BHP Billiton amenaza La Laguna y Pampa Lagunilla

Pampa Lagunilla se ubica a mas de 120 km. al este de la ciudad de Iquique, en la comuna de Pozo Almonte, a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar y corresponde a territorios de propiedad ancestral de la comunidad de Cancosa.

Este conflicto enfrenta a la minera Cerro Colorado, filial de BHP Billiton, con la comunidad de Cancosa, debido a la utilización de aguas subterráneas por parte de la minera de forma que el medio ambiente en donde habita la comunidad de Cancosa ha sido gravemente degradado, ya que se han mermado bofedales, pozos de agua y afectado la agricultura y el pastoreo.

Cerro Colorado pertenece a la transnacional BHP Billiton, con sede en Australia e Inglaterra. Sus operaciones a nivel mundial incluyen la explotación de aluminio, cobre, oro, diamantes, petróleo entre otros recursos naturales, que desarrollan en Perú, Australia y África. En Chile tiene sus yacimientos de cobre más importantes en minera La Escondida y Cerro Colorado.

Cerro Colorado tiene una producción anual de 125 mil toneladas de cátodos de cobre de alta pureza y posee una reserva estimada en 192 millones de toneladas de cobre. El agua para sus procesos la obtiene de pozos profundos ubicados en el sector de Pampa Lagunillas, emplazados a 4.200 msnm., y distante unos 50 km. al noreste del yacimiento.

Estas instalaciones de extracción de aguas subterráneas de BHP Billiton en Pampa Lagunilla están localizadas en terrenos de la comunidad de Cancosa, de origen aymara, correspondiente al predio de su propiedad denominado Huantija. Estos territorios de propiedad ancestral fueron declarados Áreas de Desarrollo Indígena, según consta en el Decreto Supremo Nº67, del 8 de marzo de 2001, del Ministerio de Planificación y Cooperación.

Los recursos hídricos de Laguna Lagunillas y las vertientes que afloran en las inmediaciones de este acuífero, alimentan las vegas y bofedales donde la comunidad de Cancosa ha desarrollado sus labores de pastoreo desde tiempos muy remotos. En consecuencia, la comunidad es propietaria de estas aguas, porque ellas están localizadas en sus territorios ancestrales, y también porque han hecho uso ancestral de ellas a través de su afloración en el acuífero Lagunillas, que abarca una amplia extensión de tierras de propiedad y uso de la comunidad.

El proyecto minero Cerro Colorado, filial de la empresa BHP Billiton, obtiene el agua para uso industrial y doméstico desde corrientes subterráneas, mediante 4 pozos de aducción situados en Pampa Lagunilla. El consumo promedio del proyecto es, según la empresa, de

90 litros por segundo. Los derechos de agua correspondientes para dichas faenas, se constituyeron mediante la Resolución Nº425 de la Dirección General de Aguas (DGA), el

15 de octubre de 1982, en la cual se otorgaron 300 litros por segundo. Sin embargo, la empresa constituyó estos derechos por escritura pública y sólo inscribió 35 litros por segundo, cifra inferior a su consumo real.

El conflicto entre la comunidad aymara de Cancosa y la empresa minera Cerro Colorado- BHP Billiton, es por la extracción excesiva de aguas por parte de la minera, la cual tiene inscritos 35 litros por segundo, pero utiliza en realidad 90. En el 2002, la comunidad notó que el nivel de agua de la laguna había bajado y que las 5 vertientes de agua dulce y el bofedal se habían secado.

El patrimonio natural de Pampa Lagunilla es la base que sustenta la actividad turística, la agricultura y ganadería tradicionales de los aymaras de Cancosa. Los daños provocados por la minera Cerro Colorado son tales, que la Dirección General de Aguas (DGA) reconoció

“daño por desecación en casi todo el lugar”, y denunció que “la empresa aplicó un plan para reponer el caudal de la vertiente utilizando una metodología no conocida, que habría provocado la pudrición de gran parte de los bofedales». Así, la situación de Pampa Lagunilla es el prototipo de todos los conflictos por agua entre las comunidades altoandinas y la minería: destruidos sus medios de subsistencia, los pobladores, sin otra opción, tuvieron que abandonar posesiones, contexto cultural y emprendimientos locales, para trasladarse a centros urbanos en busca de trabajos asalariados. Actualmente, de un total de más de 300 integrantes de la comunidad de Cancosa, sólo 10 de ellos permanecen en la localidad, aún cuando colectivamente los demás expresan el interés por regresar.

Este conflicto refleja la competencia por el agua entre la minería y las economías de comunidades indígenas, lo cual sucede en condiciones políticas, técnicas e institucionalmente desmejoradas para los indígenas. Mediante la sobreexplotación de los recursos hídricos, BHP-Billiton redujo los costos de inversión y de operación de la empresa, pero a costa del sacrificio de los recursos naturales y de la economía local, constituyendo este hecho un subsidio falso para sí y un grave e irreversible daño a la sociedad local y una pérdida para la comunidad nacional.

El daño ambiental y la degradación del territorio de Cancosa causado por la compañía minera Cerro Colorado, se originó con la llegada de la minera a dichos territorios y con la oferta de traer desarrollo y generar trabajo para la zona. El año 1981, la empresa y la comunidad firmaron un convenio de arriendo. Pero ya en 1985 los desencuentros entre Cancosa y BHP Billiton comenzaron como consecuencia de las acciones de BHP Billiton para convencer a uno de los comuneros antiguos de vender sus derechos territoriales a la compañía. Ello dio inicio a la desconfianza y a la preocupación de los comuneros de Cansosa.

Posteriormente se sucedieron una serie de irregularidades, entre ellas los análisis de la empresa que en todos sus estudios de impacto ambiental argumentó siempre que la cuenca donde planificaba extraer los recursos hídricos era confinada o cerrada; y afirmando que a 100 metros de profundidad existían bolsones de agua que eran fósiles y no se relacionaban con las lluvias. Ese fue el argumento que la empresa expuso a los antiguos dirigentes aymaras para entender y convencerlos de este arriendo.

La nueva generación de aymaras de Cancosa se propuso en ese entonces hacer un estudio alternativo sobre el funcionamiento de la cuenca. Dicho estudio concluyó que estaban frente a una cuenca abierta y que los niveles freáticos, en la medida que las aguas se extraían, iban bajando, y que ello generaba problemas con las aguas superficiales de la laguna en Pampa Lagunilla.

Este estudio dejo en evidencia que BHP Billiton engañó y se aprovechó de la comunidad, perjudicándola de forma irreversible, pues la empresa arrendó a la comunidad un territorio en donde había agua, vertientes, lagunas y hoy en día no existe nada de eso.

Actualmente ni la empresa, ni el Estado han dado respuesta frente a la problemática, ya que a pesar de la solución propuesta por la empresa de bombear agua para recuperar los bofedales, el daño ya está hecho. Adicionalmente, dado que este es un sistema artificial que no restaura el sistema hídrico, sino sólo riega la superficie, en el momento que la empresa deje de bombear agua para mitigar el secado de los bofedales y la laguna estos se volverán a secar, por lo que el daño a la comunidad en el fondo es irreversible. También es importante agregar los impactos psicosociales provocados sobre la comunidad, por la inseguridad de no saber qué es lo que les espera, en un futuro no muy lejano, y sobre qué sucederá con los derechos de sus descendientes.

El sector de Pampa Lagunilla, actualmente evidencia un grave impacto ambiental. Existe una mancha de agua producto del bombeo de agua desde otro lugar por la minera, pero ya no es un bofedal, sino un área verde producto de la inundación que genera el riego artificial. Los demás bofedales cercanos a Cancosa se secaron producto de la extracción de agua subterránea por la minera, consumándose un impacto ambiental irreversible. Vertientes desde donde antes fluían entre 15 y 18 litros de agua por segundo, hoy en día están secas.

Los actores que se confrontan en el conflicto de Pampa Lagunilla son la compañía minera Cerro Colorado, filial de BHP Billiton; mineras Quebrada Blanca y Doña Inés de Collahuasi que desarrollan faenas mineras y extraen recursos hídricos de la zona. BHP Billiton extrae recursos mineros y obtiene 125.000 toneladas de cátodos de cobre al año. Adicionalmente extrae 90 litros por segundo de agua, desde 4 pozos de aducción, situados en Pampa Lagunilla; situación irregular, ya que significa más del doble de los derechos inscritos por dicha empresa en la Dirección General de Aguas, equivalentes a 35 litros por segundo.

Contra la minera Cerro Colorado está la comunidad de Cancosa, fundada el 7 de noviembre de 1945 y dotada de personalidad jurídica en 1995 de acuerdo con la Ley Indígena de

1993. Cancosa se compone de más de 80 familias, unas 350 personas, en la aldea en plena cordillera de los Andes, a 3.962 metros sobre el nivel del mar. Según el Censo más reciente, en 2002, tan sólo quedan 26 habitantes. Otros 20 indígenas visitan el lugar para cuidar su ganado y sus plantaciones de quínoa (cereal tradicional). Uno de ellos es Antonio Mamani, quien entre el año 1994 y 2000 se desempeñó como subdirector nacional de la CONADI y ha trabajado en Iquique como Secretario Ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá.

El resto de los habitantes de Cancosa ha emigrado a zonas urbanas en busca de trabajo asalariado no cualificado y alfabetización para sus hijos. Pese al despoblamiento y a la disgregación física, la comunidad ha estrechado lazos para defender parte de su territorio, que aspira volver a ocupar.

Han apoyado a la comunidad de Cancosa en su lucha por la defensa de sus aguas y territorios, la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá; el Comando de Defensa de las Aguas de Pica; Jaime Silva Romero, dirigente y abogado de la comunidad; el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales; y el Observatorio Ciudadano.

El conflicto entre la comunidad de Cancosa y PHP Billiton es emblemático de la confrontación entre las comunidades indígenas y las mineras por el agua en la zona norte del país, y también porque es un claro ejemplo de cómo opera la minería en el altiplano chileno.

Relación con el marco jurídico vigente.

El conflicto de Pampa Lagunilla expresa un problema estructural generado por el Código de Aguas de 1981, el cual evidencia que la autoridad, en este caso la Dirección General de Aguas, ha otorgado más derechos de agua de los posibles a explotar. El ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas está sujeto a la disponibilidad hídrica, y diversos informes técnicos han demostrado que en el sector de Pampa Lagunillas no existe tanta agua como la que brotaba cuando se otorgó el derecho. Numerosas pruebas evidencian que el balance hídrico de la cuenca ha variado, como lo muestra además el hecho visible del secamiento de las vegas y bofedales de Pampa Lagunilla. Lo anterior a consecuencia de que la empresa ha estado extrayendo 90 litros por segundo durante varios años degradando los acuíferos de la zona. Esta acción ha provocado una situación de desequilibrio ambiental y alterado el hábitat de la comunidad indígena de Cancosa.

El actual Código de Aguas, vigente desde 1981, permite que el primer interesado en determinado acuífero solicite a la autoridad derechos de aprovechamiento, y obtenga el derecho preferente luego de solicitarlo a la Dirección General de Aguas (DGA). El solicitante debe costear los estudios técnicos (en el caso de Pampa Lagunilla los estudios fueron desarrollados por la Universidad Arturo Prat), la prospección y la visita del personal de la DGA para comprobar la capacidad del acuífero. Si cumple con los requisitos que estipula la ley, los derechos que recibe el solicitante son definitivos. El nuevo dueño del recurso puede venderlos, arrendarlos o utilizarlos directamente; en cualquiera de los casos se beneficia económicamente.

La reforma al Código de Aguas en junio de 2005 impuso el pago de una patente anual si el poseedor de derechos de agua no utiliza el recurso. Esta situación favoreció a las empresas mineras que operan en la zona (Noranda, Anglo American, Mitsui & Co, Falconbridge y la ya mencionada BHP Billiton, las que utilizan el 60% de los recursos hídricos en la comuna de Pica); ello, debido a que aquellas aguas que mantienen los bofedales y demás ecosistemas para la economía local no están protegidas por ningún titular de derechos, y por tanto pueden ser solicitados.

A lo anterior se suma, en el caso de Cancosa, el agravante de que ya no existe el caudal de agua subterránea sobre la base del cual la DGA otorgó el derecho de aprovechamiento por 300 litros por segundo en 1982, y lo que es peor, la sola utilización de 90 litros por segundo, es decir menos de un tercio de esa agua, ya ha causado daños irreversibles. Esto indica que las aguas subterráneas alumbradas no son acuíferos independientes de las aguas superficiales que forman parte del hábitat de la comunidad de Cancosa. En consecuencia tanto la DGA, como la minera BHP Billiton han lesionado gravemente los derechos ancestrales de la comunidad, cuyos derechos de agua están amparados por el artículo 64 de la Ley Indígena; a lo cual debe agregarse la protección del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de pueblos indígenas, vigente desde septiembre de 2009.

Hay que agregar también que el sector de Pampa Lagunilla es un sistema húmedo alto andino que debería en principio gozar, pero no goza, de protección especial a través de la Ley Nº19.145 de 1992, que prohíbe la constitución de derechos a favor de particulares, (en este caso Cerro Colorado S.A.), sobre acuíferos que alimentan vegas y bofedales en la I y II Región. En efecto, esta ley limita la exploración y explotación de aguas subterráneas en zonas acuíferas que nutren vegas y bofedales en estas regiones; y prohíbe la explotación de aquellos humedales delimitados por la DGA y sometidos a protección. Pero este decreto no se ha extendido para proteger los humedales de Pampa Lagunilla.

El Estado a través de la DGA, comenzó una investigación administrativa para verificar los daños provocados en este sector. En el año 1985 a través del ordinario Nº 113, pide a todas las instituciones relacionadas que hagan un informe sobre esta situación. CONAMA también se hizo parte dictando una resolución para que se hiciera una investigación. La DGA y la CONAMA certificaron con claridad, en su estudio, que existen impactos vinculados a la extracción de aguas por parte de BHP Billiton; y que la minera además escondió antecedentes que debió haber puesto a disposición de la autoridad para mitigar estos problemas. Constata en consecuencia, que la empresa incurrió en el incumplimiento de la obligación de informar la ocurrencia del impacto ambiental no previsto. Es decir, la empresa no asumió las acciones necesarias para controlar y mitigar el daño, lo cual trajo como consecuencia la grave afectación del bofedal y el daño ambiental15.

En febrero de 2006, la COREMA volvió a pronunciarse sobre la situación de incumplimiento de BHP Billiton, ante denuncias de la comunidad de que se había provocado una baja de nueve metros en el nivel freático de la zona, y que el ecosistema del humedal estaba dañado. La COREMA reconoce que hay un incumplimiento de la empresa del plan de monitoreo. La minera también reconoció parcialmente que (en relación con las medidas de mitigación) no dio cumplimiento a su obligación de informar sobre impactos ambientales no previstos; y como resultado de ello se constata la existencia de daños ambientales en los bofedales y lagunillas atribuibles a la responsabilidad de minera Cerro Colorado16.

La mayor parte de vegas y bofedales de Tarapacá y Antofagasta están protegidos en virtud de que en 1993 la DGA comenzó a realizar estudios para identificar y ubicar áreas de vegas y bofedales y delimitar los acuíferos que los nutren. Así, en 1996 se dictó la Resolución DGA Nº 909, que delimitó dichos acuíferos, lo que implica que en estas áreas no es posible autorizar exploraciones de aguas subterráneas ni constituir derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, si no se cuenta previamente con una evaluación ambiental favorable. De la Región de Tarapacá al norte quedaron protegidos 139 humedales, con una superficie conjunta de aproximadamente 335 kilómetros cuadrados, equivalentes al 0,5% del total de la superficie de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. En la Región de Antofagasta, en tanto, se protegieron 167 humedales, con una superficie asociada de 2.798 kilómetros cuadrados, equivalentes a 2,22% de la superficie de toda la región. Sin embargo, por razones extrañas, este decreto de protección no benefició a Pampa Lagunilla.

Posición y acción del Estado.

El proyecto de la empresa BHP Billiton en Pampa Lagunilla contó desde su inicio con el respaldo político de las autoridades del gobierno, lo que consta en diversas declaraciones registradas por la prensa de la época. Los argumentos del gobierno para dar ese apoyo, se centraron en el aporte de este tipo de proyectos en la creación de empleos en la zona.

Sin embargo, luego de que la minera provocara los impactos ambientales ya descritos, la Corema de Tarapacá, tras realizar un sumario por incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental, sancionó a la empresa (Resolución Nº26 del 19 de febrero de 2006). Ésta fue condenada a pagar una multa de 1.500 unidades tributarias mensuales (UTM) por concepto de daño ambiental –la cual no ha sido cancelada hasta la fecha. La sanción también obligó a la empresa a cumplir el compromiso establecido en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, y a mitigar los impactos sobre el ecosistema.

Irónicamente, ese mismo año la empresa divulgó a través de la prensa nacional que “tras ser auditada con resultado positivo”, su Sistema de Gestión Ambiental obtuvo la recertificación ISO 14.001 en enero de 2006, normativa ambiental de gran reconocimiento en el mundo. Con ello, ”Cerro Colorado-BHP Billiton ingresó al círculo de empresas y organizaciones cuyo modelo de gestión cumple con los más altos estándares de calidad reconocidos en materias medioambientales”.

El informe de Corema, en tanto, reconocía que la empresa «no respetó la norma medioambiental de proteger el bofedal y la laguna, y ocultó información interviniendo en el lugar con metodologías desconocidas por la DGA, lo que a la larga dañó aún más el ecosistema». La minera se comprometió a reponer el caudal necesario para mantener el «espejo de agua», además de instalar instrumentos de observación para los niveles de agua subterránea y del bofedal. Pero la DGA constató que este compromiso tampoco se respetó. Tanto la vertiente como la laguna estaban secas: «Existe daño por desecación en casi todo el lugar. La empresa aplicó un plan para reponer el caudal de la vertiente utilizando una metodología no conocida, que habría provocado la pudrición de gran parte de los bofedales», dijo la DGA.

A fin de remediar el problema del desecamiento de la laguna, la empresa perforó un pozo para bombear agua hacia ella y mantener la superficie del espejo de agua en 5 mil metros cuadrados. Lo anterior, pese a que variados informes técnicos presentados en casos similares, y a la luz de las experiencias anteriores, muestran que los modelos de mitigación de este tipo son insuficientes. La comunidad ve con preocupación que el modelo aplicado por Cerro Colorado-BHP Billiton, en vez de aliviar las exigencias sobre el acuífero, adicionó una presión adicional al perforar y explotar un quinto pozo para restituir el agua que ha perdido la laguna. Pero la solución terminó por pudrir el remanente de vegetación que quedaba. La minera entonces se comprometió a restaurar el ecosistema, mediante la aplicación continua de este modelo de mitigación hasta la reparación total del hábitat.

Tras un año de alegatos de la empresa, en mayo de 2007 la Corema -integrada por autoridades locales, representantes de la ciudadanía y organismos técnicos- decidió de forma unánime mantener la citada multa, pero en votación dividida, no remitir el caso al Consejo de Defensa del Estado (CDE). La entonces intendenta de la Región de Tarapacá y presidenta de la Corema, Antonella Sciaraffia, fundamentó la decisión en que los «organismos técnicos evaluaron positivamente el sistema de mitigación que la empresa inició en el sector hace un año”, pese a que, paradójicamente,‘éstos votaron a favor de seguir acciones legales. La mayoría necesaria para no requerir la participación del CDE se basó en los votos de funcionarios de gobierno. A su vez, el CDE no respondió la petición directa remitida por la comunidad de Cancosa.

«El principal (resultado del plan de mitigación) es que hay una reactivación de la vegetación en más del 60 por ciento del área del bofedal afectado, además de un aumento en la cobertura vegetal», declaró entonces la minera. «Junto con ello, estamos aplicando pruebas de propagación vegetacional asistida y vamos a evaluar la reubicación del pozo más cercano al bofedal hacia un punto más lejano», complementó la firma. Pero la entonces directora de la Comisión Nacional de Medio Ambiente en Tarapacá, Sandra Peña, explicó que el bofedal se dividió en varias parcelas y que en sólo una de ellas se observa recuperación. Además, puso en duda la efectividad de este «círculo cerrado», dado que esa mitigación del daño implica el riego artificial de las vertientes con agua que la empresa bombea desde el mismo acuífero afectado. «Yo no soy tan optimista como la empresa», declaró.

Por ultimo, en el caso de Pampa Lagunilla, la conexión entre el acuífero superficial y el subterráneo es evidente, según consta en una serie de antecedentes, entre los cuales están el informe del Director Regional de Aguas de Tarapacá al Secretario Ejecutivo de la Corema de Tarapacá (Ord. Nº113 del 7 de marzo de 2005) y el Informe Técnico Nº18/2005 de la DGA de Tarapacá. Estos informes demuestran que el nivel freático del acuífero Lagunillas ha descendido en 8 metros desde que comenzó la explotación de aguas subterráneas por la compañía Cerro Colorado. Los antecedentes mencionados sirvieron de fundamento para la demanda de indemnización por daños y perjuicios que interpuso la comunidad de Cancosa en contra de la empresa el 25 de abril de 2006 en el Tercer Juzgado de Letras de Iquique. En esta acción judicial se reclama que los derechos de dominio de la comunidad sobre sus aguas ancestrales están siendo perjudicados por el uso que hace la minera de los acuíferos subterráneos, lo que ha causado una serie de daños materiales que es necesario resarcir.

Posición, estrategias y acción de la comunidad en torno al conflicto.

La comunidad de Cancosa ha acudido a todas las instancias públicas competentes en busca de salidas institucionales a la situación. Tras reclamar ante instancias administrativas como la DGA y la Corema, recurrió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que éste, en virtud de las facultades que le otorga la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente en su artículo 54, interpusiera una demanda judicial por daño ambiental en contra de la minera Cerro Colorado.

Como el CDE no dio respuesta alguna a su petición, la comunidad de Cancosa presentó dos demandas contra Cerro Colorado-BHP Billiton: la primera, por indemnización de perjuicios a causa de daño ambiental (por US 40 millones), interpuesta el 25 de abril de 2006; y la segunda por reparación de daño ambiental, entablada el 18 de abril de 2007. “En ambos casos judiciales, la discusión de fondo está paralizada por la presentación de recursos dilatorios por parte de la empresa”.

Los abogados de la comunidad señalan que con estas demandas judiciales y reclamaciones administrativas, están poniendo a prueba la institucionalidad chilena en lo que atañe al resguardo de los derechos de las comunidades indígenas, cuyo hábitat está siendo seriamente dañado por la ejecución de proyectos extractivos de recursos naturales en sus territorios. Aunque ambos procesos iniciados por la comunidad pueden demorar hasta 9 años en obtener un fallo definitivo, la comunidad cree que obtendrá una sentencia favorable por la contundencia de los informes de la DGA. Además de la jurisprudencia que se ha sentado en los años recientes en favor de los pueblos indígenas.

La demanda de la comunidad tiene cuatro aspectos: a) la concepción del daño psicosocial a la comunidad en general, dado que la comunidad indígena ancestral considera el desecamiento de aguas, de lagunas, como hechos catastróficos. b) También hay un daño causado al patrimonio de la comunidad, el bien físico: el agua y los bofedales que constituyen parte de su territorio. c) La demanda también incluye el daño moral colectivo a la comunidad; y d) los daños futuros que se van a producir producto de que actualmente BHP Billiton continúa explotando agua, ya que el proyecto Cerro Colorado esta en pleno desarrollo.

Ante la tardanza de la justicia, el 18 de marzo de 2008, la comunidad de Cancosa interpuso una tercera demanda en el Juzgado de Pozo Almonte, comuna en la cual se emplaza el yacimiento minero, pues la empresa ni siquiera ha contestado las otras demandas en Iquique, sino sólo ha presentado recursos dilatorios. A su vez, el presidente de la comunidad, Antonio Mamani, acusó que la empresa “no mantiene separadas las relaciones legales y el Plan de Relaciones Comunitarias. Chantajea a Cancosa con el retiro de los recursos que aporta hoy para desarrollo comunitario; a la fecha ha excluido a Cancosa de sus programas y sólo trabaja con las demás comunidades indígenas”.

Para la CONADI, la relación entre las mineras y las comunidades indígenas ha sido «nefasta», pese a la gran cantidad de recursos que entregan, porque han creado conflictos entre los grupos que reciben apoyo y los que no, generando un cierto grado de «subordinación».

La comunidad de Cancosa no se niega a un acuerdo con la minera para recuperar el bofedal, pero esto depende de la voluntad de la empresa de invertir lo necesario. Piensan conversar directamente con los dueños de BHP Billiton para exponer el caso y no descartan recurrir a instancias internacionales. «Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias por defender nuestros derechos, porque pensamos que el daño es muy grande. Nos ha dañado un patrimonio cultural, la zona ya no puede ser usada como destino turístico. Nuestros padres se han ido con el dolor de haber entregado inocentemente nuestra riqueza», afirma Antonio Mamani, presidente de la Comunidad.

El dirigente ha expresado que la comunidad de Cancosa está en lucha, y la idea es compartir esta lucha con las que desarrollan otras comunidades indígenas en Chusmiza, San Pedro de Atacama, Toconao y Pascua Lama, ya que en definitiva los problemas son similares. Por ello uno de los caminos debería ser conformar una red a objeto de poder ir apoyándose mutuamente para resolver estos problemas de manera positiva para las comunidades. El dirigente Antonio Mamani declara que los indígenas “somos gente de la tierra y vamos a seguir por mucho tiempo en nuestro territorio, y no nos interesa irnos de ahí”.

La comunidad de Cancosa proyecta su resurgimiento económico en base al funcionamiento de un albergue con capacidad para 20 personas, destinado al desarrollo de un circuito turístico. Dicho albergue fue construido en el 2005 por la comunidad gracias a los aportes del Programa Orígenes (de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) y de la minera. La primera etapa de este proyecto -que espera generar trabajo para 6 ó 7 familias, unas 30 ó 35 personas- se desarrolló entre los años 2002 y 2006, y la segunda etapa culmina el 2010.

Las lecciones del desastre ambiental, social y cultural provocado por la minera BHP Billiton a la comunidad de Cancosa, evidencian que frente a conflictos como éste, es necesario redefinir la legislación minera y el Código de Aguas, que inciden en el derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales. Esta propuesta de reforma al Código Minero y al Código de Aguas, ha sido claramente explicitada en las recomendaciones formuladas en 2003 por el Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos y libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen; y también en el informe del Comité de Derechos Humanos del año 2007. Ambos pronunciamientos instan al Estado de Chile a modificar ambos códigos y a resguardar los intereses territoriales indígenas afectados por dichos cuerpos legales, que favorecen la apropiación por terceros de sus recursos, particularmente mineros e hídricos, sustrayendo finalmente todo el territorio del control indígena.

Es perentorio también que la DGA explique a cabalidad la legislación que protege las vegas y bofedales, y actúe en consistencia cuando constata que las soluciones de prevención o mitigación propuestas por las empresas no son efectivamente sustentables. En los hechos, la existencia de bofedales en Pampa Lagunilla no puede depender de que la minera en cuestión bombee agua hacia el lugar. Sobre lo mismo, es necesario que la autoridad compruebe la idoneidad de las metodologías de la Universidad Arturo Prat de Iquique, dadas las consultorías técnicas prestadas a la minera y la falta de estudios independientes sobre el tema.

La inconsistencia de la DGA se relaciona con su incapacidad de proteger los mencionados acuíferos, pese a que las vegas y bofedales, que se nutren de aguas superficiales y subterráneas, están legalmente protegidos desde 1992, ya que sirven de forraje y abrevadero de vicuñas, guanacos, llamas y alpacas, principal sustento de muchas comunidades indígenas aymaras, quechuas y atacameñas.

La comunidad de Cancosa intenta desarrollar, al igual que muchas otras comunidades del norte de Chile, una estrategia fundada en el etnoturismo de control territorial. Sin embargo, ésta se encuentra en riesgo porque la minera está sobre-explotando los recursos naturales que el Estado les había reconocido como propios. Por ello, esta estrategia será infructuosa si pretende revertir la migración de las familias de Cancosa. La autoridad debe garantizar el Estado de Derecho en la zona, esto significa garantizar la compatibilidad entre las actividades que desarrollan los distintos actores en el vulnerable ecosistema andino.

Al igual que los proyectos de etnoturismo, el cultivo de quínoa también se ve afectado por la escasez de aguas generada por la minera. Esta planta tradicional ha sido un importante sustento de Cancosa, pues se trata de un grano de creciente demanda (dado su aporte proteico) y que es posible cultivar en tierras de secano. Para producir en mayor cantidad y calidad, la comunidad necesita seguridad en el abastecimiento de agua, además de asesoría técnica, maquinaria y un plan de comercialización que el Estado puede brindar.

Actualmente la comunidad con apoyo del Estado ha invertido en canalizar el agua y regar las plantaciones. La superficie cultivada actual alcanza apenas unas 20 hectáreas y la producción es artesanal, pero el potencial se calcula en unas 8.000 hectáreas. La CONADI estima que si prosperan estos ejes de desarrollo, podrían volver a vivir en Cancosa unas 100 personas, pues las nuevas fuentes directas de trabajo implican una importante red de empleos indirectos.