional y beneficiosa“. El solicitante debía dar seguridad respecto del aprovechamiento efectivo e individualizar el uso o destino del recurso.

En cambio en el Código actual, diseñado y promulgado por el régimen militar en 1981, se entregó a los actores privados la administración del recurso. El Código establece que:

a. El derecho de aprovechamiento como derecho de propiedad real que recae sobre las aguas, otorga al dueño de ellas las facultades de uso, goce y disposición.

b. Los derechos de aprovechamiento de las aguas se otorgan en la medida que el sector privado las solicita. Si existe agua; no se afectan derechos de terceros; y se cumplen las formalidades legales, la DGA está obligada a otorgar todo lo solicitado.

c. Se otorga gratuitamente un derecho definitivo (a perpetuidad). La obra de captación era necesaria para el ejercicio del derecho, pero no para su constitución.

d. El uso del derecho no está condicionado a actividades específicas o prioritarias, puede destinarse al fin que el titular del derecho estime conveniente, por ejemplo venderlo para uso de la minería dejando la tierra cultivable sin agua.

La situación del agua en Copiapó se encuentra en el testimonio de Nildo Pedemonte, ex funcionario de la DGA, quien inició su carrera en la Dirección General de Aguas en 1947. Pedemonte afirma que cuando se entregaron los derechos, se consideró a las aguas subterráneas como independientes del río superficial, aun cuando formaban parte del mismo sistema. Fue como sacar toda el agua de la misma fuente por los dos lados, sin sacar la cuenta de ambas y la cuenca empezó a secarse. “Los errores comenzaron con el Código de 1981”, asegura Pedemonte, pues si bien considera al agua como un “bien nacional de uso público”, en la práctica privatizó el recurso. Básicamente permite que cualquiera pueda solicitar derechos de agua, los que se le entregarán sin problema mientras en la cuenca no se hayan decretado restricciones y no choque con los derechos de otra persona. La entrega es gratuita, pero el agua pasa a formar parte del patrimonio del nuevo dueño que la inscribe a su nombre. Un bien como cualquier otro, sujeto a las normas del mercado.

Hasta 1981 se entregaban mercedes de agua en proporción a los cultivos que desarrollaba cada persona, lo que hacía que el agua estuviera ligada a la tierra y que no se otorgaran más derechos de los que se iban a usar para una actividad en particular. Ese vínculo desapareció con el nuevo código. “Fue una medida nefasta, por cuanto el volumen proporcionado excedía el consumo”. En esta época el valle empezó a llenarse de plantaciones de viñas y las empresas mineras se multiplicaron. Durante toda la década de los ’80 y hasta comienzos de los ’90, las solicitudes se dispararon. Hasta que los derechos otorgados quintuplicaron la capacidad de la cuenca. ¿Cómo nadie se dio cuenta de que la situación era insostenible?.

Pedemonte admite que él firmaba las resoluciones de otorgamiento de derechos de agua, y explica que lo hacía, porque como director tenía que cumplir con el Código de Aguas. Expresa que él sabía que el valle estaba sobre explotándose y aunque no pensó que se llegaría al punto actual, asegura que ya en 1985 le pidió al entonces director nacional de la DGA, Eugenio Lobos, que no siguieran entregando derechos. Dice que su jefe le respondía citando estudios que garantizaban la existencia de grandes volúmenes de agua subterránea. Pedemonte trataba de explicarle que las napas se llenaban con las filtraciones del agua superficial, y que si seguían explotándose, el recurso se agotaría. También argumentaba que ya a fines de los años ’60 la CORFO había hecho estudios que decían que los recursos subterráneos no debían entregarse en forma masiva. Lobos lo contradecía.

El Código de Aguas ha demostrado ser ineficiente para la gestión de los recursos hídricos en Atacama. Incluso se estima que los últimos cambios hechos a la normativa podrían perjudicar a la zona norte. Por ejemplo, el cobro de patentes a quienes no usen sus derechos de agua, es un gravamen pensado para que los caudalosos ríos del sur no sean acaparados gratuita, eternamente y gratis por un puñado de empresas eléctricas. Pero la misma medida en el norte podría ser contraproducente, pues promovería el uso total de las aguas afectando regiones frágiles y áridas.

“Nosotros creemos que efectivamente el marco jurídico que regula el agua es deficitario, porque trata a las zonas desérticas igual que a las zonas altamente húmedas. Hay que hacer una distinción. Por ejemplo, el cobro de patentes es un incentivo perverso hacia un mayor uso”, dice Angélica Osorio, presidenta ejecutiva de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó (Apego).

Posición y acción del Estado.

La directora regional de la DGA, Katherine Ferrada, reconoce que se cometieron errores, y avala la explicación de Pedemonte: “Si nosotros como DGA hubiésemos dicho no (a la entrega de derechos), nos hubiese llegado una tremenda demanda de todos lados porque no teníamos argumento legal para rechazarlos”. Sólo en 1992, y cuando el problema era ya evidente, la DGA determinó que ante la falta de disponibilidad de agua, no podían seguir otorgándose derechos. Pero el daño ya estaba hecho. El tiempo ha empeorado la degradación hídrica, hasta llegar a un punto insostenible.

La resolución que cerró la cuenca lleva la firma del abogado Gustavo Manríquez, quien encabezó la DGA durante el primer gobierno de la Concertación. Tomó la decisión tras recibir un informe que revelaba que la cuenca era deficitaria.

El SEREMI de Minería también rechaza las culpas que se le endosan al sector por la escasez de agua. A diferencia de la agricultura, sostiene Carabantes, todos los proyectos mineros deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo tanto la información es transparente. Los cultivos, en cambio, se multiplican sin que nadie los vigile. El ex director regional de la CONAMA, Plácido Ávila -quien fue removido recientemente por su actuación en un juicio por derechos de agua- también cuestiona que la agricultura no fuera sometida a evaluación ambiental y cree que el sector debió ser regulado.

La representante de la Dirección General de Aguas, Kattherine Ferrada, señala que el tema se ha inflado demasiado y también advierte que la situación actual pone un freno al desarrollo regional. “Si estamos en medio de un desierto, tú no puedes pretender tener un vergel en toda la cuenca. Llega un momento en que tú alcanzas el tope de tu desarrollo, porque ya los recursos no te dan para más. En este caso, el agua“.

Por ahora la DGA local ha tomado otras medidas, como caducar los derechos de agua provisorios que no habían sido regularizados, lo que ha causado bastante polémica entre pequeños agricultores. Además, Ferrada se ha negado a aplicar la llamada “Ley del Mono del Agua”, una norma que buscaba entregar 2 l/seg. para el riego de pequeñas parcelas, pero que ha sido objeto de abuso por parte de grandes empresas mineras, al punto que hay 500 l/seg. solicitados. Se trata de más del 10% de lo que rellena el acuífero, por lo que la DGA no ha dado curso a las solicitudes. El asunto está siendo analizado por la Contraloría.

Con respecto a la gestión y la fiscalización realizada por la DGA, ésta es bastante deficiente, ya que había sobreotorgado derechos, no llevaba un registro actualizado de sus titulares y ejercía una pobre vigilancia del uso de éstos. Hasta marzo de 2009, sólo había un fiscalizador para todo el valle del Copiapó. Hoy son tres los fiscalizadores. La DGA ha dicho que gracias a esta fiscalización podrían recuperarse hasta 1.000 l/seg. de agua.

La DGA comenzó algunas sanciones y acciones legales durante el 2009 en todo el país por extracciones ilegales. En el valle de Copiapó, se han enviado cinco casos al juez de letras para que se cursen multas: Turismo y Hoteles Cabo de Hornos S.A; Claudio Carmona Espinoza; Agrícola y Comercial Vercelli Ltda.; Frutícola y Exportadora Atacama Ltda. y Cía.; Exploradora y Explotadora de Minas Chilena-Rumania S.A (Coemin). Por considerar que podrían existir delitos, los dos últimos casos fueron derivados además al Ministerio Público y están en etapa de investigación. Paralelamente, se abrieron expedientes de fiscalización a Andina Minerals Chile S.A. y Minera Lumina Copper Chile S.A (dueña del proyecto Caserones).

También existe un enfrentamiento entre la DGA y la Junta de Vigilancia del río Copiapó contra la hacienda Manflas, esto porque dicha hacienda utiliza las aguas de uno de los tres afluentes del Copiapó. “Ellos cortan el río, se lo se adueñan”, acusa Ferrada. A Manflas sólo se le reconocen derechos por 4,7 l/seg., pero la empresa pide que se le regularicen 300 l/seg. que -a su juicio- le corresponden. La agrícola ganó el primer round al conseguir una orden de no innovar que le ha permitido seguir usando el agua. El asunto se ha transformado en una verdadera guerra judicial, pues Manflas se querelló por prevaricación contra dos funcionarios de la DGA, acusándolos de coludirse para perjudicar a la empresa.

El SEREMI de Agricultura, Ricardo Santana, también está preocupado por el fenómeno. “La tierra sin agua no vale nada”, afirma y cree que si Chile quiere ser una potencia agroalimentaria no puede descuidar la agricultura. Al ser los valores del agua cada vez más restrictivos, lo que se produce como efecto es que la propiedad se concentra en unas pocas manos. En términos de distribución de las oportunidades para el desarrollo eso no es equitativo. Por lo tanto la especulación es un fenómeno que no contribuye a solucionar el problema, sino que por el contrario, contribuye a agravarlo, opina Santana.

Posición, acción y propuestas de la comunidad.

Lina Arrieta, una de las directoras de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó, expresa que para trabajar en agricultura en el valle de Copiapó hay que ser valiente, amar la tierra, soportar el tránsito de los camiones, las chancadoras y las tronaduras de las empresas mineras. Hace estas declaraciones parada junto a la cerca del campo de su madre, donde se ven los restos de un antiguo derrame de relave minero que limita con los cultivos de parras. Alrededor están las faenas de Minera Carola, Ojos del Salado y Punta del Cobre. Arrieta es una de las dirigentes más combativas de la zona. En 1992 fue una de las que presionó para obligar a la fundición Paipote a reducir sus emisiones contaminantes; hoy su lucha está concentrada en la defensa del agua. Arrieta y su generación de dirigentes ha constatado cómo el desierto ha ido avanzando mientras algunos vecinos venden sus terrenos a las mineras. “A los copiapinos esta invasión minera debió alertarnos, pero todavía seguimos siendo tremendamente irresponsables“, dice.

Ante la evidencia de lo que se avecina, la ciudadanía empezó a organizarse y a presionar a las autoridades para una solución. Se formó la Coordinadora por la Defensa del Agua apoyada por distintos estamentos sociales que incluyen desde el obispado local hasta la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), pequeños empresarios, agricultores y mayoritariamente ciudadanos comunes. Esta instancia es coordinada por el profesional de la salud Jorge Godoy, y su objetivo es exigir acceso y derechos básicos al agua para la subsistencia de los habitantes de Copiapó.

La Coordinadora se integró hace poco a la Mesa del Agua, donde se trabajan una serie de propuestas. “La posibilidad que hay en esta cuenca es nacionalizar el agua y reasignar los recursos hídricos privilegiando el consumo humano y, segundo, abasteciendo a los pequeños agricultores. Que los proceso industriales trabajen con agua desalada”, dice Godoy.

Lo que preocupa y provoca conflicto en la zona es la continua transferencia de derechos de aguas desde la agricultura a la minería. Rodrigo Moreno Prohens, presidente de la Comunidad de Aguas Subterráneas, es uno de los más críticos. “La minería puede comprar todos los derechos de agua de la agricultura, pero cuando se acabe el mineral, la gente va a tener que emigrar de esta zona porque va a quedar puro desierto”.

La Mesa del Agua es una iniciativa público-privada que institucionalizó un trabajo que distintos actores venían realizando en conjunto36. Pero su trabajo en Copiapó ha sido lento, según reclaman varios de los participantes. A pesar de ello, las propuestas emanadas de dicha instancia empiezan a tomar forma, y las evidencias de la crisis del río Copiapó llegan hasta Santiago. El gobierno central constituyó durante la última semana de junio del 2009, un Comité Interministerial de Política Hídrica, que en su primera sesión analizó la situación de Copiapó, con la participación de la intendenta de Atacama, Viviana Ireland, del Ministro de Obras Públicas (MOP), Sergio Bitar, y las carteras de Medio Ambiente, Agricultura, Minería, Economía, Bienes Nacionales y Energía.

En el marco del trabajo del comité gubernamental, ya se anunció una Reforma Constitucional que declarará el agua como bien nacional de uso público -definición que ya está establecida en el Código de Aguas- pero que al consagrarse dicho estatus a nivel constitucional, puede avanzarse en establecer un nuevo marco legal, que instituya una forma de asignación de derechos y su caducidad, que establezca la gestión integrada de las cuencas hidrológicas y su institucionalidad. La idea es que la suma de ésta y otras medidas evite en otras regiones desastres como el de Copiapó, donde los actores privados han ganado millones de dólares vendiendo derechos de agua que les fueron otorgados por el Estado en forma gratuita y a perpetuidad. El Estado no ha podido detener la sobreexplotación del agua, pues no cuenta con suficientes herramientas legales para hacerlo.

El comité también ha propuesto estudiar la factibilidad de instalar una planta desalinizadora de agua. Hace un par de años distintos actores promovieron esta alternativa, pero la idea se topó con el alto costo que supone su implementación. Por esta razón, el gobierno se encuentra estudiando un modelo de concesión privada en que las grandes empresas actuarían como pool de consumidores. Actualmente la Dirección de Concesiones del MOP está estudiando un modelo de negocios que permita invertir en una planta desalinizadora que alivie la crisis hídrica de la cuenca.

Entre las alternativas, también se ha planteado el trasvasije de agua desde otras cuencas. La primera candidata es Huasco, distante a unos 150 kilómetros al sur, donde se estima que habría capacidad disponible para transportar un volumen razonable a través de un acueducto.

En la Mesa de Agua otros sectores han propuesto la posibilidad de infiltrar líquido al acuífero. Si bien la lluvia en Copiapó es escasa, se calcula que cada década hay un evento de grandes precipitaciones que hace revivir momentáneamente al seco río Copiapó y llena su enorme lecho vacío que se encuentra en el centro de la ciudad. Los atacameños recuerdan con nostalgia el año 1997, cuando cayeron 150 milímetros en la zona, y se vio por última vez correr el río Copiapó hacia al mar. Hoy se calcula cuánta agua dulce se perdió en el océano pudiendo ser recuperada. Por eso, la SEREMI de Agricultura y la Comisión Nacional de Riego están realizando un estudio para contener y/o infiltrar el agua de lluvia al acuífero.

También se está experimentando el bombardeo de nubes en la parte alta de la cuenca del río Copiapó. Aunque no hay resultados definitivos, el SEREMI de Agricultura, Ricardo Santana, asegura que las primeras señales son positivas y que, de tener éxito, el proyecto podría aumentar hasta en un 20% las actuales precipitaciones.

Pero a pesar de reconocerse que la crisis de disponibilidad hídrica en la cuenca del río Copiapó es estructural, las propuestas de soluciones tecnológicas a esta situación son absolutamente insuficientes. La propuesta tecnológica más reiterada para incorporar agua a la cuenca, es la instalación de una planta desalinizadora. Se insiste en que aunque es cara, las mineras tienen utilidades suficientes para financiarla, y se argumenta que si el modelo funciona en Antofagasta, por qué no podría hacerlo en Copiapó.

Sin embargo, de acuerdo al gerente general de la sanitaria local Aguas Chañar, Ramón Cambiaso, en Copiapó las condiciones son un poco más complejas: “Es técnicamente factible, pero el tema son las inversiones”. Explica que actualmente sólo existen vagas estimaciones de costo, por lo que la empresa se comprometió a hacer estudios de prefactibilidad para la instalación de dos plantas, una en Chañaral y otra en Caldera. Ambas ciudades actualmente son abastecidas con agua del valle de Copiapó.

De acuerdo al análisis preliminar realizado por Aguas Chañar, las plantas desalinizadoras requieren una inversión de $21.000 millones y tienen costos operacionales de $3.500 al año. El 70% de estos costos se explican por el consumo energético que exige su funcionamiento; pues hay que elevar el agua a muy altas presiones para que pase a través de una membrana de filtrado. Se calcula que se requiere una potencia de unos 4.000 KVA (Kilo Volts Amperes), que hoy no están disponibles en la región, por lo tanto habría que aumentar la generación eléctrica para abastecer estas plantas.